Unidos para Cambiar Santa Fe atravesó las últimas dos semanas las aguas más agitadas que le tocó navegar desde que zarpó hace ocho meses a bordo del gobierno de Santa Fe. La reforma previsional, la primera de fondo de la gestión, puso en juego la dinámica de la alianza que lideran radicales y socialistas.
La coalición entró en debate, contrastó enfoques sobre los instrumentos a utilizar y el alcance de la reforma. A eso se sumó la disconformidad del socialismo por cómo el Ejecutivo llevó adelante el proceso de selección de los tres jueces para integrar la Cámara de Ejecución Penal.
“Entramos en las semanas más agitadas porque son temas muy de fondo, pero vamos encontrando un mecanismo que nos permite encauzar las diferencias que lógicamente existen”, resume un referente de Unidos que se sienta en la mesa de decisiones.
El oleaje intenso no parece haber averiado la coalición oficialista ni torcido el rumbo. El próximo jueves la Asamblea Legislativa aprobará los pliegos de Valeria Haurigot, Horacio Pueyrredón y Mario Guedes. Y el proyecto de reforma previsional que ingresó por la Cámara de Senadores contiene los criterios centrales que trabajosamente acordaron radicales y socialistas. Por lo tanto no es el proyecto del Ejecutivo solamente, sino de Unidos, por lo que si no hay contratiempos, tendrá media sanción en la Cámara alta esta misma semana y de ahí pasará a Diputados para un trámite lo más rápido posible.
La reforma previsional que impulsa Pullaro tiene un argumento central: la provincia destinará más de 400 mil millones de pesos en 2024 a solventar el déficit del sistema que paga jubilaciones y pensiones a agentes del Estado santafesino. Si la reforma se aprobase como se envió, el déficit se achicará en 150 mil millones. La cifra es apenas superior al 30% del déficit que obedece al descalce propio del sistema, mientras que el 70% restante es el dinero que la Nación no paga.
El punto más distante entre radicales y socialistas fue el aumento de la edad jubilatoria que pretendía la Casa Gris para las mujeres. Ante el rechazo del socialismo el debate se saldó con una delegación en el Ejecutivo para aumentar progresivamente la edad hasta igualarla con la nacional sólo en el caso que ésta la modifique.
El proyecto de ley podría incorporar algún cambio en la Legislatura, pero no en las cuestiones de fondo. “Las modificaciones podrán ser de técnica legislativa, para pulir la precisión de algún artículo o aspecto secundario. Lo estructural ya fue acordado. Si los senadores quieren algún retoque lo trabajaremos con ambas cámaras para que sea más sencillo el trámite”, explicó uno de los que estuvo en el punteo artículo por artículo.
El oficialismo se concentró en cerrar un acuerdo interno y asegurar los votos en las dos cámaras. Fuera de cualquier negociación, el Partido Justicialista mostró su rechazo a la reforma, a la que calificó de “innecesaria y que “golpea a los trabajadores”. Para el PJ el déficit proyectado superior a 400 mil millones no implica “una situación excepcional” que amerite declarar la emergencia previsional”. Afirma con razón que el mayor inconveniente es la falta de pago de la Nación y acusa al gobernador de que eligió meterle la mano en el bolsillo a los activos y pasivos en lugar de reclamarle los fondos a la Nación. Esta última parte no se ajusta a la realidad teniendo en cuenta que el actual gobierno ya hizo presentaciones en la Corte contra la Nación por este tema.
La postura de los gremios
El frente sindical tiene que decir su parte. ATE y UPCN mantuvieron hasta aquí una posición prudente y de espera.
Los gremios docentes fueron los primeros en posicionarse en contra porque sostienen que no hay necesidad de reforma. El proyecto de ley mete mano en el régimen especial para los educadores. La edad mínima de 57 años para jubilarse con 30 de aportes se mantiene, pero para quienes estuvieron frente al aula, directivos y supervisores, no para quienes estuvieron de licencias o en funciones especiales, que ahora será a los 60. Se necesitarán 36 años de aportes para alcanzar el 82% móvil. Los 30 actuales permitirán acceder a una movilidad de 76%.
