La discusión por el monto de las dietas en el Senado de la Nación sigue generando repercusiones. Luego de que Victoria Villarruel decidiera prorrogar hasta marzo de este año el congelamiento de los haberes de los miembros de la Cámara alta, se presentó un proyecto que fija topes y habilita a los legisladores a renunciar a sus ingresos.
La propuesta fue ingresada por el senador Francisco Paoltroni, que representa a la provincia de Formosa y conforma el unibloque "Libertad, Trabajo y Progreso" tras su salida de La Libertad Avanza. En ella se establece que "los legisladores nacionales podrán renunciar total o parcialmente a sus dietas mediante una solicitud formal", especificando "el alcance de la renuncia y su período de vigencia".
Uno de los puntos más relevantes de la legislación es el artículo referido a la "determinación de las dietas legislativas", que señala que –en caso de no renunciar a sus haberes– un diputado o senador percibirá "un monto equivalente a 10 jubilaciones mínimas vigentes al momento de su percepción". Si se toma la escala actual, cada legislador cobraría $2.669.070 mensuales.
El documento apunta también que "la renuncia a las dietas no eximirá a los legisladores nacionales de sus obligaciones legales" y establece que deben "asumir de manera personal los costos asociados al ejercicio de sus responsabilidades legislativas". Dentro de sus ocho artículos el proyecto además expresa la posibilidad de acceder públicamente a la información de quienes renunciaron a sus dietas.
Durante el 2024 también hubo otros dos bloques legislativos que presentaron propuestas para establecer una reglamentación fijada por ley sobre los haberes que perciben los miembros de las dos cámaras del Congreso.
La primera iniciativa fue presentada en Diputados por el espacio Hacemos Coalición Federal (actualmente Encuentro Federal) en marzo del año pasado, bajo el nombre "Ley de equiparación y limitación de remuneraciones en el sector público". Allí se proponía una equivalencia entre el salario del Vicepresidente, jueces, senadores y diputados que no supere a la del Presidente de la Nación, cuya remuneración equivaldría a 20 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM). "Ningún dirigente de ningún organismo de cualquiera de esos tres poderes podrá obtener ingresos más altos", plantea ese texto.
Un mes después, la bancada de senadores de Unión por la Patria propuso un esquema de tope de haberes de los tres poderes del Estado. La iniciativa proponía sujetarlas a la evolución del SMVyM y que ninguna autoridad no fijada por la norma pudiera superar los 9 SMVyM.
Además, se establecía un total de 20 SMVyM para los ingresos del Presidente de la Nación; 15 para jueces, Vicepresidente, senadores, diputados, Procurador General y Defensor General; 12 para ministros; 10 para secretarios y 9 para directores ejecutivos.
Por su parte, la diputada María Eugenia Vidal (PRO) propuso que los aumentos de sueldo de los diputados y senadores no puedan ser mayores al porcentaje de incremento anual de las jubilaciones, cuya fórmula actual –establecida por DNU– está sujeta al IPC.
