Uno de las exposiciones más claras y contundentes del encuentro de jueces federales del pasado jueves en la Facultad de Derecho fue la de un rosarino. El vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Aníbal Pineda, planteó la necesidad de “romper la inercia” frente al aumento de la violencia y el narcotráfico y reclamó un consenso político para diseñar una política de seguridad a diez años, más allá de quien detente el poder de turno. Detalló la falta de recursos y el atraso en los nombramientos para los cargos vacantes en los tribunales locales como así también la falta de una cárcel federal. El auditorio escuchó y aplaudió.
Cuando se fueron los visitantes y al volver a la rutina de la Cámara, Pineda habló sobre lo que dejó el Encuentro de la Justicia Federal organizada por la asociación que nucléa a los magistrados de todo el país. Cree que se ha roto con esa “inercia” al menos por haber convocado a los distintos actores y encarar acciones para avanzar en una serie de acciones.
No le escapó a la autocrítica por la falta de comunicación como así también no haber hecho público antes las deficiencias del sistema, entre otras.
El camarista entiende que "es necesario un acuerdo político entre los partidos mayoritarios" apuntando no sólo a cuestiones de seguridad y de justicia sino también a políticas sociales y educativas de prevención y recuperación de acciones. Sostiene que es clave dañar el negocio de los narcos y apuntó a los empresarios quienes deberían ser los principales interesados ya que les cambiarán las reglas del juego si el crimen organizado se consolida.
Ya sin luces ni el atril, Pineda también fue al grano con Rosario3 como lo hizo ante los ministros de la Corte Suprema de Justicia, los integrantes de la Cámara de Casación Penal y del Consejo de la Magistratura, jueces de todo el país, el gobernador y el intendente
-¿Qué dejó el encuentro de jueces en Rosario?
-Logró romper la inercia a ésta dinámica de echarnos culpas y responsabilidades entre los distintos poderes, de no tomar las riendas del asunto y de tener otra mirada. La presencia de la Corte es un hecho institucional muy importante como así también poner en agenda qué hacer entre los tres poderes de Estado sobre la problemática del narcotráfico y la violencia. La utilidad o no dependerá de nosotros, de cómo encaucemos este hecho institucional y concretarlo en una acción constructiva, superadora.
-¿Qué cambia a partir de ahora?
-Al ciudadano no le cambia nada. Sin embargo, creo que se ha avanzado en varias cuestiones. La primera es que haberle reclamado a la Corte la falta de creación de cargos. Otra es haber entendido que esto no sólo depende del Poder Judicial, después del jueves los otros poderes asumieron un compromiso más firme para fortalecer la Justicia Federal de Rosario. La semana que viene los legisladores nacionales podrían consensuar un proyecto para la creación de cargos, ya están en la letra chica según me comentaron. Eso sin duda sería superador e inédito ya que los tres partidos mayoritarios podrían ponerse de acuerdo y convertirlo en ley. Con respecto a la cobertura de vacantes, tengo cierta expectativa producto de las comunicaciones posteriores que hubo tras el encuentro ya que se podrían mandar en los próximos días los pliegos de las ternas que están desde hace tiempo. Esto estaría saliendo en los próximos días. Y en cuento a la implementación del sistema acusatorio, los legisladores tomaron el compromiso de llamar a la comisión bicameral y así poder avanzar en el mediano plazo.
-¿No cree que faltó autocrítica el pasado jueves?
-En lo personal creo que sí y puedo hacerla. Una es no haber puesto antes en la discusión pública estas necesidades que tiene la Justicia Federal. Otra es que los jueces federales debemos dar cuenta de los expedientes y explicar a la sociedad lo que hacemos sobre una causa o en términos generales: somos funcionarios públicos y debemos dar cuenta de ello. Creo que cierta mala imagen de la Justicia Federal obedece a esa falta de comunicación como así también ha cierto preconcepto que hay sobre que no se ha avanzado sobre ninguna causa importante. La Justicia Federal pudo condenar a un ex jefe de Policía y a un ex jefe de Drogas por sus vínculos con el narcotráfico. Son causas importantes y en cuestiones medulares como es la pata policial en el narcotráfico. También debo reconocer que la Justicia avanzó en la investigación de las dos bandas más importantes producto del compromiso y buen trabajo de sus fiscales como así también de un sistema acusatorio y contar con herramientas tecnológicas como el desbloqueo rápido de teléfonos celulares, algo que no tenemos en el fuero federal y son un obstáculo para investigaciones de calidad. Tenemos que salir a explicar lo que hacemos, yo firmo veinte sentencias por día de causas múltiples. Mal puede la sociedad estar disconforme frente a ese volumen de expedientes resueltos.
