“Habrá un despliegue muy fuerte de obras de aquí en más. Muchos nos preguntan cuál es la marca que va a dejar el gobierno en Rosario, cuál va a ser la obra; y son estas las obras”. La frase la pronunció el gobernador de la provincia Omar Perotti el miércoles a la mañana durante el anuncio de un importante plan de obras de infraestructura para Rosario y Funes con financiamiento en parte provincial y en parte federal.
El párrafo desliza un intento de modificar el contrato electoral con la ciudad que le permitió llegar a la Casa Gris. Rosario lo votó con un mandato excluyente: porque estaba harta de la violencia y la inseguridad, y él se construyó como candidato a ese fin.
Él mismo escribió la letra de ese contrato electoral que una mayoría de rosarinos suscribió. Más aún, para ganar el voto de una ciudad que le era esquiva sacrificó a un segundo lugar producción y trabajo, los dos temas que son la marca identitaria sobre la que construyó su carrera política desde los orígenes en la Rafaela natal, y se dedicó a hablar de seguridad, a prometer lo que Rosario y sus alrededores necesitaban oír.
Endureció su tono y su rictus. Acertó con el consultor político que lo dotó de un eficaz y contundente eslogan publicitario. Tan eficaz que nadie lo olvida. Un verdadero bumerán.
Tres años después aquel candidato sugiere la activación de una cláusula de rescisión que el contrato electoral original no incluía. La obra pública está muy bien porque el déficit de infraestructura y mantenimiento es otro problema que arrastra la ciudad. Pero la seguridad es la demanda número uno muy lejos. Así aparece en todas y cada una de las encuestas que se hacen en esta región. Aun así vale aclarar que los números de inversión púbica del Estado provincial (gastos de capital) en relación al Producto Bruto Geográfico siguen bastante abajo de 2006 y 2017, que son los dos años pico desde que comenzó el milenio. Crecieron en 2022, pero siguen debajo incluso del año de que asumió la actual gestión.
El estampido de las balas en el frente de Televisión Litoral por segunda vez en un mes; la repetición de ataques armados a la cárcel de zona oeste y la sede del Servicio Penitenciario en Rosario el miércoles a la noche; y los tiros contra un local comercial en un lapso de un par de horas volvieron a desafiar la capacidad de asombro de la ciudad. En especial en el ataque a Televisión Litoral, por la exhibición de ninguneo a la presencia policial apostada en el lugar.
Sin embargo no es novedad esa capacidad de fuego y desafío de algunas de las bandas criminales. Ha pasado en otros periodos de gobierno con edificios judiciales y la casa de un ex gobernador que también disponían de custodia policial. El problema está, empezó a instalarse desde finales de los años 90 y dio un fenomenal salto de escala en violencia y capacidad de fuego, económica y logística una década después.
Lo que ocurre con la actual gestión es que fue depositaria de un “basta” de la sociedad santafesina. En especial la rosarina, que incluso cedió el control de la provincia a un núcleo de poder político de otra geografía en detrimento de un candidato de la ciudad, algo que no es sencillo que ocurra. Para que el análisis no quede rengo debe señalarse que el triunfo de Perotti también se cocinó al calor del desgaste de 30 años de gobiernos socialistas en la ciudad, un candidato oficialista marcado por las internas y la desconfianza de un sector del electorado, y la unidad del peronismo santafesino.
Saquemos de lado si el otro candidato hubiera hecho las cosas mejor porque es contrafáctico. Lo concreto y relevante aquí es que el pueblo le dio el voto a este gobernador con las premisas que el propio rafaelino construyó a partir de una demanda desesperada. Ese “sacrificio” que hizo la ciudad en pos de un cambio en el estado de cosas, hoy no está siendo retribuido con gestión, resultados y presencia del gobierno.
En el tercer año de gestión pasan cosas que eran inimaginables cuando empezó. La más fatal y evidente es que la tasa de homicidios dolosos empeoró no ya comparada con la gestión anterior sino con el récord de 2013. Es decir en materia estadística la actual gestion ya no debate con la del ex ministro Maximiliano Pullaro, sino con la de hace diez años del ex ministro Raúl Lamberto.
