En este arranque de semana y del mes de marzo se produjeron varias novedades en la causa del juego clandestino y respecto de la Comisión del Senado que se constituyó para investigar a los fiscales y que fue asociada en todos los ámbitos a la pretensión de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario de imputar al senador Armando Traferri.
En un comunicado, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe señaló que es "una clara intromisión en el MPA y en las investigaciones penales en curso" y que "está fuera de todo marco convencional, constitucional y legal". También que "se fundamenta en afirmaciones falaces e imprecisas".
"El desarrollo de las investigaciones penales referidas demuestra el correcto y eficaz funcionamiento del organismo en su función de persecución penal, así como de los mecanismos internos de control, con la intervención de la Auditoría General de Gestión", sostuvo el MPA, conducido por Jorge Baclini.
En tanto, la jefa interina en la departamental Rosario, María Eugenia Iribarren, instruyó a los más de 80 fiscales de grado a su cargo para que "ante hipotéticos pedidos enmarcados en las funciones de dicha comisión" los remitan a la propia Fiscalía Regional.
Mientras tanto, este lunes se dio además el primer gesto de la oposición: los senadores de la Unión Cívica Radical que integran el Frente Progresista resolvieron no constituir la Comisión para investigar a los fiscales. Son los referenciados en el bloque que preside Felipe Michlig, del departamento San Cristóbal.
La decisión desencadenó este lunes la posibilidad de una "revisión" de la creación en la propias comisiones del Senado. Una de las opciones que barajaban era la de invitar al fiscal General Jorge Baclini a una reunión con los miembros de la Cámara Alta.
La firma de la ex jueza
Como presidenta del Senado provincial, la vicegobernadora Alejandra Rodenas rubricó la resolución del cuerpo que la faculta para pedirle al juez Carlos Leiva el archivo de las actuaciones contra Armando Traferri, integrante del cuerpo, tras el rechazo al pedido de desafuero que habían planteado los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
La copia de la resolución lleva también la firma del secretario legislativo Rafael Gutiérrez (h) y fue extendida a diversos ámbitos de la Justicia, entre ellos a la Corte Suprema.
Juez recusado
Otro condimento para la causa del juego de Rosario: la defensa del empresario Leo Peiti, los abogados Luis y Ángelo Rossini, recusaron al juez Carlos Leiva.
Es por una denuncia previa del mismo estudio ante la Corte y contra el mismo magistrado en el marco de la causa de la explosión del edificio de Salta 2141.
