La Comisión Europea, que controla la competencia en el bloque de 27 naciones, sancionó a Google en 2017 por favorecer de forma injusta a su propio servicio de compras sobre sus competidores. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que “desestima en gran medida” el recurso de Google contra esta sanción antimonopolio y ratificó la multa.
La multa de 2.424 millones de euros (cerca de 2.800 millones de dólares) impuesta por los reguladores da cuenta de cómo y qué límites se les puede poner a las gigantes tech. Según la UE, Google "abusó de su masivo alcance en internet para dar una ventaja ilegal a sus propias recomendaciones de compra en sus resultados de búsqueda".
La clave del argumento legal en este y otros casos antimonopolio es el concepto de "autopreferencia": la idea de que una empresa como Google puede infringir la ley antimonopolio utilizando una posición dominante en un mercado (en el caso de Google, la búsqueda) para empujar una mejora en otro aspecto: en este caso, las compras online.
La autopreferencia no es en sí misma una infracción de la ley antimonopolio de la UE, pero sus posibles efectos dañinos, como sofocar mejores productos fabricados por rivales, sí lo son.
La respuesta de Google habría sido que "los anuncios de Shopping siempre han ayudado a las personas a encontrar los productos que buscan de forma rápida y sencilla, y han ayudado a los comerciantes a llegar a clientes potenciales".
"Nuestro enfoque ha funcionado con éxito durante más de tres años, generando miles de millones de clics para más de 700 servicios de comparación de precios", escribieron en un comunicado.
Pero la investigación de la UE halló que Google dirigió injustamente a sus usuarios a su servicio de comparación de precios, Google Shopping, en detrimento de sus rivales. Los reguladores comunitarios pidieron un cambio en la forma en la que ofrece los resultados de las búsquedas en Europa.
La multa forma parte de un esfuerzo de los reguladores comunitarios por mermar el enorme peso del gigante de internet en el continente. A esta sanción le siguieron otras dos, también antimonopolio, impuestas por la Comisión, con un importe total de 8.250 millones de euros (9.500 millones de dólares) que también están recurridas.
