Frontera, una de las localidades con mayor inseguridad en el interior profundo de Santa Fe, fue escenario de los preparativos para la demolición de un búnker de drogas, medida dispuesta días atrás por la Justicia de Rafaela, a raíz de la nueva ley provincial de microtráfico. Temprano este jueves, los funcionarios que se presentaron junto con la Policía de Investigaciones –que había llevado adelante las tareas de investigativas– en el lugar fueron recibidos a tiros. Al ingresar, descubrieron que el aguantadero funcionaba como un espacio clandestino de faena de vacunos robados en la región. Un conocido maleante fue detenido.

A fines de diciembre, a pedido de los fiscales Franco Carbone y Fabiana Bertero, el juez Nicolás Stegmayer autorizó el derribo de dos inmuebles y el bloqueo físico de un tercero, todos vinculados a actos de violencia y al microtráfico de drogas en Frontera (departamento Castellanos). Se trataba de construcciones ubicadas en los barrios San Javier, San Roque y Colegiales (El Eucaliptal), dijo el MPA en un comunicado oficial.

La medida de constatación, previa al derribo, fue realizada por la Policía de Investigaciones Región 5 Rafaela. En un domicilio apartado del casco urbano, ubicado en Calle 80 sin número, en el barrio Eucaliptal, un grupo de soldaditos abrió fuego al notar la llegada de la comitiva oficial, para luego dispersarse entre el campo. La PDI respondió con disparos, pero no se reportaron heridos, informaron fuentes policiales.

En el lugar fue detenido Jorge Ñañez (25), conocido como “Pelu”, quien había sido arrestado en el pasado por varios delitos contra la propiedad y violencia de género, según informaron medios locales. En 2020, “Pelu” fue sentenciado a una pena unificada de cuatro años por once legajos penales relacionados con robos.

Lo que sorprendió a los agentes y funcionarios fue encontrar dos vacunos faenados de manera rudimentaria y sin refrigeración, colgados desde el techo. Más tarde se supo que se trataba de dos vacas lecheras robadas recientemente en un predio de la comuna Bauer y Sigel, a pocos kilómetros de Frontera. Las vacas pertenecían al tambero Juan Carlos Calvo, oriundo de Josefina, cuyo ganado ya había sido víctima de varios casos de abigeato.

Los 700 kilos de carne fueron “desnaturalizados” por el personal municipal de la ciudad de Frontera. Por su parte, Ñañez fue trasladado a la alcaidía de Rafaela por parte de la PDI.

Los restos de los animales cruelmente sacrificados fueron decomisados.