La posibilidad de un desalojo del tambo La Resistencia en Nuevo Alberdi, tras el cambio de postura de la Corte Suprema de la provincia en los últimos días, desnudó la falta de avances que tuvo un proyecto ambicioso presentado por la Municipalidad en 2016 para urbanizar 490 hectáreas de la zona noroeste de Rosario.
El plan incluía las tierras del tambo de la polémica, pretendido por un grupo de desarrolladores privados en un proceso judicial, pero también las que trabajan ladrilleros y la zona inundable donde viven unas 200 familias.
La propuesta integral de urbanización la dio a conocer la propia intendenta Mónica Fein el 7 de septiembre, tres años atrás, junto a sus entonces secretarios Gustavo Leone y Pablo Javkin (quien será su sucesor desde diciembre).
El Ejecutivo propuso que 230 hectáreas fueran destinadas a una zona residencial. De esas, 20 hectáreas deberían cederse al municipio para conformar 600 lotes y construir 400 viviendas sociales. El resto del lugar, 260 hectáreas que forman parte de la mancha de inundabilidad, serían para una reserva y emprendimientos deportivos, sociales y productivos.
Sin embargo, el proyecto que buscaba ordenar una zona en disputa desde hace años nunca salió de la comisión de Planeamiento del Concejo. Juan Monteverde, edil de Ciudad Futura, una de las partes interesadas, afirmó a Rosario3 que “no hubo acuerdo” con el Ejecutivo y con los empresarios desarrolladores porque se trató de una ordenanza marco que no contenía los proyectos concretos dentro del plan.
“No estaban claros los objetivos y era como un dibujo general pero sin los trazos definidos, que es lo importante. Por ejemplo, no se definieron cómo serían los sistemas de compensación de tierras de cada desarrollo”, explicó Monteverde, integrante de la comisión de análisis.
El proyecto de 2016
“Siempre estuvimos y estamos dispuestos a negociar pero no hubo avances. Uno de los problemas es que hay varios privados en el medio y también hay internas entre ellos”, dijo el concejal de Ciudad Futura, organización que además explota el tambo.
Según el secretario de Gobierno municipal Gustavo Leone, “ese fue un proyecto de ordenanza que tenía mayores exigencias que las normas de urbanización normales en términos de donaciones de lo privados para espacios públicos, para construir parques y calles”.
“Lo más grande estaba acordado y eran diferencias menores las que había pero no hubo acuerdo, principalmente entre Ciudad Futura y el PRO”, dijo y agregó: “Nunca llegó a tratarse en el recinto. Si ese proyecto estuviera aprobado la zona ya tendría desarrollo y el proyecto productivo del tambo estaría resuelto”.
Sobre la posibilidad de reflotar en esta coyuntura una discusión política sobre el uso de esas tierras, Leone afirmó a este medio: “Es un tema que requiere de nuevos debates y acuerdos sobre lo que se espera del futuro de esa zona de la cuidad. Creo que es un tema de desarrollo para los próximos años y deberán tratarlo el nuevo intendente y el nuevo Concejo”.
Camino judicial
La Corte Suprema provincial revirtió la semana pasada la postura que había tomado en 2016 y dejó firme el desalojo del tambo La Resistencia, en Nuevo Alberdi. Ciudad Futura, organización que explota esa unidad productiva junto al tambero Oscar Licera, presentó este lunes un recurso ante la Justicia provincial para frenar el desalojo.
La nueva presentación se basó en leyes provinciales y nacionales que protegen de eventuales desalojos a tierras productivas y de barrios populares.
“Esos derechos son los que hoy están siendo vulnerados por el poder judicial. Son tres las leyes vigentes que explícitamente dicen que el tambo debe quedarse. La ley provincial 13.334 que protege al pequeño productor rural e impide su desalojo. La ley nacional 27.118 que defiende a la agricultura familiar de los despojos y, por último, la recientemente sancionada ley de barrios populares (27.453), que no sólo frena por cuatro años los desalojos de los inmuebles que forman parte del registro confeccionado por esa misma ley, sino que declara a esos lotes de interés social sujeto a expropiación”, señaló Ciudad Futura.
El juicio se inició con una demanda de desalojo de Mario Benito Jáuregui contra Oscar Licera por un comodato que firmaron las partes en 2007. Licera es el hombre que trabaja el tambo hace décadas y que se asoció con el Movimiento Giros (hoy Ciudad Futura).
La presentación de este lunes ante el Juzgado de Circuito N°5 de Stella Maris Bertune (quien había ordenado el desalojo para el 8 de septiembre de 2016 y que frenó la Corte dos días antes) será reforzada con otro recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Santa Fe.
La concejala y abogada del tambo, Jesica Pellegrini, adelantó que si el máximo organismo de justicia de la provincia no hace lugar al reclamo irán en queja a la Corte Suprema nacional.
“La ley de barrios populares tiene alcance nacional y rige para todos los procesos abiertos. Ya se aplicó en otras ciudades y vamos a pedir que la Justicia cumpla la ley”, sintetizó.
