“No es que nosotros somos mejores que los que lo intentaron antes, sino que reformar la Constitución es muy pero muy complejo”. Lo dice el presidente del Partido Socialista y jefe de la bancada de diputados Joaquín Blanco, destacado dirigente de una alianza que llegó al gobierno de Santa Fe con más de un millón de votos, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, más de dos tercios de las bancas en el Senado, y alrededor del 80 por ciento de los gobiernos locales.
El próximo jueves es el Día D para la Constitución santafesina. Por primera vez en 62 años una Legislatura está a punto de girar la llave que abre la puerta a una reforma que se intentó en innumerables oportunidades pero siempre fracasó.
El plan es que la ley sea aprobada el viernes en el Senado, donde la supremacía de Unidos le resta cualquier sorpresa al resultado final. La expectativa está en la sesión del jueves en Diputados y si consigue los seis votos que necesita para alcanzar la mayoría especial de 34 que necesita.
Cuatro días a un ritmo infernal separan a Santa Fe de la reforma. Transitarlos, auguran algunos reformistas, no será sencillo. Recuerdan que si fue tan difícil concretar una reforma es porque la actual Constitución es la expresión de un status quo muy afianzado, con instituciones controladas por esquemas y personas de poder que resisten el cambio.
Un fiel reflejo son las versiones sobre un intento, traducido en un borrador de ley que habría circulado hace algunas semanas, de “reforma cerrada”, es decir que condicionaba de antemano a la futura Convención Constituyente a definirse por sí o por no en un acotado listado de asuntos. Es alentador que la mayoría de Unidos y el gobernador no estén en esa línea.
Los puntos críticos
De los seis votos que necesita Unidos, dos los aportarán Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué del Frente Amplio por la Soberanía. El outsider Juan José Piedrabuena es el tercero. La clave son los 3 o 4 que dependen del peronismo y que podría ser del bloque del exgobernador Omar Perotti, que a través de la diputada Celia Arena ya expresó que está dispuesto a acompañar bajo determinadas condiciones y sin reelección para Pullaro y Scaglia.
Si bien hay muchas puntas abiertas en debate, los asuntos críticos a esta hora son tres: la forma de elección de los convencionales, si hay instancias de primarias o no, y el piso de votos que se va a exigir para entrar en el reparto proporcional de bancas en la Convención Constituyente.
Con respecto a la forma de elección, el oficialismo impulsa un esquema de 50 diputados por distrito único y otros 19 por cada uno de los departamentos. Ese esquema, reflejo de lo que es la representación legislativa actual, fortalece la posición de las fuerzas políticas con mayor presencia territorial. El proyecto ingresado por el perottismo esta semana habla de los 69 por distrito ùnico, es decir una sola lista para toda la provincia.
Sobre las primarias, hay distintas opciones en el menú. Una es eliminarlas y que cada partido resuelva cómo arma las listas de constituyentes que competirán el mismo día de la elección general para concejales y comisiones comunales. Otra es mantener el esquema de PASO que rige actualmente. Y una alternativa intermedia sería habilitar una PAS, es decir Primarias Abiertas y Simultáneas, pero no obligatorias, las cuales se convocarían solo para las fuerzas políticas que lo requieran y ese día cualquier ciudadano tiene la opción de concurrir a votar en la interna que desee y elegir la lista de su preferencia.
Por último, el tema del piso de votos arrastra controversias hace tiempo en Santa Fe. Para algunos es proscriptivo de las minorías, pero para otros es necesario para evitar determinado nivel d. representatividad. Todos los sistemas electorales suelen tener un piso. El punto es dónde se pone la vara. El proyecto del perottismo, por ejemplo, la puso muy alta: 3% del total de los electores habilitados en el padrón.
Las reelecciones siempre están en el centro de las reformas constitucionales, en especial las de gobernador y vice. La ley habilitará a que la futura convención trate el tema. Es clave porque la posibilidad o no de reelección de un gobernador no solo implica empoderarlo más o menos, sino que incide directamente en la marcha de las gestiones de gobierno y en los liderazgos propios y opositores.
Son pocos los que defienden la no reelección en cargos ejecutivos, pero la discusión, una vez más estará centrada en si les corresponde a Pullaro y Scaglia que juraron con la anterior Constitución pero la nueva entraría en vigencia durante su mandato.
