Un dólar libre con respaldo del FMI: fin del cepo y debut de las bandas cambiarias. Argentina se encamina a un lunes decisivo: por primera vez en años no habrá cepo cambiario. El gobierno de Javier Milei liberó la compraventa de dólares, estableciendo un régimen de flotación entre bandas. A partir del lunes el tipo de cambio oscilará entre un piso de $1000 y un techo de $1400, ajustándose esos límites 1% al mes para ampliar gradualmente el margen.

Dentro de la banda el precio lo fijará el mercado según oferta y demanda, y fuera de ella el Banco Central tendrá libertad para intervenir –comprando o vendiendo divisas– según lo acordado con el FMI. Se terminó además el “dólar ahorro” (el cupo mensual subsidiado para ahorristas) y la mayoría de las restricciones cambiarias: las empresas podrán girar utilidades futuras al exterior y los exportadores ya no deberán liquidar mediante tipos de cambio especiales. Solo se mantendrá por ahora un dólar turista para gastos con tarjeta en el extranjero. En síntesis, la mayor parte del cepo fue removida, marcando el inicio de la “Fase 3” del plan económico de Milei.

El equipo económico asegura que no habrá brecha cambiaria en este nuevo esquema, precisamente por la eliminación de las trabas que alimentaban al mercado paralelo. Confía en que el dólar tenderá a ubicarse en la parte baja de la banda de flotación gracias al ingreso de divisas pactado con el FMI.

En efecto, el gobierno acordó un masivo apoyo financiero: en los próximos dos meses llegarán unos USD 19.600 millones del FMI, otros organismos internacionales y un repo con bancos privados. Es una inyección de reservas para respaldar la transición.

“Con los dólares que llegan, teniendo en cuenta la base monetaria, estaríamos en un tipo de cambio de $650… Con la base amplia, $950. Nos sobran US$15.000 millones” exageran con optimismo en el entorno de Milei.

En la Casa Rosada incluso mencionan temor a una “deflación” si la oferta de pesos sigue cayendo, y repiten convencidos que “esta vez será distinto” –en referencia a intentos fallidos anteriores de estabilización–. En el mercado parecen pensar distinto.

Por las dudas, el gobierno y el FMI dejaron por escrito un plan de contingencia: si hay presiones cambiarias fuertes se endurecerá la política monetaria subiendo las tasas de interés, se aplicará más ajuste fiscal (recorte de gasto) para proteger las reservas, y se podrían frenar o dosificar algunas liberalizaciones (por ejemplo, liberar dividendos pendientes más gradualmente). Es decir, hay un protocolo listo para actuar rápido en caso de volatilidad excesiva.

La medida de liberar el tipo de cambio fue sorpresiva y contrarreloj. En solo tres días se terminó de cerrar negociaciones que llevaron más de un año: hasta los propios ministros del gabinete se enteraron minutos antes de la conferencia de prensa del viernes. Milei, su ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central Santiago Bausili mantuvieron el secreto absoluto para evitar especulación previa. Ese hermetismo también se explica por la delicadeza de la jugada: se adelantó el fin del cepo que originalmente el gobierno quería postergar hasta después de mediados de año.

La dinámica local –con crecientes tensiones cambiarias– y un vendaval internacional (la renovada guerra arancelaria global desatada por Donald Trump que sacudió los mercados) forzaron a acelerar los planes. “Allá por 2018” –rememoran en el oficialismo– Macri falló en contener una corrida y terminó reinstalando controles; Milei quiere mostrar que aprendió de aquel error.

Por eso, se decidió ir a un esquema libre pero con red de seguridad: las bandas acotadas, el colchón de dólares frescos y el respaldo explícito de Washington. De hecho, este lunes visitará Buenos Aires el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien se reunirá con Caputo y Milei en la Casa Rosada.

