El uruguayo Alfredo Zitarrosa escribió la milonga “La ley es tela de araña” y nuestro Cuchi Leguizamón la “Chacarera del expediente”. Los dos hablan a través de pequeñas historias de la mentada igualdad ante la ley y “su dificultad en cuanto a su ejecución”. Son historias mínimas que describen un Poder Judicial injusto, clasista y al servicio de poderosos, y que pocas veces se las asocia con la tela de araña mayor, que es la que facilita que los sistemas de justicia, ya sea en aquel Uruguay zitarroseño o en la Salta de los años 70, incurran en arbitrariedades. “Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo”, dice el Cuchi. Versos muy ilustrativos para los debates ya no sobre historias particulares, sino sobre el diseño institucional de la Justicia y la designación de los hombres y mujeres responsables de orientar su acción, como los que esta semana se dieron en el Congreso de la Nación y en Santa Fe.
La Corte de 15
Por tres votos de diferencia el Senado nacional dio media sanción al incremento a 15 de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actualmente está compuesta por cuatro varones (dos de ellos santafesinos para más dato) y hay una vacante por cubrir.
Evitaremos aquí los enfoques constitucionalistas e históricos que supone la ampliación del máximo tribunal de Justicia, para enfocarnos en la disputa política detrás del proyecto de reforma.
En primer lugar hay que señalar que la composición de la Corte con 5, 25 o 15 miembros no es una reforma que haya hecho carne en la sociedad argentina, como bien expresaron los senadores de Juntos por el Cambio. Pero que la sociedad no lo perciba como algo que la afecte ya sea en su composición actual o en una ampliada, no quiere decir que no la afecte. Y si bien se le pide a la política no disociarse de la agenda de necesidades de esa sociedad, no puede ser ese un motivo para impugnar el debate. El actual estado de la Justicia federal debería ser motivo permanente de revisión
La ampliación, dijeron los senadores de Juntos por el Cambio, es un intento de la vicepresidenta y el kirchnerismo por tener una Corte que le responda y el fin es obtener impunidad. Desde el Frente de Todos recordaron que los gobernadores radicales de Mendoza y Jujuy ampliaron las cortes de sus provinciales. Dos de los cuatro gobiernos subnacionales a su cargo.
Sin embargo es necesario despejar un poco más el follaje para tener una mirada más amplia. Unas cuantas semanas atrás fueron 18 gobernadores (casi todos peronistas) los que instalaron la idea de una supercorte de 25 miembros, llevaron el proyecto al Congreso y esta semana pusieron los votos para darle media sanción.
Ese dato es muy relevante para entender lo que está ocurriendo: la ampliación de la Corte puede ser una necesidad del cristinismo para diluir el poder de los actuales cuatro ministros con los que está enfrentado hace años, pero lo que cambió es que ahora es una bandera de todo el peronismo. Cristinismo, federales, massismo, Liga de Gobernadores, sueltos como el santafesino Marcelo Lewandowski, todos están alineados. Los intereses de la vicepresidenta coinciden con los de todo el peronismo. Veamos qué es lo que los encastra.
Las posiciones formales que se escucharon durante el debate en el Senado están claras y son irreductibles. Para Juntos por el Cambio el intento de ampliación es para conseguir una Corte adicta y lograr impunidad. El oficialismo postula mayor representatividad de género y regional y mejorar el funcionamiento de la cabeza de un Poder Judicial desprestigiado y cuestionado.
Esos posicionamientos formales giran en torno a un nudo político-institucional más grande, en el que el juicio por presunta corrupción contra la ex presidenta es apenas un capítulo. Nótese que también en ese caso todas las instancias formales locales, provinciales y nacionales del Partido Justicialista, incluidos los gobernadores, cuestionaron ese proceso judicial en abierta defensa de la ex presidenta.
Es evidente que ya no Cristina sino todo el peronismo se siente en riesgo con parte de la Justicia argentina y la Corte Suprema para lo que viene. Es un peronismo que está incómodo y que se hace una pregunta elemental: si “se animaron” a llevar a la ex presidenta a juicio bajo una figura tan laxa como la asociación ilícita y la condenan, ¿qué sigue después?
Algo más. Una cosa es buscar respuestas a esa pregunta con la perspectiva de estar en el poder y otra muy distinta es cuando la foto de hoy proyectada a diciembre de 2023 muestra que será necesario un milagro para renovar mandato.
La desconfianza entre los dos grandes bloques de la política argentina no hace más que profundizar la zanja que los divide. Por un lado el peronismo supone que esta Corte será un instrumento funcional y al servicio de un futuro gobierno de Juntos por el Cambio para acorralar a los opositores o directamente sacarlos de la arena política (la senadora santafesina Carolina Losada comparó a los senadores del peronismo con una banda mafiosa).
