Los fiscales federales Fernando Arrigo y Federico Reynares Solari pidieron este jueves la prohibición de salida del país y las detenciones de los policías involucrados en la causa donde se investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco en 2014. Las solicitudes fueron realizadas después de que esta semana la Cámara Federal de Casación anulara las absoluciones dictadas en primera instancia a los 17 agentes y a un vecino de la comisaría 7ª, donde estuvo detenido el joven oriundo de Florencio Varela. El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario fijó audiencia para el viernes de la próxima semana.
La petición de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de Rosario alcanza a los policías Diego José Álvarez, Walter Eduardo Benítez, Fernando Sebastián Blanco, Cecilia Rut Elisabet Contino, César Daniel Acosta, Enrique Nicolás Gianola Rocha, Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Belkis Elisabeth González, Ramón José Juárez, Rodolfo Jesús Murúa, Franco Luciano Zorzoli, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar.
En tanto, la prohibición de salida del país solicitada también afectaría a Alberto Daniel Crespo, el vecino que fue investigado por presunto falso testimonio en el marco del legajo.
“Entiendo que la gravedad de los hechos imputados y de las penas solicitadas en su oportunidad, teniendo especialmente en cuenta que las respectivas absoluciones de los nombrados fueron anuladas por la Cámara Federal de Casación Penal, resultan parámetros válidos que permiten presumir que, si luego de esta decisión del Tribunal de Casación resultaren condenados e incluso antes de que dicha condena quedare firme, los imputados intentarán eludir la acción de la justicia”, argumentó Reynares Solari.
La presentación del Ministerio Público Fiscal tiene lugar luego de que el martes pasado los camaristas federales Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Calos Mahiques anularan las absoluciones al hacer lugar a los recursos interpuestos por los fiscales y los querellantes. Con esa decisión, remitió las actuaciones al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento.
Casación sostuvo que las absoluciones fueron “arbitrarias” por no haber valorado correctamente las pruebas y se detuvo en la caracterización de los casos de violencia institucional, que “suelen desarrollarse por fuera de la vista de terceros y procurando la eliminación de todo rastro físico que puedan dejar el suceso”. Agregó que el tribunal de juicio además debió “ponderar la situación del ejercicio de poder detentado por las agencias de seguridad sobre la situación, la escena del hecho y principalmente el control de gran parte de la prueba documental”.
El caso
Franco Casco, de 20 años, llegó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar a sus familiares en barrio Empalme Graneros. Según la acusación, el 6 de octubre, cuando emprendía el regreso a la localidad bonaerense de Florencio Varela, Casco fue detenido por efectivos de la comisaría 7ª. El 31 de octubre, el cuerpo de Casco fue encontrado en las aguas del río Paraná.
Antes del hallazgo, el tomar conocimiento de que Franco no había vuelto, se presentó una denuncia en la comisaría 20ª de Rosario y se inició una investigación por averiguación de paradero. Al día siguiente, su papá viajó hacia Rosario y se presentó en la comisaría 7ª, donde le dijeron que Franco había estado el 6 a la noche, pero le negaron toda otra información.
El 12 de octubre, Elsa fue a Rosario desde su hogar en Florencio Varela para buscar a su hijo. En la seccional 7ª (Cafferata 342), logró hablar con un comisario, pero en la denuncia refirió que mientras el funcionario policial le formulaba un relato bastante extraño sobre el motivo por el cual fue detenido Franco. El responsable de la comisaría argumentó que el joven había sido aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad, que “estaba drogado, como perdido, y que esto lo había corroborado un médico de la policía que lo había atendido”, y que finalmente fue liberado. El fiscal que había intervenido por el Ministerio Público de la Acusación fue Guillermo Apanowicz, por búsqueda de paradero.
Los policías de la comisaría 7ª aseguraron que Casco no había sido detenido el 6 de octubre sino el 7, luego del llamado de un vecino que había alertado por una persona sospechosa cerca de la seccional. Esta versión sostuvo que Casco fue liberado esa misma noche y que los policías nada tenían que ver con la muerte del joven bonaerense.
A fines de octubre, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promovió que la investigación por la desaparición y muerte del joven se desarrollara en el ámbito de la justicia federal.
El 16 de diciembre, el juez federal Carlos Vera Barros aceptó la competencia para intervenir en la causa por la muerte de Franco. Esto sucedería un día después del pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario. Antes, el juez federal Marcelo Bailaque se había declarado incompetente.
Para octubre de 2017, Vera Barros procesó a 30 policías, la mayoría de la seccional 7ª y de Asuntos Internos, ya que consideró que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad no sólo en la muerte de Casco, sino también “en la intencionalidad de esconder u ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición”.
Desde entonces, abogados y familiares de los policías acusados nunca dejaron de asegurar de que se trataba de una "causa armada" y aseguraron que eran inocentes.