La presencia de ese enviado de Trump –gestor de una reciente tregua en la escalada de aranceles internacionales– es un gesto de apoyo clave en el debut del nuevo esquema. En el Gobierno apuestan a que la noticia del encuentro con Bessent pese más que cualquier sobresalto con el dólar en esta jornada inicial.

Expectativas frente al dólar: entre la euforia oficial y la cautela del mercado

¿Qué puede pasar con el dólar el lunes? Las visiones difieren. Para el Gobierno, “es irrelevante” lo que ocurra el primer día de flotación. Caputo les bajó el precio a las posibles bruscas subas iniciales: “No nos importa lo que pase el primer día porque estamos convencidos de la sustentabilidad del plan”, aseguró a sus colaboradores. Recordó que “muchos empresarios apostaron a un dólar a $3000 y perdieron”, argumentando que no hay fundamentos económicos para un valor tan alto.

En la city porteña, sin embargo, nadie descarta que el peso sufra un salto devaluatorio significativo de entrada. La consultora EcoGo estima que podría haber un “salto” del 20% o 30% en la cotización oficial, lo que llevaría el dólar posiblemente a testear la zona alta de la banda (cercana a $1300).

En cualquier caso, los técnicos del Banco Central prevén volatilidad inicial: dejarán flotar para “leer” el mercado y solo intervendrán si la cotización se desboca muy por encima de lo previsto. Traducido: creen que el rango establecido es suficientemente holgado y que cuentan con munición de sobra para mantener al dólar a raya dentro de esos límites.

Más allá de la puja entre mercado y gobierno, un dato es claro: a partir del lunes desaparece la brecha cambiaria entre dólar oficial y paralelo. Con el cepo, esa brecha había llegado a niveles superiores al 100%. Ahora, al unificarse prácticamente el mercado, el dólar “blue” dejará de tener razón de ser o debería alinearse muy cerca del oficial.

El propio Gobierno anticipa que la brecha “debería desaparecer en corto plazo”. Esto traerá cierta transparencia de precios e igualdad de reglas: empresas importadoras ya no tendrán que mendigar dólares baratos al Estado ni los ahorristas pagar un sobreprecio en el mercado negro. También implicará que cualquier fluctuación del dólar se sentirá de lleno en la economía real, para bien o mal. Hasta ahora, muchos precios internos ya se basaban en el dólar libre; pero otros (como tarifas reguladas) iban rezagados. Al converger los tipos de cambio, Argentina ingresa en un experimento de “dólar libre” que no probaba desde hacía décadas en contextos de alta inflación. Hay optimismo oficial y entre inversores de que esta unificación terminará con distorsiones y recuperará la confianza, aunque en el corto plazo genere sobresaltos.

Las reformas pactadas: ajustes, privatizaciones y metas

Detrás de la liberalización cambiaria hay un acuerdo más amplio con el Fondo Monetario Internacional, que celebró las audaces medidas de estabilización pero pidió profundizar reformas. El directorio del FMI aprobó el nuevo programa con Argentina el viernes por la noche con elogios a los “impresionantes” resultados iniciales del plan de Milei.

En su informe técnico (Staff Report) proyectó que, tras una recesión estimada de -1,7% en 2024, la economía crecerá 5,5% en 2025 y que la inflación anual bajará a 18-23% para fines de 2025 (desde el 118% anual con que cerró 2024). También calculó un superávit fiscal primario de 1,3% del PBI para 2025. Son pronósticos muy optimistas que asumen que Argentina cumplirá una serie de 11 reformas estructurales clave exigidas por el Fondo. Entre ellas se destacan:

Reforma tributaria para hacer el sistema impositivo más simple, eficiente y equitativo, sin perder recaudación.

Desregulación del mercado eléctrico mayorista, eliminando distorsiones, para atraer inversiones y mejorar la viabilidad del sector energético.

Reforma previsional: presentar al Congreso un proyecto para reformar el sistema de jubilaciones y pensiones, actualmente desequilibrado.

