Entre el lunes y el viernes de la semana pasada se encontraron tres mensajes idénticos en hechos intimidatorios ocurridos en distintos comercios de Rosario. El primero fue hallado en la escena de la balacera contra un minimarket de Francia y Presidente Quintana. El segundo, en el frente de una policía atacada a tiros en Buenos Aires al 4000. El último fue arrojado a una distribuidora de Provincias Unidas al 600 bis, donde no hubo disparos. En todos se menciona al gobernador y también se alude a un presunto jefe de una importante banda narco que está prófugo desde hace un año y medio.
El capo narco nombrado es Brian Walter Bilbao, a quien apodan “Barba”, “Negro” o “Patoruzec”. Está evadido de la Justicia federal desde octubre de 2023, cuando Gendarmería llevó a cabo el operativo “Cosecha blanca” por solicitud de la Procunar y el Juzgado federal Nº 3, donde se secuestraron tres aviones en Campo Timbó y Carrizales. Algunos integrantes de la organización cayeron, pero no son los eslabones superiores de la estructura.
La investigación, en la que intervino la sección de Investigaciones de Antidroga de Gendarmería, expuso el funcionamiento de una presunta estructura que, con sus tres aeronaves, movía cocaína desde Bolivia hasta la zona de Carrizales, para posteriormente distribuirla en la región y en Buenos Aires. Las ganancias obtenidas por la venta narco, según las tareas de campo, fueron a parar a empresas, flotas de taxis, franquicias de medios de comunicación y bares de Rosario.
Los tres aviones que Gendarmería incautó a la presunta organización fueron entregados –mediante una resolución– por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Ministerio de Justicia de Santa Fe en medio de los atentados y crímenes considerados “narcoterroristas” de marzo del año pasado.
Lo curioso de la causa es que, básicamente, permite interpretar a investigadores judiciales que los prófugos recibieron información sobre los operativos que se iban a hacer y entregaron su cadena logística para salvarse.
No es menor que los arrestados hayan sido los colombianos Juan Manuel Gómez Orrego (piloto), Santiago Arbeláez Zapata (ingeniero aeronáutico), José David Hurtado Osorno (mecánico de aeronaves), Wilmer David Bolívar Cano (copiloto y asistente mecánico) y Julián David Correa Posso (asistente mecánico de aviación).
De los eslabones de peso, en los allanamientos de “Cosecha blanca” fueron detenidos Ángel Ramón Narvay, quien está detrás de VyA Digital, una empresa de la comuna de Álvarez dedicada a la colocación de pantallas LED, Mauricio Dardo Aranda, presunto testaferro del jefe de la banda en la titularidad de un auto y en un taxi, Claudio Darío Di Mare, quien fue la cara visible de dos compañías de taxis y remises (Taxideral SRL y Remitaxi SRL). Según se investiga, esas firmas habrían sido adquiridas por la estructura para lavar plata.
Sin embargo, el expediente tiene aún a siete prófugos: Brian Walter Bilbao –presunto jefe de la organización–, su hermano Waldo Alexis Bilbao, Pablo Javier Raynaud, Paola Vanesa Acuña –pareja de Brian Bilbao y presunta testaferro–, Yoel Denis Aragón –hijastro de Brian Bilbao y presunto prestanombres–, Mariano Miguel Zuviría –chofer y asistente del líder de la banda– y Maximiliano Javier Martínez.
En tanto, también está involucrado en la causa Germán Antonio Durán –actualmente, excarcelado–, quien fue gerente comercial de Vórterix Rosario y está sospechado de haber realizado maniobras comerciales en favor de Brian Bilbao –le habría vendido un bar de Catamarca y Cafferata–. Misma situación procesal tiene Tomás Abel González, que se encuentra en libertad después de haberse presentado ante la Justicia para dar respuestas por su posible participación en operaciones desde su agencia de autos J.B. Exclusivos.
Otra persona que aparece es el abogado Pablo Mariano Stradiotto, sospechado de haber “asesorado” a Bilbao en presuntas maniobras comerciales. Ya compareció ante la Justicia federal, recibió la excarcelación bajo el pago de una caución y fue procesado.
En la parte de lavado de activos, la Fiscalía Federal Nº 3, la Procunar y la Procelac hicieron hincapié en las operaciones económicas hechas por la presunta organización –mediante supuestos testaferros– en Vórterix Rosario, Vórterix Mar del Plata; las empresas Remitaxi y Taxideral; compraventa de vehículos a través de la agencia J.B. Exclusivos; venta, armado y colocación de pantallas LED, cartelería, sonido, afiches e impresos para eventos públicos y privados con la compañía VyA Digital; los bares Affascinante Pizzería y Affascinante Rock and Beer, la adquisición, reparación y reventa de maquinaria agrícola, explotación de establecimientos rurales, ganaderos y agrícolas para el cultivo de granos, cereales y oleaginosas; compra, venta, importación, distribución y acopio de materia prima y agroquímicos a través de la empresa Glycine; fabricación de biodiésel y aceite hidráulico; compraventa ilegal de divisas extranjeras; negocios inmobiliarios con la empresa Adelante Broker Inmobiliario; compraventa de materiales de construcción en Ladrillera Rosario; y alquiler mensual de cocheras con lavadero situadas en Pueyrredón al 300 y en Vélez Sarsfield al 700.
