Tres jueces de Rosario evalúan desde este miércoles un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de dos implicados en la denominada "megacausa" por estafa, fraude inmobiliario y lavado por la que en octubre de 2016 fueron detenidos profesionales y empresarios de alto perfil. Fue presentado en una audiencia oral y pública llevada adelante en el Centro de Justicia Penal y se basa en un denominado "criterio de oportunidad", por el cual evitan el juicio y concluyen sin responsabilidad ni antecedentes.
El periodista Hernán Funes informó en el programa Telenoche (El Tres) que el acuerdo involucra particularmente a dos empresarios, quienes dentro de la investigación que salió a la luz en octubre de 2016 e impactó a propios y ajenos –inclusive el gobierno provincial anunció que sería querellante– tenían un grado de participación secundario y sólo en una de las numerosas maniobras investigadas a más de 20 personas. Son Jorge Oneto y Pablo Abdala y el acuerdo es por el "Caso Luppi", un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia despojado a una mujer mediante documentación falsa.
Los imputados habían sido acusados por los fiscales de grado Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot y ya habían atravesado la audiencia preliminar al juicio oral. No obstante, las defensas de ambos, ejercidas por Oscar Romera, Jorge Ilharraescondo y Froilán Ravena, llegaron a un acuerdo con la daminificada y lo presentaron en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Fue entonces el actual Fiscal Regional, Patricio Serjal, el que instruyó por escrito a Narvaja para que rubrique el acuerdo bajo un denominado "criterio de oportunidad", que implica para la Fiscalía no promover o prescindir total o parcialmente de la acción penal, lo que puede –entre otros casos– cuando exista conciliación entre los interesados, y el imputado haya reparado los daños.
Así, tras tres años de investigación y numerosos (y onerosos) recursos humanos e infraestructura destinada, hubo un cambio en la política de persecución de la Fiscalía en este caso en particular a partir de las instrucciones de Serjal. Cuando los fiscales de grado acusaron, en 2017, habían pedido por ellos cuatro años de prisión y multas de entre 36 y 54 millones de pesos. De todos modos, actualmente en el MPA remarcan que el principal objetivo, que era reparar a la víctima, se cumple. Y por ello se ajusta el criterio.
Es que para la titular del inmueble implica la restitución de un campo y un resarcimiento. Para los empresarios, quedar libres de culpa y cargo, sin antecedentes penales. Según trascendió en la audiencia, Oneto destina un resarcimiento en efectivo cercano a los 200 mil dólares, mientras que Abdala desembolsa U$S50 mil y cede el 50% de un departamento y una oficina.
La rúbrica del acuerdo dice de manera textual que la devolución de la propiedad y la reparación económica se hace "sin que ello signifique el reconocimiento de la responsabilidad penal endilgada, ni mucho menos una confesión, o el reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente".
Los jueces Héctor Núnez Cartelle, José Luis Suárez y Hernán Postma dispusieron un cuarto intermedio para resolver.
