El silencio es atronador. El vacío no puede hacer más ruido. Es el símbolo de la resignación, de la impotencia del Estado y del desamparo de una población que se siente indefensa. Mientras tanto, no solo los precios y el dólar suben: hay más homicidios, más balaceras, más extorsiones, más miedo. Es decir, peor calidad de vida.
Debería ser llamativo pero en realidad ya no sorprende. La única expresión pública del gobierno provincial ante el nuevo recrudecimiento de la crisis de la seguridad pública –con una seguidilla de ataques extorsivos y homicidios, entre ellos el de la vecina de la zona del Parque del Mercado que fue a acompañar a su hija, la profesora de danzas árabes que quedó gravemente herida, a tomar el colectivo– fue un breve video que envió a los medios el ministro de Seguridad, Jorge Lagna. No, no llamó a conferencia de prensa, nada de preguntas que puedan resultar incómodas. Desde ese día, el lunes, hubo otros tres asesinatos.
Lagna no hace más que seguir los lineamientos de la Casa Gris. ¿Cuánto hace que el gobernador Omar Perotti no habla públicamente de la violencia que atormenta a los rosarinos? Prácticamente desde principios de mayo, cuando también ante una ola de homicidios no tuvo más remedio que incluir en su agenda este tema que, claramente, lo incomoda.
Lo hizo en el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias de la Legislatura y luego ante dos instancias de las que no fue protagonista exclusivo: una entrevista con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y la reunión con jueces federales de todo el país que se realizó en la Facultad de Derecho de Rosario, encabezada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De ambos encuentros surgieron anuncios. Algunos se cumplieron –la llegada de fuerzas federales y la conformación de un comando único de las mismas– y otros tienen una mora que ya resulta inexplicable, como la habilitación del nuevo destacamento de Gendarmería en la zona noroeste, la sanción de una ley para mejorar la raquítica estructura de la Justicia federal en Rosario y la creación de una nueva agencia para coordinar tareas contra el narcotráfico de la que habló el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti.
La sensación es que solo fueron puestas en escena que montaron los distintos estamentos del Estado para desmentir otra sensación, la que impera en la calle, entre las víctimas en particular y la ciudadanía en general: la inacción y la falta de un plan; la resignación.
Ahora ya ni eso parece quedar. No hay más fotos ni promesas. El Estado hace silencio y la administración que prometió “paz y orden” pone el foco en otra agenda, en la que claramente el gobernador se siente más cómodo: la de la defensa de los intereses económico-productivos de la provincia.
Pareciera haber en esa actitud una admisión: la de la derrota definitiva ante el avance del delito. Lo que a su vez hace crecer el sentimiento de desamparo de una población que también se siente impotente.
En este panorama desolador, sí se escuchó en estos días la voz de familiares y amigos de las víctimas, empeñados en sostener el reclamo de protección y justicia frente a una realidad que pone en riesgo el sistema de convivencia urbana.
“La sangre caída aquí es la nuestra, de nuestros vecinos, de nuestros hijos y no la de los políticos que solo ven lo que ocurre por la televisión”, fue una de las quejas que se escuchó en la movilización de los vecinos de la zona del Parque del Mercado que reclamaron justicia por el ataque que mató a una mujer de 58 años y dejó malherida a su hija.
