Estos días, la política de Santa Fe es como una gran operación a corazón abierto, que demanda tiempos extensos pero imprecisos, con muchas manos interviniendo y un sinnúmero de frentes de riesgo por cuidar.
El corazón son las reformas previsional, constitucional y judicial. En un segundo plano, pero no menos vital, se juega el capítulo de lo que Maximiliano Pullaro poner “orden en el Estado”.
En este capítulo entran desde los prestadores privados de Iapos, el ausentismo en el Estado y las empresas públicas, hasta los costos de la obra pública y el manejo de las cárceles y la calle.
El negocio de la salud privada con el estado
Después de “poner en caja” a los prestadores médicos y a la gerenciadora de medicamentos a la que le compra Iapos, los anestesistas que prestan servicio montaron un efímero conato de rebelión. El ministro de Economía, Pablo Olivares, abordó el conflicto con la misma lógica que con los médicos que cobran plus, a los que advirtió que les cabe fraude fiscal. En una remake de la frase “pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, el mensaje es que si les pagan poco por atender afiliados a la obra social discutan con quien les paga, pero no le carguen la culpa ni al afiliado ni al Estado. Teléfono para la Asociación Médica y los demás gremios profesionales.
Olivares les advirtió a los anestesistas que si cobraban la prestación de forma directa, Iapos les reintegraría el importe al afiliado, pero lo descontará del valor que le paga a la gerenciadora, que es con quienes los anestesistas tienen contratos, no con el Iapos.
La lógica que impone el gobierno es que el Estado contrata un servicio y paga por él. Los problemas entre privados (médicos vs sanatorios, especialistas vs gerenciadoras) deben resolverse entre privados. De lo contrario, los empresarios de la salud cada vez se quedan con una mayor porción de la torta que convenia la obra social, mientras los trabajadores y profesionales de la salud cada vez están más precarizados y los afiliados deben pagar más.
Otra ventanilla, otra relación económica
“Saquearon al Estado y al Iapos”, dice sin titubeos ni matices una alta fuente del gobierno provincial. “¿Quiere un ejemplo? No aumentamos casi nada los aranceles desde que llegamos, e igual se ordenaron y prestan los servicios. Reconocimos el 10% de aumento de los medicamentos con una inflación enorme, y no pasó nada. Por supuesto, alguien permitía y habilitaba eso”, remata la misma fuente.
Hay un dato en lo contado hasta aquí que vale la pena resaltar. El interlocutor con los privados por primera vez no es el ministro o ministra de Salud. El gobernador Pullaro decidió que la obra social, al igual que salud laboral, pasaran a Economía y le dio amplias facultades y respaldo al ministro Olivares para ordenar los números del Iapos.
Si bien los salarios estatales que aportan a la obra social perdieron ante la inflación, la hipótesis central del gobierno es que el déficit de Iapos fue inducido por la anterior gestión, cuando tras perder las elecciones le hizo una actualización de aranceles a los prestadores de más del 100%.
Precios inflados y una cena agridulce
En la semana hubo otros dos hechos reveladores del vínculo de algunos sectores empresarios con el Estado. El primero lo protagonizó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Convocó a una conferencia de prensa para publicitar “la reducción promedio de 70% en el costo de los contratos de repavimentación de rutas respecto al año pasado”.
¿Cómo lo hizo en un país con tanta inflación? Él mismo explicitó la fórmula del éxito. Obras Públicas licitó en un solo paquete lo que la última vez se hizo en siete licitaciones diferentes. Fue inusualmente explícito: “Hicimos un solo contrato para que haya más competencia, para que las empresas no se distribuyan entre ellas distintas licitaciones, sino que se presenten todas a competir”.
Lo que dijo Enrico es que se pagará entre 50 y 90% menos que en los contratos de hace un año, por la simple razón que antes las empresas se cartelizaban. Acordaban qué licitación se quedaba cada una, a quiénes subcontrataban, y en ese mar de abundancia los sobreprecios eran abismales.
Más allá de las habilidades que se le reconozcan al equipo de Obras Públicas, hay un factor objetivo que están aprovechando las provincias y los municipios: lo único positivo que dejó el retiro del Estado nacional de la obra pública es un mercado de contratistas más sincerado y competitivo.
Los intendentes siguen haciendo obra pública a pesar del ajuste y la caída de actividad. Una cuadra de pavimento puede costarles bastante menos que hace un año, confirma a Rosario3 un jefe comunal del peronismo: “Al haber menos obra pública de gran escala, las empresas más chicas, que antes trabajaban para las más grandes, hoy están sueltas y por lo tanto está más diversificada la oferta de empresas”.
Una segunda muestra de la tensión entre el gobernador y un sector del empresariado que se vincula con el Estado ocurrió el viernes a la noche en la cena anual del Banco de Alimentos Rosario, de la que Pullaro se fue contrariado, no por el evento en sí y sus organizadores. Tampoco por su ya conocida poca afinidad a participar de eventos sociales del establisment provincial, en este caso rosarino.
Según contó un testigo directo, que pidió reservarse nombres y detalles, tres empresarios que se acercaron a hacerle pedidos o comentarios tuvieron como devolución una respuesta nada favorable con cierto reproche por la forma que se manejan con el Estado a la hora de hacer negocios y usufructuar lo público.
