En Santa Fe hay una mujer desaparecida.

La Fiscalía entiende que Paula Perassi obligada a abortar, se muere y su cuerpo resulta inhallable. Su destino fatal, cruel y aberrante, es la razón de ser del juicio oral y público que se desarrolla en el Tribunal Penal por estos días, sin su voz ni su particular gestualidad que acerquen verdad y pongan palabras a esos ojos verdes que interpelan desde los afiches.

Cómo fueron los hechos previos a aquel 18 de septiembre de 2011, que si tenía sexo con su entonces pareja Rodolfo Ortiz o si hacía el amor muchas veces con su supuesto amante Gabriel Strumia –uno de los 9 acusados por el hecho–, o si era una ama de casa que cuidaba a sus dos hijos con esmero, son cuestiones que se han ventilado y que en el marco del debate público se van formalizando a través de alegatos y testimonios.

Sin embargo, en el medio de todas esas cuestiones, un aborto. La interrupción de un embarazo de 6 semanas le habría costado la vida. La teoría del caso planteado por la Fiscalía considera que Strumia y su esposa Roxana Michl, habrían orquestado el sometimiento de la mujer a una práctica perpetrada por la también imputada Mirta Ruñisky, quien asegura una y otra vez que jamás ofició como “partera”. La cuestión es trascendental en medio de un debate nacional que dividió aguas solo hace algunos meses, cuando un proyecto que legalizaba el aborto y lo despenalizaba en ciertas circunstancias fue rechazado en el Senado nacional. Pero es también actual y sumamente vigente, cuando el gobierno nacional prueba suerte con un proyecto de un nuevo Código Penal que mantiene la penalización a las mujeres que aborten, con una condena de uno a tres años de prisión mientras que le otorga al juez la facultad de eximir la pena o dejarla en suspenso.

La clandestinidad del aborto oscurece aún más la desaparición de Paula. Es condicionante y sustento, es un sórdido halo. No se puede desconocer que la ilegalidad de la práctica favoreció y promovió la consecuencia fatal, que Paula está muerta porque cayó en ese pozo que es la ausencia del Estado en los asuntos que importan a las mujeres en su sentido vital. ¿Qué hubiera sido de esta mujer si hubiera tenido opciones seguras? Pero no. Si no la hubieran obligado a frenar el embarazo que estaba en curso de manera brutal, como supone el Ministerio Público de la Acusación (MAP), si hubiera podido elegir, tampoco hubiera tenido la opción de hacerlo legalmente bajo condiciones sanitarias que le garantizaran, por lo menos, seguir viva.

Paula Perassi es el nombre y el apellido de tantas mujeres anónimas que fueron expuestas como hipotéticos casos durante el año pasado cuando se encendieron las discusiones en relación a la legalización del aborto. Es el caso, es el paradigma más conocido y cercano y el comprobante de que efectivamente la ilegalidad de esta práctica a la que recurren muchas mujeres tiene un rasgo mortal.

Mirta Ruñisky está acusada de ser la abortera pero ella niega enfáticamente dedicarse a esta actividad. La verdadera ocupación de esta mujer radicada en Timbúes debería ser una cuestión sencilla si el aborto no arrastrara pactos de silencio. ¿Nadie sabe en esa localidad quién hace efectivamente abortos? ¿Tan difícil es comprobar si una persona ofrece ese tipo de servicios? A todo esto, ¿dónde están los pañuelos celestes que no se indignan por la posible muerte de una mujer desgarrada por la práctica que tanto los ofende?

La esencia del caso Perassi, seguramente, saldrá a la luz durante este juicio que se presume largo y complejo. Mientras tanto, se dejarán oír con fuerza, dentro y afuera de la sala de audiencias, los ruidos del prejuicio que en su fondo exhalan deshumanización.

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