Convocados por el presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador, Miguel Lifschitz, este miércoles se reunieron los legisladores santafesinos por la situación de violencia e inseguridad que atraviesa la provincia, especialmente Rosario, que lleva 20 homicidios en estos 22 días de 2020. Acordaron ocho puntos, entre ellos la “total predisposición a colaborar” con el gobierno de Omar Perotti que puede ser interpretada como una buena señal para la declaración de emergencia que busca el mandatario peronista.

“Existe una total predisposición en todos los bloques políticos para colaborar con el Gobierno Provincial, haciendo llegar propuestas e iniciativas como, asimismo, dándole tratamiento a cualquier proyecto de ley que contribuya a generar herramientas idóneas para enfrentar la situación de emergencia de la violencia y la inseguridad”, señala el punto tres de la declaración que difundieron los legisladores tras el encuentro.

Lifschitz había lanzado la invitación al resto de los diputados por el “flagelo” de la violencia.

Además, los legisladores exigieron una mayor participación del Poder Judicial porque “los problemas de inseguridad no se pueden abordar solamente desde la perspectiva policial”. También pidieron al Congreso de la Nación la sanción de la Ley de Extinción de Dominio “para aplicar a los casos federales, en virtud de los positivos resultados obtenidos en la provincia de Santa Fe”.

La declaración de los diputados, punto por punto

  1. Expresar de manera unánime nuestro repudio a los hechos de violencia sucedidos en nuestra provincia, muchos de los cuales promovidos por organizaciones criminales, que ponen en peligro la convivencia pacífica de los santafesinos y las santafesinas y convocar a los tres poderes del Estado para actuar de manera enérgica y coordinada frente a esta situación.
  2. Que la violencia, el narcotráfico y la inseguridad son fenómenos complejos que tienen múltiples causas y sólo pueden ser abordados con éxito en el marco de políticas de estado, sostenidas en el tiempo, sobre la base de amplios consensos políticos e institucionales.
  3. Que existe una total predisposición en todos los bloques políticos para colaborar con el Gobierno Provincial, haciendo llegar propuestas e iniciativas como, asimismo, dándole tratamiento a cualquier proyecto de ley que contribuya a generar herramientas idóneas para enfrentar la situación de emergencia de la violencia y la inseguridad que se ha producido en la provincia. Asimismo en lo que se refiere al tratamiento de leyes vinculadas a lo social, sanitario y de inclusión.
  4. Que la transformación estructural de la Policía de Santa Fe para convertirla en una institución eficiente, moderna, profesional y democrática es una aspiración compartida por todas las fuerzas políticas.
  5. Que los problemas de violencia y de inseguridad no se pueden abordar solamente desde la perspectiva policial. Que tan importante como la acción policial es la tarea de la Justicia Penal para evitar la impunidad y avanzar en la investigación y el esclarecimiento de los delitos, especialmente los más complejos. Y que, al mismo tiempo la política penitenciaria y post penitenciaria también debe ser considerada como de especial importancia en tal sentido.
  6. Que cualquier política democrática de seguridad que pretenda resultados duraderos de mediano y largo plazo debe incluir también como prioritarias, políticas públicas de inclusión social y laboral, especialmente las dedicadas a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
  7. Solicitar a la Justicia Federal la rápida implementación del sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe y el refuerzo de la estructura de fiscales y personal de apoyo, acompañando las gestiones realizadas por el Gobierno de la Provincia.
  8. Solicitar al Congreso de la Nación la sanción de la Ley de Extinción de Dominio para aplicar a los casos federales, en virtud de los positivos resultados obtenidos en la provincia de Santa Fe