Por el otro, Juntos por el Cambio desconoce cualquier atisbo de honestidad intelectual en los motivos del Frente de Todos para impulsar la reforma de la Corte. Y a la par se siente cómodo con este máximo tribunal que el oficialismo acusa de estar al servicio de las corporaciones y de haber perdido independencia. Cabe recordar que dos de los cuatro ministros fueron elegidos por el ex presidente Macri, y todo indica que si neutraliza la ampliación y llegase al poder en 2023 tendrá la posibilidad de cubrir una tercera vacante.
Mientras tanto el peronismo ensaya intentos reformistas, que si bien se construyen sobre una base de problemas reales, apuestan a multiplicar estructuras institucionales para diluir las posiciones de poder actuales que no controla. Hasta aquí pareciera que la ampliación se estancará en la Cámara de Diputados por falta de votos, pero la lógica de la reforma propuesta es la misma que la de la reforma de la Justicia federal que envió el presidente Alberto Fernández en 2020, que entre otras cosas duplicaba la cantidad de juzgados en Comodoro Py.
Las autoridades del MPA
De aquí hasta abril, Santa Fe tiene entre manos un asunto determinante para los años próximos: la renovación de las autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación. Los perfiles que se elijan de fiscal general y fiscales regionales serán muy relevantes. Ahí se verá qué rumbo pretende darle la política santafesina con el organismo encargado de la persecución penal.
El proceso de selección ya está en marcha. Se definió un jurado y los postulantes se inscribieron. Surgieron unos primeros cuestionamientos por la forma en que se pusieron en marcha los concursos, que el secretario de Justicia Gabriel Somaglia superó con nombres relevantes entre los evaluadores.
Pero esta semana el grueso de la oposición, que tiene número suficiente para bloquear cualquier pliego, hizo una puesta en escena y dejó una advertencia al Poder Ejecutivo. “No aceptaremos el resultado de un proceso que esté viciado por sospechas, rumores y faltas de transparencia”, dijeron a coro socialistas, radicales, PRO, demócratas y bloques minoritarios del espectro no peronista, salvo los cuatro legisladores de Igualdad y del Frente Social y Popular.
Una marcada de cancha tan temprana se explica en rumores que para algunos referentes de la oposición son certezas, sobre presuntos acuerdos políticos para que el próximo fiscal general sea capitalino (en razón de una ley no escrita de alternancia geográfica) y no lo suficientemente independiente de terminales de poder que llegado el momento dificultarían la autonomía del MPA. Además, como ese núcleo opositor se percibe con chances de llegar a la gobernación 7 meses después de que asuma el nuevo fiscal general, pareciera estar avisando que no llegará a final feliz un esquema de designaciones en el que sectores con representación legislativa minoritaria acuerden entre ellos el nombre de la fiscalía general y recién a partir de allí “abran el juego” con las fiscalías regionales y la Auditoría.
El gobierno provincial lo plantea al revés: “Están queriendo empujar nombres propios. Reuniones y diálogo hay, pero sobre criterios, no sobre nombres propios. La definición del nombre corresponde al gobernador”.
El MPA es un organismo nacido de la reforma procesal penal y su diseño institucional le dio carácter esencialmente político (no partidario) a los puestos de mando. Por eso los hombres y mujeres que ocupan esos puestos jerárquicos tienen mandatos temporales no coincidentes con los de los otros poderes, pero tampoco son eternos como los del Poder Judicial. Que tengan carácter político no significa que los perfiles y la capacidad técnica de quienes se postulan queden relegados por la prevalencia de padrinazgos partidarios o corporativos.
La selección tiene dos instancias, la técnica y la política. Los jurados, tras evaluar el plan de trabajo que presentan y defienden los postulantes, elaboran una terna. De ahí en más comienza la fase política, donde el gobernador elige un candidato de entre los tres que alcanzaron un piso técnico óptimo. Luego es el juego legislativo el que tiene la palabra final. De ahí el mensaje la oposición dejó flotando esta semana. Es para tener en cuenta, no porque la oposición tenga la “verdad”, sino porque tiene número suficiente para negociar de igual a igual con el oficialismo como lo demuestra la agitada relación que el gobierno de Omar Perotti y la Legislatura tienen desde diciembre de 2019.
La política santafesina tiene hasta abril para alcanzar algún nivel de acuerdo en torno al futuro del MPA. Si eso no ocurriera y se repitieran escenarios como los que en estos años se dieron en torno a leyes que nunca avanzaron, presupuestos que o no se acuerdan o se demoran y pliegos que no prosperan, la situación crítica que la provincia arrastra en materia de seguridad y justicia se podría agudizar. El MPA es un organismo demasiado relevante. Sus niveles de acción u omisión repercuten en la calle. Trabajar con autoridades prorrogadas y mandatos precarios no es lo ideal nunca, menos en la Santa Fe de estos tiempos.
