En la diplomacia continental es célebre la frase “Cuando Brasil estornuda, Argentina se resfría”, que grafica la fuerte relación que nuestro país tiene con su hermano mayor en cuestiones sensibles como la economía.
Quizás tomando ese axioma, aunque en este caso en términos de lucha contra el narcotráfico, la provincia de Córdoba sabe que los ruidosos estornudos de su distrito vecino pueden provocarle un dolor de cabeza mayor y por eso buscó con celeridad reforzar sus defensas y abrigar los puntos descubiertos por donde podría filtrársele el problema.
“Con Santa Fe no sólo somos provincias limítrofes: somos casi un espejo en cantidad de habitantes y en su núcleo productivo”, admite el ministro de seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros. “Por eso, estamos trabajando con la hipótesis de que lo que ocurre en Santa Fe se pueda trasladar acá y eso nos enciende una luz de alerta”, dijo en Punto Medio (Radio 2).
Una frontera permeable
El titular de la cartera de seguridad de Córdoba aseguró que tienen detectados “más de 52 puntos de una posible entrada de la droga por caminos rurales o rutas desde Santa Fe. Por allí podrían entrarla tranquilamente, y lo que nosotros no queremos es darles esa tranquilidad”.
En ese justifica su decisión de mandar más efectivos y solicitar fuerzas federales para robustecer el muro de contención: “Por eso pedimos la presencia de Gendarmería y por ejemplo, en San Francisco, que está separado de la provincia de Santa Fe por una calle, duplicamos la presencia de la policía caminera. Los hemos apostado en los caminos rurales, hemos llevado una unidad táctica especial y la guardia de Infantería”, explicó.
“Esto de Rosario nos sorprendió quizás en el nivel de violencia mostrado en estos últimos episodios, pero no en cuanto a la existencia del fenómeno. No nos agarró distraídos. Quizás a la ciudadanía de la zona de Marco Juárez, Morteros o San Francisco, localidades cordobesas que están cerca de Santa Fe, les causa una sensación diferente por la cercanía con el problema. Pero estamos trabajando”, manifestó.
“Fijate que en Morteros, el sábado pasado se incautaron 156 kilos de droga que venía en un camión que traía madera. Se hizo un seguimiento controlado por Gendarmería y se los pudo detener. Así hay que trabajarlo”, ejemplificó.
La población de San Francisco, en el centro-este de Córdoba, vivió hace algunas semanas algunos hechos de violencia a los que no estaba acostumbrada: a través de amenazas telefónicas, avisaron que “Los Monos ya estaban en el pueblo e iban a matar a todos los policías” y aseguraron que había una bomba en la comisaría de la Departamental San Justo, además de las intimidaciones a su familia que recibió el fiscal cordobés Alberione, que poco después decidió jubilarse.
“A San Francisco lo divide una calle: de un lado es provincia de Córdoba, y del otro el pueblo se llama Frontera y ya es provincia de Santa Fe. Esas llamadas ya las está investigando la justicia federal. En realidad, el fiscal Alberione planteó que tenía una sobrecarga porque tenía a cargo delitos complejos y la fiscalía anti narcotráfico, y no es que se fue por las amenazas. Nosotros ahí tenemos presencia de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que es provincial, y presencia de la Policía Federal. Y el problema en realidad es la cercanía con lugares que sí tienen presencia narco. Hay que atenderlo y ocuparse, porque si nos relajamos y nos dejamos estar, en un tiempo probablemente tengamos una situación no querida. Pero si lo prevenimos, esa situación no va a llegar”, afirmó Quinteros.
La unión hace la fuerza
Quinteros cree que “la única forma de atacar el problema del narcotráfico es que trabajemos en conjunto: que lo hagan las policías provinciales entre sí y con las fuerzas federales. Y lo mismo con la justicia, las de cada distrito y la federal. Si cada uno va por su lado, el trabajo se diluye”.
