Más de 200 realizadores, productores y especialistas del sector audiovisual protagonizaron el último viernes la jornada de debate ¿Es necesaria una nueva ley Audiovisual en la que establecieron que las prioridades que demanda el sector son la defensa del Fondo de Fomento del cine -cuya vigencia expira a fines de 2022- y la inclusión de las plataformas audiovisuales por streaming en la base impositiva que financia a la actividad nacional.
A partir de una convocatoria de Documentalistas Argentinos (Doca), la jornada de debate se concretó en forma digital con la presencia del abogado Julio Raffo, uno de los redactores de la reforma de la Ley del Cine de 1994; la productora Nathalia Videla Peña, el docente y coleccionista Fernando Martín Peña y el abogado e investigador Mariano Suárez.
Raffo se pronunció sobre el anteproyecto de una nueva ley de Cine elaborado por el Espacio Audiovisual Nacional (conformado por Directores Cinematográficos Argentinos y Argentores, entre otras) y consideró que, si bien es legítimo que cualquiera prepare un proyecto de ley integral, “otra cuestión es abrirlo a la discusión política y determinar su oportunidad”.
“Entiendo que la prioridad es defender el Fondo de Fomento, por la ley que le quita la asignación específica. Eso es urgente, antes que nada. La reforma impositiva fue aprobada por la mayoría de los diputados durante el gobierno de Macri. Fue un error de todos y necesitamos buscar un consenso de todos, porque necesitamos una mayoría especial en las cámaras. Salvemos al cine antes del 31 de diciembre de 2022”, enfatizó.
El abogado hizo referencia a la ley 27.432 (promulgada en diciembre de 2017), que establece que el 31 de diciembre de 2022 como fecha límite para el vencimiento de todas las asignaciones específicas de impuestos nacionales coparticipables. Por lo que, los fondos de fomento del cine desde entonces tendrán como destino las rentas generales de la Nación.
Por su parte, Videla Peña, integrante de Acción Mujeres de Cine, destacó que para incluir a las plataformas de streaming en el impuesto que financia a la producción audiovisual argentina no hace falta el dictado de una nueva Ley de Cine, sino simplemente dictar una norma específica.
“Es un riego abrir la Ley de Cine ahora. ¿Cómo hacemos para que las OTT aporten al Fondo de Fomento? Hay ejemplos en Europa. La actual ley designa fondos específicos producir y exhibir, para las Escuelas como la Enerc eso ya esta contemplado, ¡Usémoslo!”, reclamó.
La jornada de debate se realizó en el contexto en el que desde Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) y Argentores se promueve el dictado de una nueva ley de Cine que reemplace a la 17.741 cuya última reforma de trascendencia se concretó en 1994.
Carlos Jaureguialzo, de DAC, comentó la semana pasada a Télam que un proyecto "se lo hemos alcanzado al Enacom, al Ministerio de Cultura y a varios legisladores. Estuvimos un año laburando, en silencio. Cuando empezábamos a escribir este borrador, tuvimos una reunión con (el ministro de Cultura, Tristán) Bauer y (el presidente del Incaa, Luis) Puenzo, y Bauer nos dijo: 'hay que hacer una nueva ley'".
Hernán Findling, representante de la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima), aportó entonces: "Ya hubo charlas con legisladores y tuvieron buena recepción, Veremos quién lo tomará como bandera. Puede ser un proyecto que rompa la grieta. Nadie lo tomó como algo negativo, porque básicamente es más trabajo y un ingreso muy valedero de divisas".