También hay cambios en el régimen especial de policías y penitenciarios que generaron ruido. Al igual que con los docentes frente al aula, en este caso se prioriza a quienes cumplieron tareas de seguridad, a diferencia de administrativos, médicos, entre otros.
Hay otro frente al que hay que prestarle atención: el de los jueces. Si los sindicatos defienden sus intereses con movilizaciones, medidas de fuerza y otros métodos de lucha gremial, los magistrados además tienen la potestad de decidir qué es constitucional y qué no. Ellos son los que pueden trabar la reforma previsional con argumentos legales.
El round judicial
El subsector judicial es el más deficitario de los 14 que componen el sistema previsional santafesino, es decir que hay una diferencia del 50% entre lo que sale para pagar a sus pasivos y lo que ingresa como aporte de activos. La diferencia se paga con aportes de empleados públicos que ganan mucho menos dinero o de los contribuyentes santafesinos. El sistema es solidario, pero en este caso estaríamos ante una solidaridad invertida.
El enojo de jueces y juezas es que como sus sueldos están entre los más altos, serían alcanzados por las alícuotas más gravosas en la escala progresiva de aportes que propone el gobierno. Lo mismo en lo referido al aporte de emergencia.
Hay otro tijeretazo que los alcanza: los nuevos topes que se proponen para las jubilaciones màs altas. El gobierno propone que sea el equivalente a veinte jubilaciones mínimas en lugar de las más de treinta actuales. Eso implica que jubilados del sector judicial –entre otras áreas– que cobran por encima de 10 millones mensuales, a números de hoy percibirían 7 millones.
Pintarse la cara
Jueces y juezas nucleados en el Colegio de Magistrados de Santa Fe se convocaron el viernes a la tarde en el salón de actos de los Tribunales provinciales para “tratar temas de urgente actualidad para nuestro sector”, entre los que destacaban las reforma previsional y constitucional, congelamiento de decretos de ascensos y partidas presupuestarias, y los nombramientos en cargos judiciales, proceso éste último en el que la corporación judicial viene de perder poder.
El plato fuerte fue la invitación a un especialista de renombre en materia previsional que cuestionó de punta a punta la reforma y desplegó un menú de argumentos que suenan a un adelanto de lo que luego se verá en planteos de inconstitucionalidad y otros recursos ante la Justicia. Hay mucho debate jurídico por delante.
La Justicia será territorio de disputa de la reforma previsional, porque sin dudas habrá planteos. Incluso de los mismos jueces. Hay un sendero delicado ahí. La magistratura santafesina acaba de asumir una posición agremiada de rechazo sobre lo que luego deberá impartir justicia. Habrá mucho debate jurídico, pero el posicionamiento gremial puede confundir. ¿Cómo saber ahora si no se terminará usando la Justicia para bloquear una reforma que afecta intereses sectoriales?
La convocatoria de la magistratura reclamó "respeto a la independencia judicial”. Invitó también a la presidenta de la Federación Argentina de Magistrados, el órgano gremial a nivel nacional, para refrendar la resistencia a varias de las reformas que encaró el gobernador. Entre ellas, la modificación del reglamento del Consejo de la Magistratura, que reemplaza el orden de mérito por una lista alfabética entre los concursantes que aprobaron. Para ser puntillosos, no hubo planteos similares cuando se dieron “regresiones” en este mismo sentido en otras ocasiones.
De los jueces de la Corte, la única que asomó las narices fue María Angélica Gastaldi. En el Ejecutivo ven un guiño del sector mayoritario de la Corte a la movida. ¿Se conjugan intereses en contra de un mismo adversario? Los colegios de magistrados hasta ahora nunca se pronunciaron sobre la continuidad de cinco ministros de la Corte en sus cargos a pesar de que han superado todos los límites constitucionales y jurisprudenciales.
En la política se leyó como una demostración de fuerza, un desafío. Los jueces se sienten maltratados por el gobernador y sus funcionarios, niegan tener una posición privilegiada y replican: “Si quieren ver privilegios judiciales miren a los Tribunales de calle Oroño y Entre Ríos”, en referencia a la estratosférica Justicia federal. Como siempre, cada cual tiene su vara para medir los privilegios ajenos.
