El gobierno provincial sostiene que la baja de la violencia en Rosario este año con respecto a la crisis de 2022 y 2023 no solo se observa en una reducción de los homicidios sino también en la menor circulación de hechos con arma de fuego. Armaron una categoría única con llamados al 911 por todo tipo de incidencias, desde balaceras y amenazas hasta la denuncia por una persona armada, y ese registro reflejó una caída similar al indicador de crímenes: es de un 62 por ciento menos este 2024.
El secretario de Análisis y Gestión de la Información Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Esteban Santantino, afirmó a Rosario3 que los hechos unificados cayeron en el departamento Rosario de un total de 6.216 en 2022 (en el peor año de la historia de la ciudad) y 5.991 en 2023 a 3.738 este año, siempre hasta la semana 43 de cada período, es decir el 27 de octubre.
Los datos de homicidios y heridos de bala se construyen desde el Observatorio de Seguridad Pública (OSP) que el Ejecutivo comparte con la Fiscalía (el MPA). Ese ente relevó durante los primeros nueve meses de 2024, 132 homicidios en la provincia y 70 de ellos en el Departamento Rosario (78 hasta la semana pasada). La disminución con respecto al mismo período de 2023 fue de 57% en Santa Fe y 66,5% en el Departamento Rosario.
"Pero también bajaron otros indicadores ligados a una menor circulación de armas de fuego. Creamos una categoría del 911 que incluye todas las llamadas al sistema policial en donde se mencionan la existencia de un arma de fuego, un disparo o un abuso de arma o que alguien vio a una persona armada. Son construcciones estadísticas distintas. Esto no tiene la robustez metodológica del OSP pero es un termómetro muy válido que complementa los otros. Y todo eso demuestra que ha caído mucho la violencia, no solo de heridos y homicidios", señaló Santantino.
El último “Informe Semanal de Presencia de Armas de Fuego”, al que accedió este medio, refleja 72 hechos en la semana 43. La mayoría son reportes de personas armadas a la Central de Atención de Emergencias 911 y, en segundo lugar, disparos al aire. Octubre acumula 317 incidencias pero el mes más bajo fue mayo con 277.
El funcionario del gobierno de Maximiliano Pullaro dijo que "no hay una única explicación que abarque esa caída, como si fuese una cosa simple". "El que dice algo así o no entiende o miente. Es necesario reconocer la complejidad, no es un solo factor", agregó a modo de introducción y enumeró algunas claves.
Cinco ejes
La explicación que da Santantino a ese descenso de muertes y circulación de armas en las calles es la implementación de cinco políticas que se dieron al mismo tiempo. La primera es la existencia de mayores controles en las cárceles a los presos de alto perfil: los jefes de las bandas que antes daban órdenes criminales desde los pabellones.
"Vimos cuál era el contexto en el que se movían los líderes de los principales grupos, las primeras y segundas líneas, que no son de un crimen organizado transnacional, con poder de fuego tan alto pero sí son muy violentas, rudimentarias en sus estructuras y de lealtades cruzadas", diagnosticó.
Para el secretario de Análisis y Gestión de la Información, fue clave "recuperar el régimen de detenidos de alto perfil". "Estaban todos alojados en pabellones comunes, en contacto con otra población y con miles de personas que hacían las visitas y que podían llevar alimentos, ropas y recursos de todo tipo, algo que era muy amplio. Eso se cortó y hubo un cambio muy firme: pusimos un régimen de alto perfil que no tiene ni siquiera visitas íntimas y los encuentros se hacen a través del vidrio y con controles estrictos".
El segundo fue la reforma normativa. "No es lo mismo encarar este proceso con la ley de microtráfico que sin ella, con una ley de inteligencia criminal que sin ella. Tenemos un marco legal para hacerlo", afirmó y encadenó eso al despliegue policial en las calles.
"Es vital recuperar la presencia y el trabajo en la calle. No solo poner más patrulleros, eso lo dicen todos los gobiernos que asumen, es un lugar común, pero hay indicadores que son objetivos en este caso y es el tiempo de respuesta del 911. Es un dato del sistema que no podemos tocar y muestra que antes se demoraba 20 minutos en llegar a una incidencia y hoy es de 7 minutos", dijo.
Santantino destacó "no solo la presencia de uniformados sino lo qué están haciendo". "Antes parecía que la Policía no estaba en la calle y que cuando estaba tampoco trabajaba. Había una sensación de que podía pasar cualquier cosa y al responsable no le iba a pasar nada", agregó.
A las patas penitenciarias, policiales y legislativas le añadió el "trabajo junto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA)". "Estaban los canales rotos y la investigación criminal compleja no tenía señales de que hubieran avanzando en algo. En estos meses, derribaron más de 25 puntos de venta de drogas. Si no te acompañan los fiscales, la nueva ley de microtráfico la tirás a la basura", siguió.
El quinto ítem que sostiene la fundamentación de la reducción de la violencia armada, según la versión oficial, es la constitución de un "Comando unificado" de todas las fuerzas de seguridad que operan en el territorio. Se consolidaron 180 móviles de la Policía provincial, entre arreglos de patrulleros rotos y camionetas compradas, y el apoyo de 60 vehículos federales. "Es un aporte significativo. No es lo mismo 180 que 240. Se ve la presencia de gendarmes en zonas como Empalme o Tablada y todo está georreferenciado", apuntó.
Más que pacto, “mensajes”
El ex ministro de Seguridad Marcelo Saín y otras voces afirmaron que no hay política criminal en el mundo que explique una reducción tan rápida de los asesinatos y el crimen organizado. Salvo, denunció, que exista un pacto de la autoridad política-policial con las bandas.
