La lista de Herme Juárez no cumplió los requisitos para poder competir por el control de la cooperativa de estibadores portuarios de Puerto General San Martín, que el 15 de septiembre realizará su asamblea normalizadora.
De esa forma, el viejo cacique sindica. -que manejo a gusto por décadas a la cooperativa y fue artífice de su crecimiento ya que llegó a monopolizar el estibaje portuario del norte del Gran Rosario- quedó fuera de carrera para su futura conducción. Y su salida no está vinculada a su situación judicial -es investigado por asociación ilícita por la Justicia federal- sino a temas meramente burocráticos como no conseguir avales o completar la lista.
Así lo anunció este miércoles el interventor de la entidad, Daniel Sorrequieta, quien le comunicó la resolución 025 al Juzgado Federal número 2 de Rosario, que tiene la intervención de la cooperativa y al Inaes, el organismo nacional que tutela al sector.
Según la resolución a la que tuvo acceso Rosario3, se derogaron la oficialización de dos de las tres listas que se presentaron para competir en la asamblea. Una fue la "Agrupación Sargento Cabral, lista naranja encabezada por Andrés Perezlindo porque encontraron avales de gente no asociada a la cooperativa.
Y en lo que hace a la Agrupación San Martín Lista Verde, que es la encabezada por Juárez no se la oficializó porque no pudo encontrar reemplazante a tres candidatos que manifestaron desistir de estar en la lista. Pero tampoco pudo conseguir un número de socios adherentes que se la avalen equivalente al 10 por ciento del padrón de socios, según la resolución.
De esa forma sólo se oficializó por cumplir con todos las formalidades la lista Miguel Rú encabezada por José Marco, una agrupación opositora a Juárez que tomó protagonismo reclamando la normalización de la cooperativa que está intervenida desde 2019 en el marco de las investigaciones contra Juárez.
En diálogo con Rosario3, el interventor Sorrequieta comentó que en las próximas semanas ajustará todos los detalles para que la asamblea se realiza el 15 bajo todas las condiciones de seguridad. Su idea es tener todo en condiciones para que a fin de mes la Justicia pueda dar por finalizada la intervención. En rigor, el interventor tiene hasta fin de octubre para realizar el traspaso pero apuesta a entregarlo en el plazo que le fijó al Inase, el organismo que lo propuso ante la Justicia para la tarea.
En otro orden, Sorrequieta informó que avanza sin tropiezos el traspaso de los millonarios fondos de la cooperativa que el juez federal Marcelo Bailaque (quien originalmente manejó la intervención y su antecesor en la intervención, Roberto Pasqualino, trasladaron desde el Banco Nación a dos mutuales.
El cambio, que fue argumentado por el mejor rendimiento que ofrecían las mutuales por trabajar financieramente esos depósitos, provocó el rechazo unánime de los estibadores que temían por la seguridad del dinero de su entidad al tratarse de 1.100 millones de pesos que dejaron la seguridad del banco público para fondearse con una mejor renta en dos mutuales con palanca política: Aginco y de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales.
La Cámara Federal ordenó finalmente la vuelta de esos fondos al Banco Nación y por eso Sorrequieta dispuso que automáticamente cada plazo fijo que se vencía (puestos a 30, 60 y 90 días) volviera inmediatamente al Banco Nación. A la fecha sólo faltan que se traspasen 4 plazos fijos por 240 millones de pesos que Sorrequieta confía que para fin de la intervención ya estarán de vuelta en el Banco Nación.