La dinámica de cambios permanentes, tanto en las estructuras de conducción política de la seguridad como en la policial y penitenciaria vuelven inviable cualquier plan sostenido en el tiempo.
Lo cierto es que desde hace tiempo la actual administración se sumergió en una política “salgamos del paso como podamos”, en un tobogán zigzagueante –desde el ex ministro que ahora está imputado en la Justicia por espiar y operar contra quienes lo incomodaban, al actual que no se le conoce la voz– muestra al gobierno sin plan, equipo ni rumbo. Una gestión falta de acción y reacción, circunscripta a lo policial como toda respuesta (salvo casos puntuales) y de escasa coordinación con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación.
Como buen contador, el gobernador reinvidica la inversión en equipamiento policial y penitenciario, pero eso es lo que hacen todos los gobiernos. El chiste era cambiar lo cualitativo. Cuando le preguntan por eso la tira a las nubes: “La seguridad es un problema estructural de Santa Fe, viene desde hace muchos años, no se resuelve de la noche a la mañana”, dijo el viernes. Nada distinto a lo que esgrimían sus antecesores, con la diferencia de los años y vidas transcurridas.
Para compararlo con la Nación y la eterna crisis económica: el gobernador no encontró un Sergio Massa que agarrara el fierro caliente. Massa lo hizo no sólo por sus ambiciones y para hacerse cargo de su propio destino, sino porque como accionista del Frente de Todos entendió que de nada sirven los capitanes sin barcos. Alberto Fernández primero lo resistió, pero luego cedió, no está claro si por imposición o convicción, pero Massa se hizo cargo y está.
Con la seguridad en el gobierno provincial sucede algo similar. Perotti tampoco tiene un Massa en su círculo íntimo, pero por su forma de conducción política tampoco le va a abrir el juego a otro peronista que no esté dispuesto a ser su empleado político, porque lo contrario significaría ceder poder.
¿El peronismo santafesino no tiene un Maximiliano Pullaro que levante la mano y se ofrezca a cruzar las llamas para salir empoderado? A fines de 2015 Lifschitz encontró la fórmula perfecta: un radical quería hacerse del área más difícil, si le iba relativamente bien era ganancia propia y un potencial aliado político en la vida interna del Frente Progresista; si le iba mal el mayor costo quizás lo pagaran los radicales. Pero Pullaro agarró el fierro caliente en el inicio de la gestión y termino siendo el único ministro que duró los cuatro años del gobierno, entre otras cosas porque cuando las cosas se pusieron feas y tambaleó estuvo la espalda del gobernador para bancarlo.
En contraste, la actual gestión no sólo acumuló decepciones en tres años, sino que tiene apenas seis meses antes de las elecciones que sellarán su destino. Y lo que quiera hacer lo debe hacer con una Policía con más problemas que nunca. Lo de la Policía de Santa Fe “es insostenible”, dijo el intendente Pablo Javkin en las últimas horas.
Los gobiernos no han sido todos iguales, pero ninguno logró dar un giro en la conducción de las políticas de seguridad del Estado. Claramente no es tarea de un solo gobierno, pero el problema es que en medio de la emergencia parece que los que vinieron a apagar el fuego no solo no acertaron sino que avivaron llamas.
El caso Perotti, tanto el candidato como gobernador, debería ser un aprendizaje también para la actual oposición, que antes fue gobiernos y se entusiasma con volver en 2023. La promesa liviana, la frase hecha y repetida mil veces como una fórmula de éxito, el voluntarismo debería ser una experiencia superada. Lo que viene debe tener una idea clara, un plan reformista en serio, lo que implica que debe ser realista y viable política y socialmente, y cimentar en una plataforma más ancha que el oficialismo de turno. De lo contrario el fracaso de hoy se repetirá mañana.