“Eso que plantean aquellos que no supieron cómo hacerlo –respondió Santantino– es posible solo en un contexto de cartelización de la criminalidad organizada compleja. Acá, con grupos dispersos, fragmentados y lealtades volátiles no se podría hacer. Un problema que tenemos es que al enemigo no le ves la cara”.
Para el Magister en Criminología (LSE) y profesor de la UNR, Enrique Font, hablar de "pacto" sugiere la idea de una mesa, una suerte de paritaria en donde las partes acuerdan algo. Eso no necesariamente debe ser así. Puede haber, planteó el especialista, mensajes que se dan desde sectores que operan sobre el sistema y que se resumen en un concepto: "Ustedes hagan sus negocios pero la violencia se termina, dejen de matar y tirar tiros".
"Los números de reducción de homicidios son fiables. No veo manipulación ahí, sí en otras causas dentro del MPA por cómo se registran las ocurrencias. Porque hay muchos problemas con los otros delitos que crecen. Pero no hay una baja de homicidios tan notable en otra parte de América salvo que exista «un acuerdo de paz» como ocurre en zonas de guerrillas o pandillas armadas, como en Guatemala, Honduras o El Salvador”, afirmó Font.
“Acá no hay una explicación clara –siguió–. El gobierno nacional dice que fue por el Plan Bandera. Hemos estudiado otras saturaciones con fuerzas federales, en Tablada o Las Flores, y puede producir mejoras pero transitorias. La provincia habla de control de cárceles, en donde hubo hasta episodios de torturas denunciados a principios de año. Hubo una transformación significativa en los presos de alto perfil pero eso tampoco alcanza para explicar la reducción de homicidios”.
El académico y ex funcionario retomó el foco en un viejo problema: la cantidad de policías involucrados en el crimen organizado. Recordó que fueron 13 agentes sobre 25 acusados en el juicio a Los Monos. Y los investigadores (la División Judiciales) trabajaban para otras bandas rivales (Esteban Alvarado). Lo que se multiplicó en los últimos años fue la “cuentapropización policial”. Grupos uniformados involucrados en producir asesinatos y desviar investigaciones (algo mucho más grave que una simple complicidad o avisar de un allanamiento).
“Por eso, yo agregaría una hipótesis sólida a todo esto: ha habido una reducción muy notoria de esa cuentapropizacion policial que es clave para entender el factor de violencia en Rosario. Primero ordenando la Policía y después el MPA, que este gobierno le quitó facultades y lo controla claramente, y también con la ley de narcomenudeo. Entonces, la fuerza puede allanar o tumbar cualquier negocio de forma arbitraria, para regular esa violencia. Pullaro recuperó esa capacidad de regular el delito por parte de la fuerza”, diagnosticó Font.
En paralelo, añadió, “se sigue vendiendo droga pero hay menos bunker y los dealer se mueven de otra manera”. "El tráfico no preocupa a nadie si no se desmadra", completó. El desafío, dijo, es ver cuánto tiempo dura un esquema así.
Más presos, menos droga incautada
Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, informaron que hay casi 12 mil presos en la provincia y unos 1.200 están en comisarías o sedes policiales. Más de 500 son considerados de alto perfil pero “en el nivel 1” formal hay 60 (la mayoría en Piñero y los menos en Coronda). Tienen criterios de visitas estrictos, a través de blindex.
En lo que va del año, se registraron 900 nuevos detenidos y ese universo aumenta de cinco presos netos por día (entre los que salen y entran).
El gobierno piensa que ese ritmo decrecerá en el mediano plazo pero estima que terminará su gestión con entre dos mil y tres mil reclusos nuevos. Planifica, al mismo tiempo, cuatro mil nuevas plazas de detención.
Al Centro de Reclusión de Alto Perfil (1.150 plazas) le faltan dos años y medio para terminarse. Pero se inaugurará primero una tanda de 500 plazas (en 2026) y el resto luego. Sería para el tercer año de gestión.
A corto plazo, en marzo de 2025, se habilitarían 950 lugares. Se trata de 160 celdas de los nuevos pabellones del complejo penitenciario local con cuchetas para dos (320 lugares). Pero podrían habilitarlo con tres presos por celda para descongestionar las comisarías (serían 480 lugares). Prefieren sobrepoblar el sistema carcelario que el policial.
Además, esperan para la primera mitad de año la cárcel federal de Coronda con 485 plazas. Hoy Santa Fe aloja 700 presos de ese fueron por lo que podrían derivar dos tercios de esa población (no los de alto perfil porque es un penal de seguridad media).
El compromiso para el año próximo es: “No vamos a dejar ni un preso en las comisarías de la ciudad de Rosario”.
Ese incremento en el encierro de personas no se explica solo en el microtráfico. No es ese delito el que nutre la mayor cantidad de nuevos presos, que responden más a robos y operativos de calle. El objetivo del trabajo contra el narcomenudeo es desactivar los bunkers y puntos estratégicos para evitar hechos de violencia, y así bajar los homicidios. Tampoco hay una política basada en el secuestro de drogas, en aumentar el kilaje.
Sobre ese punto, el diputado provincial Carlos Del Frade tomó nota de datos difundidos por la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich la semana pasada. La funcionaria destacó que a nivel federal las incautaciones de droga crecieron en un 70 por ciento pero, al mismo tiempo, habló de 265 kilogramos en Santa Fe.
Del Frade presentó un pedido de informes al Ejecutivo de Santa Fe para que diga si “coincide” con ese reporte y si solamente fueron incautados 265 kilogramos de todo tipo de drogas en el territorio santafesino en los primeros nueve meses del año “cuando el promedio que tiene Santa Fe no baja de los 600 kilogramos anuales como mínimo y solamente en relación a la cocaína”.
