El próximo lunes comenzará el juicio oral y público contra los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe Ana Viglione y Andrés Ignacio Ferrato, acusados por el delito de falso testimonio en la investigación que llevó por primera vez a Los Monos al banquillo de los acusados. El fiscal Aníbal Vescovo ya adelantó que pedirá tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para ambos.
Según la imputación, la por entonces secretaria de Delitos Complejos Viglione y el por entonces subsecretario de Investigación Criminal Ferrato mintieron al declarar ante el juez Juan Carlos Vienna, quien llevó adelante la instrucción de la causa contra Los Monos. Dicha mentira radicó en no admitir que le habían dado la orden al ex comisario Gustavo “Gula” Pereyra de hacer tareas investigativas relacionadas con la venta de droga, ya que en ese momento no tenían competencia para hacerlo.
Pereyra, en ese entonces, era investigado como presunto miembro de la organización. De hecho fue llevado a juicio con el clan Cantero, aunque resultó absuelto luego de que no se pudiera acreditar dicha conexión. Por ese motivo, en el debate oral y público contra los ex funcionarios, los abogados de “Gula” –representantes de la querella– adelantaron que pedirán la pena de cinco años de cárcel y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“Gula”, en el juicio contra Los Monos donde llegó imputado, protagonizó una de las jornadas más calientes cuando brindó declaración ante el tribunal. Afirmó que un sector de la Policía “recaudaba” dinero para el gobierno de Antonio Bonfatti y agregó que quienes estaban a cargo de la División Judiciales de la Unidad Regional II de por entonces pretendían sacarle territorio para la venta de droga al clan Cantero para dárselo al narcotraficante Luis Medina, quien fue asesinado a finales de 2013 junto a su pareja Justina Pérez Castelli.
De acuerdo a lo informado desde la Oficina de Gestión Judicial, los ex funcionarios de Seguridad serán defendidos en el juicio por Alejandra Paolini, del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.
Las fuertes palabras del “Gula” en el juicio
El 28 de diciembre de 2017, en pleno debate oral y público, el ex comisario relató investigaciones hechas –por pedidos hechos por Ferrato y Viglione a través de mails que fueron exhibidos en la pantalla de la sala– sobre búnkeres de Pueyrredón al 2700 y en Cristal al 7200 en Rosario, otra en Granadero Baigorria; sobre el detenido Slawmir Andrzej “Frances” Polus, quien fue detenido por narcotráfico; las construcciones de David “Delfín” Zacarías en San Lorenzo; el terreno de la familia Cantero en Pérez; y la actividad de un narco en Oliveros.
Pereyra remarcó que antes de las caídas de Zacarías, las autoridades policiales ya contaban con las fotos que él había enviado sobre sus bienes y actividades. Es más, enfatizó que dos fotos que él mismo tomó fueron publicadas en un diario local una vez que fue detenido el “Delfín”. Esta declaración contrastó con los dichos de Viglione y Ferrato, quienes habían negado durante la instrucción de la causa 913/12 haber dado órdenes de investigar cuestiones vinculadas al narcotráfico.
“Se me presentó como la cara de la corrupción policial. No tuve comunicación con nadie (según las escuchas de la causa). Nunca hablé por teléfono con (Ramón) Machuca. La primera vez que lo vi fue acá. Solo (está imputado) por informes de esta División Judiciales que encima habla en potencial. Yo no tenía acceso a información, no tenía ni siquiera oficina de trabajo. Sí tenía datos de las macanas que los de Judiciales se mandaban”, comentó.
El comisario agregó que le llamó la atención que la División Judiciales siempre “iba a buscar un prófugo y encontraba un búnker”. “Hacían recaudación. Querían poner a (Luis) Medina y a (Esteban) Alvarado para manejar la zona”, señaló. Esos dichos fueron una suerte de despertador para Leandro Vilches, quien desde el banquillo asintió con su cabeza de arriba hacia abajo y le realizó una catarata de comentarios a Ariel Máximo “Guille” Cantero y a Machuca, como si Pereyra hubiese manifestado algo que ellos querían decir.
“A mi nene lo tuve que cambiar de colegio porque quedó tildado como el «Gulita» por la exposición del apellido en esta causa. Estuve ocho meses preso por ser nombrado y a (Cristian) Romero lo protegen. Metieron preso a un integrante de la División Judiciales como (Germán) Almirón y a Romero no le pasó nada. Se les escapó un delincuente en su división y a Romero no le pasó nada”, expresó.