Eliminación de fondos fiduciarios y entes extrabudgetarios ineficientes, salvo el de subsidios de gas residencial, para reducir opacidad y gasto improductivo.

Privatizaciones y concesiones de empresas estatales: publicar informes sobre las compañías incluidas en la Ley de Bases (marco legal para privatizar) junto a un plan claro para vender participaciones estatales al sector privado.

Mejor focalización del gasto social: integrar bases de datos en un registro único de beneficiarios para asegurar que los subsidios lleguen solo a los más vulnerables.

Nueva relación fiscal Nación-Provincias: proponer opciones para reformar el complejo esquema de coparticipación federal de impuestos, buscando más eficiencia y responsabilidad. Algo dificilísimo en un año electoral.

Reglas fiscales más estrictas: enviar un presupuesto 2026 que cumpla la regla de déficit cero y modernizar la Ley de Responsabilidad Fiscal para anclar el equilibrio en el mediano plazo.

Mejorar controles antilavado: reforzar la prevención de riesgos de lavado de dinero transfronterizo, con excepciones basadas en riesgo, para cumplir estándares internacionales y mejorar la reputación financiera del país.

No son tareas sencillas. Muchas implican costos políticos y sociales altos. Por ejemplo, la desregulación eléctrica y la reducción de subsidios significan tarifas más caras para millones de usuarios. De hecho, el gobierno ya se comprometió a quitar los subsidios de luz y gas a los hogares de clase media, dejando la ayuda solo para sectores vulnerables. El nuevo esquema excluirá a unos 3 millones de usuarios de ingresos medios en electricidad, que comenzarán a pagar la energía a precio pleno en forma gradual.

La Secretaría de Energía aclaró que la medida será gradual y se implementará después de las elecciones de 2025, para mitigar el impacto. Aun así, en los últimos meses ya se redujeron escalonadamente los descuentos en las facturas de servicios públicos. Es un anticipo de la pesada factura del ajuste.

Otras reformas están en curso: el Ministerio de Economía anunció un recorte extra del gasto público para lograr un excedente fiscal mayor al pactado. La meta con el FMI era 1,3% del PBI de superávit primario, pero Milei decidió apuntar a 1,6% de superávit este año.

En línea con ese ajuste adicional, el Gobierno viene recortando plantillas del Estado: a fines de marzo no renovó 1.400 contratos temporarios en el Ministerio de Salud.

También lanzó un ambicioso plan de privatizaciones: ya vendió la participación estatal en la metalúrgica IMPSA y llamó a licitación para privatizar tres empresas (Corredores Viales, la ferroviaria Belgrano Cargas y la operadora aeroportuaria Intercargo).

En los próximos días se publicará el decreto para vender la parte estatal de Transener, la empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Esa operación forma parte del “capítulo 1” de la reorganización de ENARSA (energía), donde el Gobierno planea desprenderse de al menos 17 compañías y activos.

El programa con el FMI busca no solo estabilizar a corto plazo sino cambiar la estructura económica de Argentina. El diagnóstico del Fondo es que el país arrastra décadas de bajo crecimiento por problemas profundos. Señala vulnerabilidades importantes: las reservas netas internacionales siguen en niveles “extremadamente bajos”, el país no tiene acceso a los mercados internacionales de crédito y enfrenta pesados vencimientos de deuda en moneda extranjera.

La inflación continúa alta y hay dudas sobre la calidad de los activos del Banco Central. Además, persisten obstáculos estructurales al crecimiento y la competitividad: un sistema impositivo engorroso e ineficiente, una economía aún relativamente cerrada al comercio, y flexibilidad limitada en los mercados laboral y de productos, resaltan. El propio FMI subraya que la situación social es delicada, con 38% de la población en la pobreza y elevados niveles de empleo informal. En criollo: la gente todavía no siente mejora y muchos quedaron atrás.

