El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entidad que reúne a las universidades de todo el país, aprobó este martes de forma unánime la convocatoria a una marcha federal en defensa de la educación pública. Se hará el 23 de abril en la ciudad de Buenos Aires.

La decisión surgió durante el plenario de rectoras y rectores que se realizó en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y sólo resta definir el lugar preciso y el horario para la una manifestación que promete ser masiva.

“Convocamos a una gran demostración nacional en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino. En conjunto con las representaciones docentes, nodocente y estudiantiles. Toda la comunidad universitaria, toda la sociedad, porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación”, señalaron en un documento.

Allí destacaron que “la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y que necesita urgente respuesta por partes de los poderes del Estado nacional” y recordaron que, en ese camino, hubo una serie de reuniones “con distintos representantes de Poder Ejecutivo” donde plantearon "la compleja situación del sistema” y expresaron la preocupación por la falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de los trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación”, además de “la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución”.

En la misma línea, los rectores pusieron sobre la mesa la falta de actualización de los gastos de funcionamiento, la no renovación del los sistemas nacionales de becas y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

En ese marco, destacaron que “la sociedad argentina tiene una alta valoración de sus universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país”, tanto por su tarea de formación, como por su tarea en la construcción del conocimiento, por la transferencia al mundo de la producción y del trabajo, por las tareas de extensión y la solidaridad con los sectores más postergados”.

Por eso, el CIN reparó en la necesidad de que "la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular" acompañen el reclamo y exigieron que “cualquier acuerdo que se promueva a nivel nacional priorice como central la cuestión educativa”.

“Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que si quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria", expresaron.

El comunicado cierra: "Defendemos el derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre. Un sistema abierto que promueve la movilidad social y las transformaciones de nuestras comunidades, del que nuestras y nuestros graduados son su mejor expresión".