La Casa Gris dice que una cosa no quita a la otra. Hace cuentas y sabe que la sociedad no se conmueve al ver un montón de jueces juntándose por la "intangibilidad" de sus sueldos (el mismo motivo por el que se autoexceptuaron de pagar impuesto a las Ganancias). Recuerda que la política asumió una postura de ejemplaridad al establecer que los que más ganan más aportan y en particular el personal que desempeña cargos políticos a partir de diciembre de 2023, pagará la máxima alícuota de emergencia (2,77% extra), además del aporte que corresponda, al igual que legisladores y autoridades superiores de ambas cámaras.
Irse o quedarse
La letra de la reforma busca matar dos pájaros de un tiro. El segundo es empujar, vía la reforma previsional, la salida de los miembros de la Corte Suprema que ya tienen el trámite jubilatorio terminado.
No es un artículo a medida, porque comprende a todos los agentes del Estado que hayan obtenido el trámite y lo hayan frenado voluntariamente para activar el cese a su conveniencia. Pero en esa situación están tres de los miembros de la Corte. Según el proyecto de reforma, Marìa Angélica Gastaldi, Roberto Spuller y Rafael Gutiérrez deberían retirarse dentro de los 90 días posteriores a la promulgación de la reforma. Los agentes del Estado que no lo hicieran, vencido ese plazo, deberán iniciar todo el trámite de cero y se jubilarán con los nuevos topes de jubilaciones máximas, un 33% inferiores a los actuales. En dinero de hoy, los que pueden ganar más de 10 millones, pasarían a un máximo de 7 millones.
A salvo de esas disposiciones transitorias previstas en la reforma quedan Daniel Erbetta, el único que no está en condiciones de retirarse, y Roberto Falistocco, que a pesar de que lleva 34 años en la Corte y ostenta 77 años, todavía no presentó los papeles en la Caja de Jubilaciones.
Todo depende de que la ley se apruebe y supere los controles de constitucionalidad, que en última instancia deberán ser revisados por la propia Corte Suprema. Quizás para entonces, la mayoría de los actuales miembros –salvo Daniel Erbetta– haya valorado el último llamado a una excelente jubilación que hace el artículo 48.
¿Y el 82 por ciento?
Otro capítulo que generó polémicas es el de la movilidad jubilatoria. La reforma se pone más exigente para el acceso al 82% móvil. En adelante, quien se jubile con 30 años de aporte, recibirá el 76% móvil en lugar del 82%, porcentaje que quedará para quienes lleguen a los 36 años de servicio.
Hay quienes interpretan que este pasaje afecta derechos adquiridos de quienes aportaron para jubilarse con determinados beneficios y lo perderían a partir de la nueva ley por los cambios en las reglas.
En los fundamentos el gobierno parece adelantarse a esa discusión. Sostiene que “no hay fundamento constitucional” en esos planteos porque la Carta Magna no fija ningún criterio de movilidad jubilatoria, sino que “el poder constituido es el que establece los criterios de movilidad” acorde a los principios de proporcionalidad y sustitutividad.
De hecho, el proyecto diferencia entre ser aportante de un sistema solidario de reparto y el sistema privado. “Esto no es un seguro privado en el que la conmutatividad es una característica central, sino un seguro contributivo, obligatorio, solidario y protector de contingencias que se presentan en la vida”. Entre uno y otro, recuerda, “la relación jurídica es distinta, porque en el privado el individuo es propietario de los fondos acumulados, al punto que son captados por el derecho sucesorio”.
La primera gran reforma de la era Pullaro está en camino. Sorteó las aguas agitadas para asegurarse los votos en la legislatura. La semana próxima será el termómetro para medir la valoración y resistencia que puedan plantear, o no, los gremios estatales, entre el esfuerzo “proporcional” que pide el gobierno (también el Estado incrementa las contribuciones) y el objetivo superior que es darle “sostenibilidad y sustentabilidad” al sistema previsional. Si la mayoría de Unidos pareciera tener garantizado el trámite legislativo, lo que sigue es una incógnita. En esa instancia, habrá que mirar los movimientos en el Poder Judicial.