Impacto en la vida diaria de las personas

El giro económico de Milei –liberar el dólar y ajustar el gasto– tiene consecuencias inmediatas en el bolsillo de los argentinos. La primera es la inflación, que amenaza con recalentarse tras algunos meses de tregua. Marzo ya marcó un Índice de Precios al Consumidor de 3,7%, una luz de alerta luego de la desaceleración lograda a inicios de año.

Con la devaluación del peso frente al dólar (que podría rondar el 20-30% inicialmente), los analistas prevén un rebrote inflacionario: “Probablemente volvamos a ver meses de inflación en torno al 4,5% a 5,5% mensual”, proyectó la economista Marina Dal Poggetto de EcoGo.

Esto significa volver a niveles de quien había logrado bajarla a casi la mitad. Los precios de muchos bienes subirán para reflejar el nuevo dólar. En particular, productos importados o atados al dólar (electrónicos, autos, algunos alimentos) recibirán ese “shock” de costos.

Además, el fin de varios subsidios y anclas tarifarias hará que rubros como electricidad, gas y combustibles –que durante el verano habían permanecido relativamente contenidos– vuelvan a incrementar su peso en el gasto familiar.

El salario real resentirá el impacto al menos en el corto plazo. Los sindicatos ya anticipan que reabrirán paritarias para pedir aumentos más altos que compensen la suba de precios. “Se viene otro golpe al bolsillo de los trabajadores”, resumió gráficamente un ex presidente del Banco Central, aunque estimó que quizá el traslado a precios se frene algo porque el consumo está muy golpeado.

Es decir, los comerciantes e industriales saben que no pueden remarcar indefinidamente si la gente no puede pagar. Aun así, la sensación en la calle es de incertidumbre: las familias hacen números para ver cuánto subirán la comida, los servicios públicos, la cuota del colegio, y por supuesto el dólar. Muchos recuerdan crisis pasadas donde una devaluación fuerte derivó en alza de pobreza. Hoy por hoy, casi 4 de cada 10 argentinos son pobres, y cualquier salto inflacionario sin una red de contención social podría agravar esa estadística. El Gobierno promete reforzar los programas sociales para los más vulnerables (de hecho, planea mejorar la focalización como parte de las reformas), pero a la vez está recortando el gasto, lo que limita su margen de maniobra.

Otro frente es el de las tarifas de servicios públicos, un componente importante del costo de vida. Como mencionamos, la electricidad y el gas para sectores medios tendrán aumentos adicionales al removerse subsidios. Aunque será gradual, ya en los últimos meses se sintió el ajuste. El transporte público también sufrió incrementos. Esto resta poder de compra disponible para otros consumos.

Los comerciantes consultados por Ecos365 temen que en el segundo trimestre caiga el consumo, porque los sueldos corren detrás de la inflación y las tarifas suben. Por ejemplo, supermercados y almacenes anticipan que las ventas podrían resentirse si se disparan los precios de productos básicos y la gente ajusta sus gastos al mínimo indispensable.

En cuanto al empleo, el panorama es mixto. En el sector público habrá menos contrataciones e incluso recortes: la “motosierra” de Milei ya empezó a cortar puestos en el Estado. Esto busca ahorrar dinero fiscal, pero significa también más personas buscando trabajo en el sector privado.

¿Y la empresa privada? Por un lado, las medidas pro-mercado han generado expectativas positivas entre inversores locales y extranjeros: ven la posibilidad de un país más estable donde valga la pena invertir. Algunas firmas anunciaron planes de expansión y se entusiasman con la idea de que “la inflación va a colapsar rápido” y se estabilizará la economía. Si eso ocurre, en el mediano plazo podrían generarse más empleos genuinos.

