El gobierno de Javier Milei incluyó entre sus planes no urgentes discutir la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue aprobada en 2020, aunque el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que hoy el foco está en en la economía. "Es un tema que en algún momento se debatirá", dijo sobre el aborto legal.

Tanto en campaña como en su discurso en el Foro de Davos el presidente se manifetsó claramente contra los feminismos y la legalización del aborto. Esa postura fue reforzada este jueves a través de una nota firmada en Infobae por Rodolfo Barra, actual procurador de la Nación, y Eduardo Menem, padre del titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, quienes manifestaron su esperanza en que duranta la actual gestión de gobierno se derogue la "inhumana" ley de Interrupción Voluntaraia del Embarazo (IVE).

"Hoy no está en agenda. Pero podemos sospechar que efectivamente es un tema que en algún momento se debatirá", dijo ante una consulta específica el vocero Adorni, durante su habitual conferencia de prensa.

"El presidente está enfocado en lo urgentísimo", siguió y argumentó: "Está abocado a evitar la catástrofe y tratar de que estos meses pasen lo más rápido posible".

El gobierno declaró días atrás y a través de un decreto el 2024 como el "Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad" y dispuso que toda la documentación oficial deberá llevar esa frase. Justamente de esta declaración se agarraron Barra y Eduardo Menem para señalar que la derogación del aboerto legar es una "esperanza fundada" en el Año de la Vida.

En campaña, Javier Milei criticó a los sectores que promovieron el derecho a las mujeres de interrumpir su embarazo y los calificó de "personas con el cerebro lavado en una política asesina".

"¿Cómo puede ser un derecho ganado matar un ser humano? Soy militante del pañuelo celeste y mi posición la baso en una cuestión filosófica, biológica y matemática", dijo entonces en declaraciones a la prensa.

Además, cuestionó la implementación de esta ley y resaltó: "Cuando uno construye sobre un principio moral incorrecto, el resultado es inmundo".

La ley 27.610, aprobada en diciembre de 2021, regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar y es de aplicación obligatoria en todo el país.