El juez de Garantías Carlos Vera Barros avaló las imputaciones a ocho efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) que están acusados de haber mejicaneado alrededor de 15 kilos de cocaína y diversos elementos de valor de un domicilio de barrio Azcuénaga, tras haber privado de la libertad a los moradores, oriundos de Bolivia y Perú en el marco de un procedimiento ilegal el pasado 13 de agosto.
La audiencia se desarrolló este viernes bajo el flamante Código Procesal Penal Federal. Siete de los policías quedaron en prisión preventiva por 90 días. Y un octavo por 30. Los delitos van de la violación de domicilio, robo agravado, falsificación ideológica, asociación ilícita y encubrimiento. Ninguno declaró ante el magistrado.
La imputación a cargo de los fiscales Javier Arzubi Calvo, Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa recayó sobre los suboficiales del tercio “Alfa” de la PAT Fernando F., Gerardo P., Jesús B., Guillermo T., Sergio R., Iván S., y sus jefes, los oficiales Renzo M. y Agustín M.
Todos fueron detenidos o se pusieron a disposición de la justicia a partir del miércoles, luego de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitara una redada en sus domicilios o lugares de trabajo.
La imputación señala que el 13 de agosto a las 16.30 los seis suboficiales arribaron al domicilio de Forest al 5600, y aunque la Fiscalía no arriesga una hipótesis de cómo el grupo de uniformados obtuvo para “marcar” ese domicilio donde se cometieron los delitos, una versión apunta al “apriete” de un detenido en un procedimiento anterior.
Seguidamente, los suboficiales ingresaron a la vivienda, redujeron a los tres adultos presentes, esposando a los dos varones y encerrando en un dormitorio a la mujer con sus dos niños –de 1 y 8 años– y bajo amenazas, violencia y sin testigos realizaron una requisa a fondo inmueble y de los autos de los varones (ambos de nacionalidad boliviana) en búsqueda de droga y de dinero.
Todo transcurrió, indica la Fiscalía, bajo las instrucciones del jefe de tercio, el oficial Renzo M., quien arribó al lugar luego junto con el oficial Agustín M.
Está constatado que el grupo de policías recién notificó a la Fiscalía de Flagrancia a las 18.36, más de dos horas después de haber ingresado.
“En dicha comunicación y a los fines de justificar la presencia policial en el interior de la vivienda, el oficial Renzo M. puso en conocimiento un horario de ingreso, las razones por las cuales estaban allí los patrulleros y el motivo de ingreso absolutamente falso”, dijo la Fiscalía ante Vera Barros.
El pretexto del oficial no fue otra cosa que la típica alegación de un posible delito en curso. El acta refirió tareas de patrullaje, el episodio de persecución policial a “dos masculinos”, la rauda huída desde la vereda hacia la vivienda, el ingreso policial, la aprehensión y el hallazgo arriba de la mesa de todos los elementos que formalmente quedaron secuestrados.
La misma versión fue luego documentada en el acta que suscribieron los seis suboficiales. Esta versaba sobre el hallazgo de una balanza, cuatro armas (viejas escopetas y carabinas), medio kilo de cocaína, cuatro teléfonos (dos destruidos al momento de la aparición policial) y tres granadas de gas lacrimógeno. También consignaron que no había cámaras en las cercanías del lugar.
La teoría de la Fiscalía, a partir de indicios y testimonios, es que los policías robaron mercadería ilícita valiosa, a saber: entre 12 y 15 kilos de cocaína en ladrillos, armas (una escopeta y un fusil, cuchillos), 50 mil dólares, 285 mil pesos, ropa y celulares nuevos y usados.
Todo habría sido trasladado en los mismos móviles en los que realizaron el traslado de los detenidos. Los fiscales citaron evidencias que van desde el recorrido del GPS de los móviles, la escandalosa declaración de los damnificados en el procedimiento, la orden del servicio que indica que los uniformados estaban fuera del cuadrante que les habían asignado, entre otros elementos.
Lo siguiente es una historia conocida. El 15 de agosto Diego I. (41); José Luis L. C. (24) y Perla R. F. (33), oriunda de Perú, comparecieron ante el juez provincial Gonzalo Fernández Bussy por la tenencia de medio ladrillo de cocaína de 509 gramos, una escopeta, una carabina y una tumbera.
Después de la exposición de la defensa, con buen tino el propio fiscal Rodrigo Urritocoechea se sacó el problema de encima y pidió que la causa pase al fuero federal. El juez hizo lugar: declaró la incompetencia y remitió todo a la justicia federal.
Días después, el juez federal Marcelo Bailaque declaró la nulidad del procedimiento de la PAT: la causa no tenía pies ni cabeza y ni siquiera había documentadas maniobras de comercialización por parte de los presuntos narcos, que luego devinieron víctimas. Y el procedimiento ilegal regresó como un búmeran sobre los agentes.
