La investigación en torno a los centros de rehabilitación de Remar comenzó hace tres años y el 13 de julio pasado se llevaron a cabo 32 allanamientos en cinco provincias del país para desarticular una red de trata con fines de explotación laboral compuesta por más de 400 personas. Desde entonces, Santa Fe avanzó con las pesquisas, 56 víctimas volvieron a sus lugares de orígenes y se abrió una averiguación por posible lavado de dinero.
El delegado regional del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Nicolás Del Mastro, informó a Rosario3 que coordinaron su labor con distintos organismos porque no sabían con qué se iban a encontrar en los distintos espacios allanados. En ese sentido, “la Justicia Federal relevó, informó y analizó parámetros e indicadores que para nosotros refieren a reducción a la servidumbre o a un modelo de ese delito que tiene que ver con la captación de personas que hacen las organizaciones coercitivas con una metodología que vulgarmente se conoce como lavado de cerebro”.
Si bien la investigación sobre Remar continúa, considerando que hubo dos semanas de feria, la novedad es que la Justicia dictaminó a veedores para que evalúen desde otros enfoques interdisciplinarios (médicos, sociales, psicológicos) el funcionamiento de los centros. Además, se prohibió la salida del país de algunas personas con alto rango dentro de la organización en cuestión.
Otro dato no menor que resultó de los últimos análisis fue que los centros allanados repetían su forma de operar. “Relevamos que cuando las personas se acercaban supuestamente de forma voluntaria al tratamiento, primero se los ubicaba en un lugar más alejado de los centros urbanos, que podría ser como la figura de una granja. Luego eran llevados a otra provincia para que no tenga contacto con sus lazos afectivos y lo característico es que era esa persona, el grupo familiar o un tercero quien pagaba el traslado y luego de un tiempo pasaban a la etapa dos, la producción de muebles, construcción, alimentos o venta ambulante”, comentó Del Mastro.
Y explicó que “hacerse la cama, terminar la escuela, aprender un oficio es terapéutico, pero hay un aspecto de la laborterapia que es desvirtuado porque hacer cien sillas, encolarlas, pintarlas y ponerlas a la venta o salir todos los días de 8 de la mañana a 20 de venta ambulante a otras ciudades teniendo que vender un cupo determinado de productos que no sabemos el origen, deja de ser terapéutico”.
Además del abuso laboral, la Justicia encontró una importante suma de dinero, 1.919.520 pesos argentinos y 9.140 dólares estadounidenses. Motivo por el que comenzó otra investigación por posible lavado de activo en un país limítrofe con modalidad hormiga.
Y hay más. También se puso en duda el funcionamiento de los vínculos entre las personas dentro de Remar, ya que desde los distintos centros se organizaban encuentros entre mujeres y hombres que formaban parte del programa y se los inducía a relacionarse amorosamente. En este sentido, “para nosotros hay indicios de matrimonios forzosos”, agregó el delegado regional del Comité.
Casi 500 víctimas y centros que siguen abiertos
Santa Fe es la provincia más avanzada en cuanto al trabajo que asignó la Justicia. La semana pasada, distintos profesionales de Salud, Género, Niñez, Derechos Humanos, Desarrollo Social volvieron a recorrer los espacios, incluso aquellos que no fueron allanados, y entrevistaron a personas involucradas en la organización para responder a distintas urgencias como por ejemplo chequeos médicos, actualización de órdenes para medicamentos recetados, recuperación de documentos de identidad, entre otras.
Vale aclarar que los centros Remar continúan funcionando, y que las personas siguen viviendo allí por dos motivos: no se encontró figura física responsable de la explotación y no hay lugar para trasladar tantos hombres, mujeres y niños.
En este sentido, Del Mastro explicó que de las 498 víctimas, 56 regresaron a sus hogares de forma voluntaria, algunas eran buscadas por sus familias, otras estaban allí derivadas por la justicia penal a la espera de un juicio y a su vez “estamos trabajando para que cada uno de ellos regrese a su provincia porque sería una irresponsabilidad que queden en la calle”.
“Hemos encontrado la necesidad de que el Estado empiece a ver qué pasa en estas comunidades terapéuticas sin regulación para su funcionamiento”, sentenció el delegado del Comité y cerró: “Los abordajes requieren estándares y certificaciones, un seguimiento de habilitaciones y controles periódicos del trabajo que se está haciendo y acá no había nada de todo eso”.