Las batallas en marcha
Mientras tanto el gobierno de Unidos sigue su hoja de ruta para la segunda parte del año. Los próximos dos meses serán intensos, porque en agosto ingresará el proyecto de ley previsional, que como mínimo tendrá tres semanas de tratamiento legislativo y, es de esperar, habrá ruido y daños que controlar.
Se pisará con otro plazo que acordaron socialistas y radicales. Que Unidos tenga para la segunda quincena de agosto un texto de reforma constitucional consensuado. Pero hasta ahora hay acuerdos a grandes trazos y pocas cuestiones finas. Todos piden autonomía municipal pero ese solo capítulo es un mundo. Reelección sí, ¿pero reelección para Pullaro y Scaglia también? Felipe Michlig, presidente de la UCR, sostuvo que es un tema superado, que la nueva Constitución fija las reglas. Antecedentes de otras provincias y hasta la reelección de Menem en 1995 abonan esa interpretación, pero quizás la oposición y otros socios de Unidos no están de acuerdo.
Para habilitar la reforma constitucional como para nombrar jueces de la Corte –tema que por ahora no pudo sintetizar el oficialismo, y en particular la UCR– se requieren mayorías especiales en la Legislatura. Si bien es holgado el poderío de Unidos, al menos en Diputados necesitará votos de la oposición.
El peronismo podrá sugerir al menos uno de los futuros reemplazantes en la Corte. Pero ¿quién lo sugerirá? ¿El partido o los legisladores, que son los que tienen que levantar la mano? En el Senado son solo cuatro bancas del PJ y en Diputados nueve, de las cuales cinco responden a Omar Perotti.
Las opciones del peronismo
Con la reforma constitucional, el desafío del peronismo es lograr una posición común. De eso se empezó a hablar ayer en la reunión del consejo ejecutivo del PJ provincial. No es fácil porque los intereses y tiempos de senadores e intendentes no siempre coinciden con los posicionamientos que pretenden otras corrientes internas, ya sea en relación al impacto social de las políticas de Javier Milei como con las iniciativas del gobierno de Pullaro.
La reforma previsional no requiere mayorías especiales, pero dará una primera señal de qué capacidad de asumir posiciones comunes tiene el peronismo. A primera vista es una oportunidad inmejorable para reafirmar identidad opositora y estrechar filas con los sindicatos estatales, mayormente de extracción peronista. Además, por qué pagar costos subiendo aportes previsionales o modificando edades y cortando beneficios para jubilarse si Unidos tiene votos suficientes para garantizarse la aprobación.
Sin embargo, no todo es tan lineal. Los sindicatos no militarán la reforma, pero algunos creen que hay hacer correcciones para que la Caja sea sustentable. Por otra parte, cinco de las nueve bancas de diputados la ocupan el exgobernador Perotti y sus exministros, que conocen de adentro los números, gestionaron y reclamaron por el déficit previsional. En definitiva, mucho dependerá de lo que diga el proyecto de ley que mande el Ejecutivo.
El juego de Amalia Granata
Hay otra actora relevante, por afuera del PJ, que es la diputada Amalia Granata. Al mando de un bloque de seis, es una potencial colaboradora para constituir la mayoría especial que buscará Unidos para una reforma constitucional o designar jueces en la Corte.
Pero la mediática cambió de perfil en el último tiempo. Pasó de defensora de Pullaro en las Paso de 2023, a lanzar misiles al entorno directo del gobernador y rechazó la emergencia de Aguas Santafesinas, en sintonía con el voto negativo del PJ y el resto de los opositores. Esta semana la emprendió contra la Lotería, que maneja Daniel Di Lena, de extrema confianza de Pullaro. Dijo que le había pagado 5 millones de dólares a Susana Giménez. El gobierno lo negó de plano, pero tampoco salió a fusilarla en público. En cierta manera la “cuidó”. Prefirió centrarse, y por canales oficiales, con un dirigente sindical que se hizo eco de la noticia.
El peronismo está atento a los movimientos de Granata y tiene diálogo. Si la votación de Aguas pareció ponerlos del mismo lado, esta semana, que había sido fluida en conversaciones, todo cambió en un santiamén.
El bloque de Granata había pedido, y se acordó, cierto cuidado a la hora de los discursos porque peronistas y radicales querían votar un repudio a la visita que un grupo de congresistas hizo a represores de la dictadura en Ezeiza. Una de esas visitantes fue la diputada nacional Rocío Bonacci, hija de la diputada provincial Beatriz Brouwer, del bloque de Granata.
Pero todo saltó por los aires cuando Emiliano Peralta, mano derecha de Granata, pisó la banquina y, quizás sin darse cuenta, apedreó a los peronistas que hasta ahí habían sido prudentes. Poco más los trató de hipócritas y cómplices de la dictadura, lo que provocó la inmediata respuesta de la diputada Lucila De Ponti.
Cierta inexperiencia sumada a que son bases electorales distintas, y probablemente contradictorias, dificultan un diálogo que exceda lo ocasional entre el peronismo y Granata. Sin embargo, la mediática diputada tiene resuelto salirse del rol apocado que ocupó hasta aquí. Encontró un lugar vacante en la política santafesina, que es la del outsider. Su vocación de construir y liderar un espacio político más allá de su capital electoral está puesto en duda por casi todos.
Pero se avecinan momentos trascendentes en la Legislatura, y todos saben que el peor negocio en política es que nadie te necesite o que el oficialismo pueda arreglarse con otros.
