La jueza penal de primera instancia Eleonora Verón dará a conocer en la tarde de este miércoles el veredicto del juicio contra los dos ex funcionarios de Seguridad provincial que están acusados de haber mentido en la causa contra la banda Los Monos. Se trata de Ana Viglione, ex secretaria de Delitos Complejos, y Andrés Ferrato, ex subsecretario de Inteligencia Criminal.
A más de seis años de haber sido imputados por el delito de falso testimonio, la resolución de la causa se leerá este miércoles a las 14 en la sala 9 del Centro de Justicia Penal, según la programación de la Oficina de Gestión Judicial.
El fiscal a cargo de la acusación por parte del Ministerio Público de la Acusación ya adelantó el pedido de una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para ambos. Por su parte, los abogados querellantes solicitaron una condena de 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Según la causa, la por entonces secretaria de Delitos Complejos Viglione y el por entonces subsecretario de Investigación Criminal Ferrato mintieron al declarar ante el juez Juan Carlos Vienna, quien llevó adelante la instrucción de la causa contra Los Monos. Dicha mentira radicó en no admitir que le habían dado la orden al ex comisario Gustavo “Gula” Pereyra de hacer tareas investigativas relacionadas con la venta de droga, ya que en ese momento no tenían competencia para hacerlo.
Pereyra, en ese entonces, era investigado como presunto miembro de Los Monos. De hecho fue llevado a juicio junto con el clan Cantero, aunque resultó absuelto luego de que no se pudiera acreditar dicha conexión.
“Gula”, en el juicio contra Los Monos donde llegó imputado, protagonizó una de las jornadas más calientes cuando brindó declaración ante el tribunal. Afirmó que un sector de la Policía “recaudaba” dinero para el gobierno de Antonio Bonfatti y agregó que quienes estaban a cargo de la División Judiciales de la Unidad Regional II de por entonces pretendían sacarle territorio para la venta de droga al clan Cantero para dárselo al narcotraficante Luis Medina, quien fue asesinado a finales de 2013 junto a su pareja Justina Pérez Castelli.
Puntualmente, esa situación se dio el 28 de diciembre de 2017, cuando Pereyra relató investigaciones hechas –por pedidos hechos por Ferrato y Viglione a través de mails que fueron exhibidos en la pantalla de la sala– sobre búnkeres de Pueyrredón al 2700 y en Cristal al 7200 en Rosario, otra en Granadero Baigorria; sobre el detenido Slawmir Andrzej “Frances” Polus, quien fue detenido por narcotráfico; las construcciones de David “Delfín” Zacarías en San Lorenzo; el terreno de la familia Cantero en Pérez; y la actividad de un narco en Oliveros.
Pereyra remarcó que antes de las caídas de Zacarías, las autoridades policiales ya contaban con las fotos que él había enviado sobre sus bienes y actividades. Es más, enfatizó que dos fotos que él mismo tomó fueron publicadas en un diario local una vez que fue detenido el “Delfín”. Esta declaración contrastó con los dichos de Viglione y Ferrato, quienes habían negado durante la instrucción de la causa 913/12 haber dado órdenes de investigar cuestiones vinculadas al narcotráfico.
“Se me presentó como la cara de la corrupción policial. No tuve comunicación con nadie (según las escuchas de la causa). Nunca hablé por teléfono con (Ramón) Machuca. La primera vez que lo vi fue acá. Solo (está imputado) por informes de esta División Judiciales que encima habla en potencial. Yo no tenía acceso a información, no tenía ni siquiera oficina de trabajo. Sí tenía datos de las macanas que los de Judiciales se mandaban”, comentó.
El comisario agregó que le llamó la atención que la División Judiciales siempre “iba a buscar un prófugo y encontraba un búnker”. “Hacían recaudación. Querían poner a (Luis) Medina y a (Esteban) Alvarado para manejar la zona”, señaló. Esos dichos fueron una suerte de despertador para Leandro Vilches, quien desde el banquillo asintió con su cabeza de arriba hacia abajo y le realizó una catarata de comentarios a Ariel Máximo “Guille” Cantero y a Machuca, como si Pereyra hubiese manifestado algo que ellos querían decir.
“A mi nene lo tuve que cambiar de colegio porque quedó tildado como el «Gulita» por la exposición del apellido en esta causa. Estuve ocho meses preso por ser nombrado y a (Cristian) Romero lo protegen. Metieron preso a un integrante de la División Judiciales como (Germán) Almirón y a Romero no le pasó nada. Se les escapó un delincuente en su división y a Romero no le pasó nada”, expresó.
