La semana que pasó la Cámara de Senadores volvió a ser el polvorín de la política santafesina. Lejos de arrimar posiciones, legisladores y gobierno profundizaron diferencias. Perotti no estuvo ni está dispuesto a una tregua o encontrar una salida. Enfrente, después de mucho debate interno y sin señales de acercamiento, ganó espacio la posición de los más duros.
El primer round (y ya se aclarará más abajo por qué el término pugilístico) se dio a la hora de corregir el desmedido aumento del impuesto a las Patentes. En su proyecto de ley, el Ejecutivo ponía un tope al incremento y proponía compensar a los municipios coparticipando 3 puntos más de la recaudación del impuesto. La Legislatura acordó por las suyas agregar otros 2 puntos. La historia terminó igual que en diciembre con la Ley tributaria: se aprobó con los votos de todos los diputados y senadores menos los que responden al gobierno. Es de suponer que si la Casa Gris mandó a los suyos votar en contra es porque ya decidió el veto. Eso implica esperar hasta mayo para ver si es rechazado o queda firme.
La escaramuza por las Patentes no es otra cosa que la reproducción del conflicto que gobierno y senadores peronistas disputan por la fidelidad de intendentes y presidentes comunales. “Les molesta nuestra independencia económica, los subsidios, que ayudemos con becas, con el agravante de que es nuestro propio gobernador, al que le pusimos todo para que ganase, el que nos ningunea, nos pisa los fondos de la Cámara, va él o manda funcionarios a las localidades de nuestros departamentos y se nos cagan de risa en la cara, nos saltea, ni siquiera nos invitan a los actos”, repiten los caciques departamentales, que esta semana se propusieron darle de beber de su propia medicina al gobierno. “Si todo pasa por los intendentes y presidentes, entonces hay que ayudarlos con más recursos”. Perotti y su ministro de Economía enfurecieron; el Frente Progresista, que gobierna la gran mayoría de los municipios y comunas, hizo negocio redondo.
El segundo round fue la creación de una comisión con amplias facultades de seguimiento e investigación de fiscales y defensores. No es difícil adivinar sobre qué fiscales ponen la amenaza de un proceso de investigación política los senadores, arrogándose facultades que los emparentan con un suprapoder e ignorando los mecanismos disciplinarios que la Constitución y la ley ya prevén para los funcionarios judiciales. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Gisela Paolicelli, calificó esa comisión como una “obscenidad”. Detrás se sumó el rechazo de los colegios de magistrados. Los jueces se dieron cuenta que se acaba de cruzar una línea en la que también su independencia corre riesgo. En definitiva son ellos los que convalidan imputaciones, tienen la última palabra sobre la libertad de las personas y absuelven o condenan.
En las próximas horas se conocerá una comunicación de la Fiscalía General de la provincia que instruye a los fiscales y fiscales adjuntos no responder en caso de recibir algún requerimiento de información de parte de la comisión conformada por los senadores. La misma se consensuó entre el fiscal general Baclini, los fiscales regionales y la auditora general. Irá acompañada de un duro comunicado de prensa donde además advierte a los senadores sobre las consecuencias penales que puede tener su accionar.
El Senado comete un error estratégico al armar una comisión para investigar a los que investigan y atrincherándose a como dé lugar, asumiendo actitudes que lo asemejan a lo que sus adversarios dicen que es.
No deja de ser problemático que los senadores radicales acompañen de forma acrítica a sus colegas peronistas del NES. Los acuerdos entre distintas fuerzas son legítimos, pero una oposición tiene que poder plantarse cuando la disputa política –en este caso la interna del oficialismo– avanza sobre cuestiones institucionales elementales.
Sin acuerdos a la vista y cuando el único sendero por transitar lleva a redoblar apuestas, el clima de fractura se vuelve irrespirable, al punto que se pierde el respeto entre legisladores. De eso habla el tenso incidente en la reunión de Labor Parlamentaria que protagonizaron el jefe de la bancada de la UCR Felipe Michlig y el senador del bloque Lealtad Marcelo Lewandowski y que por muy poco no llegó a las manos.
El paso del Partido Socialista por el despacho del ministro de Gobierno Roberto Sukerman, en el marco de la ronda de diálogo, dejó algunas certezas. En Santa Fe está descartada la suspensión de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, incluso si se suspendieran a nivel nacional. Entre otras cosas porque la ley ya permite que en aquellas localidades donde ningún frente electoral tenga internas, las Paso no se realicen. A esta altura de las cosas, cuando se habla de la vuelta del público a las canchas y con la campaña de vacunación tomando velocidad, está claro que si el Congreso argentino suspende las Paso no será por la pandemia sino por conveniencia de quienes la impulsen.
Los socialistas llevaron quejas por lo que entienden son las permanentes agresiones del ministro de Seguridad Marcelo Sain hacia la oposición. El gobierno también supo que el PS no acompañará una extensión del mandato de los presidentes comunales de 2 a 4 años si no es vía reforma constitucional. Entiende que la modificación de la Constitución por una ley, por más que haya consenso absoluto, sienta un precedente muy riesgoso. Algo de eso también ve el gobierno, por eso a pesar del entusiasmo inicial y los zoom multitudinarios con los jefes comunales, el proyecto nunca llegó a la Legislatura.
Horas antes del banderazo en contra del gobierno nacional, Patricia Bullrich pasó por Rosario. Además de presentar su libro que usa como excusa para recorrer el país, la presidenta del PRO puso en funciones a la nueva conducción partidaria de la provincia y las 19 departamentales, que tienen a todos los sectores internos adentro menos el de Roy López Molina.
Bullrich va a ser candidata a diputada nacional por Capital en 2021 y pretende disputar con Horacio Rodríguez Larreta la presidencia en 2023. Cualquiera sea el nombre y el año, la ambición de la fuerza política pasa por conducir un espacio en sociedad con la UCR que atraiga a su vórtice todo lo que no es “kirchnerista”, simplifican.
La adhesión orgánica, por primera vez, a un banderazo en contra del gobierno es parte de esa estrategia con la que el PRO intenta reconstruir un escenario de aglutinamiento antikirchnerista como el que le dio la oportunidad de ser gobierno en 2015.
La pregunta que se le plantea al PRO, y por extensión a Juntos por el Cambio, es qué ofrecerle a la sociedad argentina después de lo que pasó con el gobierno de Macri. Más allá de que alguna figura tome vuelo en el futuro, como fuerza política la apuesta se concentra en representar descontentos habidos y por haber, para lo cual los banderazos se mostraron como una herramienta efectiva para ese objetivo. Por el momento es todo.
A la vez, en la pecera de los descontentos también pesca la patrulla libertaria que comandan José Luis Espert y Javier Milei, pero ellos buscan a los descontentos y desencantados con el macrismo. Por ahora pescadores caricaturescos que tiran el anzuelo a la derecha de la centroderecha.
