Pedro Castillo fue destituido este miércoles del cargo del presidente de la República por el Congreso de su país. Poco antes el mandatario había dado un mensaje a la Nación en el que disolvió el Parlamento en una decisión que provocó la renuncia de los ministros de su gabinete y que fue denunciada como un auto golpe de Estado.

Inmediatamente después, el Congreso inició otro trámite para una moción de vacancia contra el mandatario que lleva apenas un año y medio en función. 

De inmediato, el presidente del cuerpo, José Williams, convocó para las 15 (17 de Argentina) a una sesión en la que se le tomará juramento a la vicepresidenta, Dina Boluarte.

La audiencia de moción de censura se debía llevar a cabo este 7 de diciembre y Castillo debía responder la acusación que le hace el Legislativo de tener "permanente incapacidad moral" para gobernar, por tercera vez desde que asumió el cargo en julio de 2021.

Sin embargo, antes de cerrar el Congreso, el presidente Castillo había dicho este martes que lo que pretenden quienes impulsan este juicio político en su contra es "dinamitar la democracia y desconocer el derecho de elegir" de lo peruanos, además que querer "sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó".

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En un mensaje televisado, el mandatario dijo que se convocará en la mayor brevedad a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, que elaborará una nueva carta magna en un plazo de nueve meses.

“Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley”, anunció Castillo horas antes de que enfrente el debate de una moción de destitución.

Entre las nuevas medidas anunciadas se encuentran: gobernar mediante decretos de ley; toque de queda a partir de las 22 hora local hasta las 4 de la mañana y reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.