Hay que discutir un plan de seguridad a diez años y que se mantenga más allá de quien gobierne
-Usted habla de romper la inercia y le pide a los poderes de Estado que acuerden una política en común para frenar esta ola de violencia y narcotráfico...
-Es romper la inercia de que los poderes ejecutivos y legislativos, a nivel nacional y provincial, sigan bajo la lógica del oficialismo versus oposición, según el lugar donde estén. Hay que romper esa inercia que nos ha llevado a ver cómo se triplicaron los homicidios en los últimos diez años cuando gobernaron las fuerzas políticas mayoritarias y no pudieron solucionarlo. Hay que romper la inercia y que los partidos consensúen y discutan un plan de seguridad a diez años y que se mantenga más allá de quien gobierne. Hay que romper la inercia que se puede solucionar abordando el problema sólo desde lo judicial o policial. El problema es multicausal y hay que abordarlo con otras herramientas y de manera más inteligente. Hay que atacar al negocio del narcotráfico y debilitar su poderío económico. Para ello hay que trabajar en disminuir los niveles de consumo e impedir que siga creciendo. Porque hoy el crimen organizado le está disputando el poder al Estado cuando le cobra protección al vecino o cuando se ocupa de darle una ayuda social.
-¿Ve realmente viable o posible ese acuerdo político?
-Eso dependerá de la fuerza que hagamos. Suena bastante ideal, pero sino intentamos será muy difícil de concretar. Hubo muchos avances y conquistas sociales que llevaron a cambios culturales, por qué no hacerlo con esto. Hoy los que más deberían actuar son los empresarios porque serán a quienes les cambiarán las reglas si los narcos se imponen. Son los que pueden tener ascendencia mayor con los políticos y si no impulsan un acuerdo así el crimen organizado les va a terminar disputando los negocios ya que tendrán una herramienta de lobby distinta y es el monopolio de la violencia, más allá del riesgo de su seguridad personal. Si no vemos con perspectiva, el crimen organizado se va a termina de consolidar. Los actores sociales deben marcar una hoja de ruta y obligar a los futuros candidatos a presentar un plan de seguridad consensuado.
Hoy el crimen organizado le está disputando el poder al Estado
-¿Y cuál sería la clave para avanzar en algo así?
-La clave es el consenso para sancionar leyes para cubrir vacantes, implementar el sistema acusatorio, elaborar un plan común de seguridad, un plan de seguridad no sólo atado al accionar de la Justicia, y elaborar políticas de salud y educación. Hay una herramienta muy concreta que tienen los partidos mayoritarios en la provincia: en septiembre empieza la discusión del presupuesto provincial para el 2023 y en este estado de situación el Ejecutivos y los legisladores podrían consensuar un porcentaje determinado de los recursos que esté destinado a crear centros públicos de rehabilitación de adictos, implementar políticas públicas de educación para no consumir y concientizar sobre las consecuencias del consumo. Son medidas concretas que nadie se podría oponer. Me parece que hay empezar a militar pequeñas acciones públicas para reducir el consumo y recuperar a los adictos.
-Y en está lógica de reducir el poder económico de los narcos y compatibilizarlo con políticas sociales y de reducción del consumo, ¿cuales serían algunas acciones a tomar?
-Entre otras cosas, habría que pensar y discutir qué hacer con la marihuana que hoy significa el 40/50 por ciento de los ingresos de los narcotraficantes. Desde ya que habría que estudiar bien desde la Salud si aumenta o no el consumo una política de legalización del consumo o de permitir el autocultivo para el consumidor. Esto podría ser oportuno pensarlo en la lógica de reducir el poder de los narcos para hacerlos menos poderosos.
-Por último, ¿qué significa o impacto tiene para la Justicia Federal la denuncia que hacen dos fiscales provinciales contra un juez federal por no haber investigado por narcotráfico al líder de una de las principales bandas delictivas pese a las pruebas que le aportaron?
-Una denuncia de este tenor tiene un perjuicio para la institución y en lo personal. Hay una afectación institucional, pero esto no quiere decir que el magistrado en cuestión haya actuado incorrectamente. Imagino que el juez tendrá argumentos para justificar jurídicamente su accionar. Una denuncia por sí sola no significa que las cosas hayan sido así, hay que investigar y es el Consejo de la Magistratura quien tiene la función de hacerlo cuando se inicie el trámite y el magistrado explicar los hechos.