Aunque hay biblioteca para los dos lados, la gran ventaja de ser la anteúltima provincia en reformar su Carta Magna desde el retorno de la democracia es que esa discusión está saldada fácticamente. Desde el ex presidente Carlos Menem que accedió a un segundo mandato de cuatro años hasta aquí casi todos, sino todos, los mandatarios y mandatarias provinciales que reformaron las constituciones de sus distritos disputaron la reelección en el mismo periodo.
Río revuelto en la oposición
De acá al jueves, es esperable que los opositores a la reforma Constitucional -libertarios, el grupo que lidera Amalia Granata y sectores del PJ- busquen cortar los puentes de diálogo entre Unidos y todo aquel que se le aproxime en busca de sumarse al consenso reformista. El oficialismo tiene la tarea de blindar a esos potenciales aliados y ser generoso en cuanto a cederles su cuota de protagonismo si quiere que a la hora señalada voten a favor.
El principal de esos potenciales aliados es el bloque de Omar Perotti. El exgobernador juega el partido de la reforma constitucional en un registro diferente al resto del peronismo, del mismo modo que lo hizo con la reforma judicial dos semanas atrás. Su condición de exmandatario y el lugar de reconocimiento institucional y como interlocutor que le dispensa la actual administración le permiten enfocarse en discutir e incidir en las reformas de Estado que tiene en marcha la Casa Gris más que en el juego político interno.
Que le gobierno accediera -tras de un intenso debate de Unidos el lunes a la noche en Rosario- al pedido de diálogo del Partido Justicialista y postergase una semana el tratamiento de la reforma oxigenó a su espacio, que era amenazado con la expulsión del partido si los diputados el jueves hubieran votado la reforma.
Las posiciones más duras en ese sentido son las de La Cámpora y los senadores del PJ liderados por el sanlorencino Armando Traferri. Éstos últimos, al no tener juego en el Senado porque el peronismo perdió hasta la capacidad de bloquear los dos tercios del oficialismo, intentan ponerse en valor desde el comando formal del partido, convocando al oficialismo a poner fin a los contactos individuales.
Las posturas en el peronismo son diversas. Algunos directamente rechazan la reforma; otros podrían ser parte de los consensos reformistas, pero esperan a que haya un escenario propicio para desarrollar una posición política defendible, desde su identidad, sin quedar a merced de los más duros que, en plan de disuadir cualquier instancia de diálogo con el Ejecutivo, llevan la palabra “traidores” en la punta de la lengua y por lo bajo agitan la expulsión.
El crítico comunicado sobre la reforma del lunes pasado expresó en buena medida a los más duros, pero no hizo referencia a qué o cómo deben votar los legisladores peronistas. No es un detalle menor: hace mucho tiempo que los partidos perdieron esa capacidad ordenadora, cuyo reflejo es la atomización de los cuerpos legislativos.
Más que un número
Las expectativas están concentradas en la Cámara de Diputados, porque es ahí donde faltan esos seis votos destraban la reforma constitucional. Es paradójico. Justamente la abrumadora mayoría de Unidos en la Cámara alta es lo que le resta protagonismo a sus senadores.
En ese sentido, en un hecho con muy pocos antecedentes, el Senado fue invitado a sumarse al trabajo de la comisión de Asuntos Constitucionales donde entre lunes y miércoles se discutirá el texto definitivo a partir de los nueve proyectos de distintos bloques que tienen estado parlamentario. Así se busca que el texto con media sanción que llegue al Senado sea el acordado de antemano.
El socialismo, que tiene la batuta de la Cámara baja, se comprometió a acordar la redacción de la ley en ese ámbito de comisiones. Una regla que busca garantizar juego a la oposición reformista, pero también a los sectores minoritarios de Unidos, y despejar la sospecha de que a último momento aparezca un texto cocinado en otros despachos con las firmas de comisión cerradas.
Hay una apuesta de los referentes del PS a construir una ley de reforma que refleje acuerdos con sectores relevantes en el escenario polìtico-institucional (como el perottismo) en lugar de apostar a llegar raspando a los 34 votos sumando un diputado de aquí y otro de allá, que hacen número pero le restan masa muscular a un proceso que luego deberá someterse a la voluntad popular en un escenario electoral incierto y donde no parece buen negocio regalarle argumentos y engordar la vereda opositora.
