El juez federal Eugenio Martínez Ferrero, que homologó el pasado miércoles los juicios abreviados por narcotráficos donde resultaron condenados pesos pesados como Ariel Máximo "Guille" Cantero y Julio Rodríguez Granthon, realizó duras críticas en su resolución a los flojos controles a presos que ordenan delitos y a quienes se encuentran con arresto domiciliario. Por el fallo, 23 personas recibieron distintas penas por integrar dos bandas dedicadas a la venta de droga.
El juez del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, en la resolución de 99 páginas, subrayó una cuestión de público conocimiento: que los presos, sean o no de alto perfil, acceden a teléfonos para seguir activos con respecto a la planificación de delitos, que van desde crímenes, robos hasta compra y venta de droga.
Después de ponderar que en medio de la investigación algunos de los condenados siguieron planificando delitos después de haber sido trasladados a otras unidades penitenciarias, el magistrado señaló: "Deja en evidencia la fragilidad de los controles penitenciarios, como de su estructura, que impone la necesidad de trabajar con mayor profundidad los aspectos vinculados con la situación penitenciaria, como también la realizada con los controles post penitenciarios".
El fallo en el que fueron condenados "Guille" Cantero y Rodríguez Granthon, entre otros, tuvo lugar el miércoles pasado. Ese día se llevó adelante la movilización "Rosario Sangra" en reclamo de seguridad y justicia, y el jueves los jueces federales mantuvieron un encuentro con Omar Perotti para abordar la poca cantidad de recursos que tienen para avanzar más rápido en las investigaciones.
"Los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes siempre tienen un contexto parecido y muchas veces se originan incluso dentro del sistema penitenciario. Es decir, dentro del lugar donde el Estado tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las normas para evitar la repetición constante de sucesos con el mismo lugar de origen", agrega Martínez Ferrero.
Dentro del planteo esbozado, añadió que la situación no se debe centrar en "cómo se resuelven los casos" sino en la prevención y el control penitenciario y post penitenciario para "neutralizar los sucesos delictivos que se cometen de modo sistemático, más allá del lugar de detención de los acusados".
Venta de droga con tobillera electrónica
El juez puso como ejemplo el caso de Gisela Vanesa Boccuti, miembro de Los Monos y pareja de Leandro "Gordo" Vilches –dos de los 23 condenados– para ejemplificar que incluso condenada por narcotráfico y con tobillera electrónica realizaba tareas para la banda con respecto a la venta de estupefacientes desde Nochetto al 1100, en inmediaciones del mercado de productores.
"Resulta curioso que la Justicia federal de Rosario no tenga todavía ningún organismo de control para monitorear la situación de personas sometidas a vigilancia electrónica o la supervisión de las personas liberadas mientras transitan su período de prueba", resaltó el titular del Tribunal Oral Federal Nº 2.
Además, insistió: "El programa de asistencia de vigilancia electrónica, opera de manera distante y carece de una infraestructura eficaz y suficiente para la provisión de pulseras, circunstancia que se aprecia de manera cotidiana en otros casos sometidos a juzgamiento".
El juez ejemplificó que dos de las personas condenadas en la investigación, Vilma Liliana Roda y Yamila Belén Toloza, ni siquiera tenían tobillera electrónica pese al pedido efectuado desde el Poder Judicial. "Se alega la carencia de dispositivos o que sus situaciones no se adecúan al protocolo establecido por autoridades administrativas, quienes pasan a ejercer el señorío de quién lleva pulsera y quién no", concluyó en duros términos.
"Guille" Cantero, un caso testigo
El basamento de las críticas del juez Martínez Ferrero puede encuadrarse en un caso testigo: el del líder de Los Monos, que tiene 33 años y está preso desde junio de 2013. Hasta el momento acumula ocho condenas –entre el fuero provincial y federal– por un monto de pena de 96 años y 8 meses de prisión, y tiene causas abiertas por imputaciones por crímenes, extorsiones e instigaciones de balaceras.
"Guille" Cantero cometió más delitos en prisión que fuera de ella. Pasó por las unidades penitenciarias de Piñero, Coronda, Resistencia (Chaco), Rawson (Chubut), Ezeiza y Marcos Paz (Buenos Aires). En todos los establecimientos penitenciarios ordenó delitos, de acuerdo a las investigaciones provinciales y federales.
En la cárcel de Coronda se le encontró un teléfono fijo desde el que monitoreó en vivo un fallido secuestro extorsivo que se llevó a cabo en la zona oeste de Rosario, por el que resultó condenado posteriormente.
También se le halló un teléfono fijo en su celda de Marcos Paz en dos oportunidades mientras era juzgado por siete instigaciones de balaceras a domicilios de jueces, policías y edificios judiciales, todos cometidos en 2018.
