El ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, le anticipó el martes a productores e industriales del agro que "está firme" la decisión de una nueva intervención estatal en el mercado de granos, con la que dicen buscar garantizar el abastecimiento interno a precios contenidos de maíz y trigo para molinos harineros, avícolas, tambos y ganaderos.
En líneas generales, se trata del armado de fideicomisos, uno para la cadena de trigo y otra para la del maíz, que le permitirá a los compradores industriales alimenticios obtener compensaciones frente al aumento del precio de los granos, recursos que aportarán los exportadores de granos pero que terminarán saliendo del bolsillo de los productores a los que se lo descontarán del precio. Una medida que ayer fue rechazada por el agro.
Mientras que los ministros de Economía y Desarrollo, Martín Guzman y Matías Kulfas, se reunían con los CEOs de las principales alimenticias y de bienes de primera necesidad (como Unilever, Quilmes, Coca, Arcor, La Serenísima, y Molinos) para definir el nuevo acuerdo de precios a entrar en vigencia en los próximos días de febrero, el titular de la cartera agropecuaria se juntaba con los miembros de las llamadas “mesas de maíz” y “mesas de trigo”, que reúnen a todos los eslabones de esas cadenas (productores, acopios, cooperativas, industriales, procesadoes, molinos, exportadores, corredores, Mercados, Bolsa, etc).
El encuentro alternó asistentes presenciales como virtuales y tuvo momentos de tensión. Y no sólo por el rechazo del sector, con los productores a la cabeza, a la nueva intervención sino por el cruce de facturas entre el gobierno y los exportadores de aceites y granos, que ya venían cruzándose en público.
Por caso, el ministro volvió a reprocharle a los exportadores multinacionales el fuerte aumento de las declaraciones de exportaciones (anotadas, no despachadas) que le restan volumen de granos al abastecimiento interno a lo que los representantes del sector agroexportador le respondieron que no miran el pasaporte de las empresas sino si invierten, abonan los impuestos correspondientes y pagan a los productores los granos que compran.
Según pudo saber Rosario3, Domínguez arrancó la reunión confirmando la “decisión política” del gobierno de ir por la intervención vía fideicomiso. Además, dejó en claro que hubo un debate en el gabinete económico, donde una parte de los funcionarios quería subir las retenciones de maíz y el trigo. Y fue ahí que contó que para evitar esa suba y el cierre de exportaciones, se le ocurrió la idea del fideicomiso.
Según los números que presentó, el costo de subsidiar esos alimentos que componen la canasta familiar sería de unos $14.000 millones para adquirir 3,13 millones de toneladas de trigo y 1,5 millones de toneladas de maíz. En un esquema similar al utilizado en el fideicomiso aceitero, el aporte saldría de las exportaciones de ambos productos.
La propuesta generó el rechazo conceptual de toda la cadena, pero a la hora de la práctica concreta la industria molinera dejó la puerta abierta con el argumento de que necesita alguna medida urgente del gobierno porque tiene el precio de la harina pisado desde el 2020 cuando, por el contrario, el costo trigo, su principal insumo, se le disparó. En concreto, los molinos harineros reclamaron o bien que le dejen subir el precio de venta de la harina a panderos y supermercados o le permitan reducir los costos de trigo, y ahí encontró el gobierno la grieta en el frente agropecuario para avanzar con la propuesta del fideicomiso.
Precisamente, hay sectores del agro que ven en el fideicomiso una estrategia para quebrar la unidad dentro de las cadenas productivas. Por caso, en un año el trigo subió el 24% y el maíz el 25%, contra inflación del 50%. Es más, el trigo tiene una incidencia en el precio del pan del 10/15% y, por su parte, el maíz tiene una incidencia del 15% en el precio del pollo. ¿Quién va a bajar un peso al precio del pan y del pollo ante una rebaja que les impacta tan poco?, es la pregunta repetida que sale del agro y que valida la hipótesis de que el objetivo del armado del fideicomiso es más bien político.
Ahora bien: ¿cómo funcionará el fideicomiso privado? Los productores agropecuarios se fueron de la reunión molestos por la falta de precisiones y detalles de la implementación. Según averiguó Rosario3, la Federación de la Industria Molinera (Faim) y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (Cepa) deberá constituir los sendos fideicomisos de trigo y maíz con sus socios interesados en abastecerse.
Pero antes el gobiero deberá tomar una resolución conjunta de Agricultura y de la Secretaría de Comercio Interior que establezca la obligatoriedad a los exportadores de sumarse a los fideicomisos aportando los fondos. De lo contrario, los exportadores ya avisaron que no se sumarían a esos fideicomisos. Una vez salida la resolución que los tornaría obligatorio, Faim y Cepa tendrán 30 días para constituir los respecivos fideicomisos.
“En lo formal, el dinero al fideicomiso para compensar a las industrias lo aportarán los exportadores, pero claramente se nos descontará en el precio a los productores y eso es inaceptable”, le dijo a Rosario3 Carlos Achetoni, titular de Federación Agraria.