Sin embargo, por ahora prevalece la cautela: inversionistas y empresarios muestran respaldo e interés por Argentina pero no terminan de concretar operaciones de magnitud. Una vez más, primero quieren ver que el plan funcione –que el dólar encuentre un equilibrio y que la inflación efectivamente empiece a ceder– antes de arriesgar capital en nuevos proyectos. Mientras tanto, la actividad productiva sigue en modo de espera. Algunos sectores como la construcción y la industria automotriz se frenaron en las últimas semanas a la espera de claridad en el tipo de cambio. Podría haber un bajón transitorio de la economía real hasta que las reglas nuevas se asienten.

¿Estabilización a la vista o más tempestad?

Argentina está ante un punto de inflexión histórico en materia económica. El Gobierno juega su credibilidad a todo o nada con este combo de shock liberalizador y ajuste fiscal. A corto plazo, el costo es innegable: una devaluación cercana al 30%, inflación en alza, salarios corriendo de atrás y mayor tarifa de servicios, todo en un contexto social frágil.

La apuesta oficial es que, tras este “sacudón” inicial, llegará la calma y empezarán a verse resultados positivos antes de las elecciones generales de octubre. En otras palabras, Milei sacrifica bienestar presente con la esperanza de un futuro venturoso.

¿Se cumplirá ese pronóstico optimista? El propio FMI cree que sí siempre y cuando el Gobierno tenga la capacidad (y la voluntad política) de ejecutar las reformas comprometidas. Si Milei logra navegar los próximos meses de tensión y evita que la situación se descontrole, para fin de año la inflación podría estar descendiendo fuertemente y el dólar estabilizado dentro de la banda, generando un clima más propicio para los negocios.

En ese escenario, el PBI repuntaría 5% el año próximo y la Argentina podría hasta volver a crecer por encima del promedio regional. La estabilidad cambiaria también permitiría recuperar el crédito interno, bajar las tasas de interés una vez pasado el temblor y así reactivar sectores productivos.

El campo –uno de los motores de la economía– tendría incentivos para liquidar cosechas con un dólar sin cepo, aportando divisas genuinas que refuercen las reservas. Y eventuales inversiones extranjeras (en energía, minería, infraestructura) empezarían a concretarse aprovechando las privatizaciones y aperturas anunciadas. La caída del precio internacional de los commodities producto de la guerra comercial juega en contra.

Sin embargo, los riesgos son considerables. “Persisten importantes vulnerabilidades y desafíos estructurales, en un contexto de mayores riesgos mundiales”, advirtió el FMI, recordando la combinación explosiva de reservas aún exiguas, deuda pesada, sistema impositivo obsoleto y alta pobreza.

Cualquier traspié –un salto inflacionario descontrolado, demora en los desembolsos externos, recrudecimiento de la crisis internacional o inestabilidad política interna– podría hacer descarrilar el plan.

Los próximos tres meses serán críticos: el Gobierno imagina tensión hasta mitad de año y recién luego un panorama más despejado. En ese lapso, Milei contará con el escudo del apoyo de EE.UU. y del FMI para capear las turbulencias financieras, pero enfrentará el juicio de la opinión pública que siente en carne propia el ajuste. En varias provincias ya habrá elecciones locales, como hoy en Santa Fe, que pondrán a prueba el humor social.

En conclusión, Argentina entra en una nueva etapa económica marcada por la volatilidad y la esperanza. El dólar queda librado a las fuerzas del mercado, respaldado por el mayor acuerdo con el FMI en la historia reciente. Se lanzan reformas de amplio alcance que podrían redefinir el Estado y el sector privado.

Los argentinos enfrentan un período difícil de transición, con la vista puesta en una promesa de estabilidad que todavía debe probarse. Habrá que ver si esta vez la audacia de acelerar en la curva –y no frenar–, como le gusta decir a Milei, conduce a la salida del túnel y no a un nuevo derrape. Por lo pronto, el país está en vilo: el lunes habrá un nuevo dólar, y con él, una prueba de fuego para el proyecto económico libertario. ¿Será el inicio de la estabilización tan buscada o apenas la antesala de otra tempestad? Solo el tiempo (y la reacción del mercado) lo dirán.