Patricia Bullrich valoró este viernes los resultados de la investigación sobre maniobras de narcolavado relacionadas con el narcotraficante peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon.

Desde Buenos Aires, la ministra de Seguridad expuso con un gráfico a los sospechosos de la estructura que fue allanada por la Policía Federal en Rosario y Funes, operativo que arrojó una decena de detenidos y una flota de vehículos, varios de ellos utilitarios, parte del capital de empresas puestas bajo la lupa.

“Se desmanteló completa una red narco con actividades de lavado de activos”, dijo la funcionaria nacional, que puso al rosarino Jorge Antonio Benegas, ex testaferro de Esteban Lindor Alvarado, como el responsable de una célula de lavado de activos al servicio del peruano Granthon.

También mencionó a Fernando Ezequiel Benegas, otro de los detenidos relacionados con una empresa de transporte que “genera lavado de dinero”.

Bullrich nombró uno por uno a los acusados de narcolavado y de ser testaferros del Peruano, quienes tenían el “apoyo logístico” de Yanina Messina –“testaferro y chofer”– y de Marcos Di Marco, siempre según la ministra.

Alvarado y Granthon están en el “régimen de alto riesgo” del Servicio Penitenciario Federal, dijo Bullrich, con duras condiciones de detención e incomunicados. “Esto dejó a esta organización en mejores condiciones de ser detenida”, ponderó.

“Granthon se jactaba de entrar a la Argentina 400 kilos de cocaína peruana por mes, esto dicho por él en un conocido diario; hoy no lo podría hacer porque están prohibidas las entrevistas a los detenidos de alto riesgo”, dijo Bullrich.

Por otro lado, Bullrich insistió con la introducción de la llamada ley antimafia o Rico (las siglas en inglés de la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión).

Y puso de ejemplo a Benegas, que fue condenado a cinco años en 2021 –tras ser detenido en 2019 como miembro de una asociación ilícita– y pronto estuvo en libertad.

“Volvió a hacer lo mismo”, dijo Bullrich sobre las actividades delictivas de Benegas. “Por eso estamos enviando al Parlamento una ley que haga que todos los miembros de una organización tengan la pena máxima”, es decir, que se le adjudique los delitos graves a todos los integrantes de la asociación ilícita, independientemente de quién haya cometido la autoría material.

Tras el asesinato de su esposa, Valeria Nasca, Benegas “se diversificó y buscó a Granthon para seguir con sus acciones criminales”, dijo Bullrich, que prometió sacarle “todos los bienes” a la organización.