En ese sentido va el convenio interfuerzas que Córdoba firmó con el gobierno federal a principios de año: “Es que nos dimos cuenta de que muchas veces nosotros íbamos por un lado, trabajando en una investigación, y luego nos enterábamos que Gendarmería o Policía Federal estaban trabajando en una similar. Hubo un procedimiento paradigmático, que fue el que nos llevó a encontrar a la familia de ‘Fito’ Macías, el peligroso narcotraficante ecuatoriano, que estaba a 20 minutos de la ciudad de Córdoba. Nosotros lo encontramos, lo detectamos y nos enteramos que lo estábamos trabajando en líneas separadas con la Policía Federal. Así que nos juntamos, hicimos un solo equipo y en 48 horas esa familia pasó de amanecer en un country en Córdoba a hacerlo en Ecuador. Y lo logramos porque trabajamos en conjunto, ministerios y policías”, declaró.
Y en esa misma sintonía, la creación en Córdoba de otro Grupo Operativo Conjunto (GOC), una fuerza de elite que ya está trabajando en Salta y Misiones. “Este nuevo grupo va a estar integrado por la policía de Córdoba, por agentes especializados de la FPA, que se formó hace 8 años tras la desfederalización del narcotráfico (a la que Santa Fe adhirió a fin de año); más la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Polícía Federal y Gendarmería”.
“Son unidades de entre 20 y 25 personas que se capacitarán en Estados Unidos con agentes de la DEA. Y también logramos financiamiento para la adquisición de tecnología de avanzada que ofreció el gobierno norteamericano. A nosotros nos parece fundamental porque sin investigación criminal es difícil atacar el narcotráfico. Y le sumamos la decisión política de investigar el lavado de activos, porque claramente el narcotráfico es un delito económico y ahí queremos apuntar”, completó.
Pero más allá de este abordaje intra-provincial, Quinteros insistió con trabajarlo de manera grupal con los estados nacional y los de las provincias de la región. “Nosotros hemos hecho una reunión con Roncaglia (ministro de Seguridad de Entre Ríos) y Cococcioni (de Santa Fe) para empezar a activar políticas conjuntas, porque realmente somos provincias con muchas similitudes”.
Un rechazo a la política Bukele
Si bien se excusó de opinar sobre la foto ‘a lo Bukele’ que divulgó el gobierno santafesino sobre el tratamiento de los presos en cárceles provinciales, el ministro Quinteros se mostró en desacuerdo con esa forma de tratar a los reos: “Por una cuestión de no conocer el trasfondo y por prudencia, no voy a opinar. Menos de un colega al que fui a darle mi apoyo político, de mi parte y del gobernador Llaryora. De todos modos, creo que la nuestra es una realidad distinta a la de El Salvador”, apuntó.
“Nosotros tenemos que tener cárceles que sean acordes a lo que dicen la Constitución y los tratados internacionales: que sean para resocializar y no como un castigo. Pero tampoco tenemos que hacer concesiones de ningún tipo, permitir privilegios ni tolerar que nos armen bandas desde ahí y que operen como si estuvieran en libertad. Ni en Santa Fe ni en Córdoba”.
Otra rasgo que emparenta a ambas provincias: el servicio penitenciario también está mirado de reojo. De hecho, el de la provincia mediterránea fue intervenido. “En Córdoba, el servicio penitenciario depende del Ministerio de Justicia, no del de Seguridad. Pero a fines de año pasado hubo hechos de corrupción graves que fueron detectados por un fiscal, y acabó presa casi toda su cúpula. Hoy está intervenido. Estamos como en casi todo el país, con un nivel de detenidos que sobrepasa lo que podemos contener. Por eso estamos abriendo nuevos pabellones y buscando ampliarlo en su capacidad”.
También están buscando reajustar la policía: “Tenemos una fuerza de unos 23.000 agentes, de los cuales hay unos 16.000 que son destinados para seguridad en calle y en otras fuerzas especiales, y el resto que no portan armas. Ahora estamos buscando reempadronarlos y hacer una ingeniería distinta de la fuerza, para que los policías a los que preparamos y les dimos armamento estén en la calle y no en tareas administrativas. También estamos potenciando la investigación criminal, que tiene menos personal del que debería tener”.
Finalmente, Quinteros volvió a pedir trabajo conjunto: para él, nadie se salvará solo. “En el año 2019 se sancionó a nivel nacional la ley 27.502, que hablaba de la conectividad de las justicias, pero después la implementación quedó en la nada: se hace a requerimiento individual de las partes, o sea una cosa más voluntarista que orgánica y constante. Allí hay que poner el foco: y no sólo en la justicia, sino en todos los poderes de todos los niveles del estado”.
