La Intendencia de Rosario anunció esta semana que luego de arduas gestiones recuperó un predio de la costanera central, en el que funcionan los bares Quillagua, Quita Pena y El Charladero. Lo que no se contó, sin embargo, es el trasfondo de las negociaciones con las firmas que explotaban el lugar, que llevan años sin dejar un peso al Estado, a pesar de usufructuar un codiciado espacio público. Cálculos aproximados marcan que los privados se ahorraron de pagar al Municipio unos 18 millones de pesos.
¿Qué fue lo que sucedió en este tiempo? La zona de Entre Ríos y el río pertenecía a los Ferrocarriles, pero durante la década de 1990 se concesionó su uso a la empresa Coyde SA. Cuando en tiempos de Hermes Binner el Municipio profundiza su política de apertura al río, los terrenos se transfieren y la Intendencia firma a comienzos del nuevo siglo un convenio para que el privado "entregue" el lugar en un plazo de ocho años. Esto último quedó oficializado a través del Decreto 1825/03, que estableció como fecha de vencimiento de la concesión el 15 de marzo de 2010 (había una opción de prórroga por tres años más, pero nunca se concretó).
Durante la segunda gestión de Miguel Lifschitz (2007/2011), se inició una disputa legal entre el Estado local y Coyde, que a pesar de recibir varios fallos en contra (tanto en primera como en segunda instancia) se negaba sistemáticamente a restituir el predio. En el mientras tanto, la firma había dividido el predio y lo subalquiló a otras dos: Entre Ríos 2 SA (titular de El Charladero y Quillagua) y Doc SRL (Quita Pena).
Resumiendo: desde 2010 al privado se le había caducado su derecho de usufructuar el espacio público, pero siguió generando ingresos sin pagar contraprestación alguna al Estado.
Recientemente, la Intendencia logró que las firmas Entre Rios 2 SA y Doc SRL dejen por escrito condiciones para la devolución del lugar, que incluyen otorgarles un permiso de uso precario por un plazo de 18 meses y la obligatoriedad de pagar un cánon. ¿Cuánto abonarán? En todos los casos un 5% de los ingresos por ventas netos de IVA, con un mínimo para cada bar:
-Quita Pena: $30.000 de septiembre a marzo y $10.000 de abril a agosto
-Quillagua: $80.000
-El Charladero: $50.000
En total, el Municipio percibirá cerca de 1,8 millones de pesos anuales. Si se tiene en cuenta que los bares llevan casi 10 años sin dejar un peso a las arcas públicas, bien puede decirse que en este lapso se ahorraron de pagar -a valores actuales- unos 18 millones de pesos.
Los acuerdos -que firmaron Tomás Bertotto por Entre Ríos 2 SA y Cristian Blodorn por Doc SRL- quedaron oficializados a través de los decretos 1629/20, 1630/20 y 1631/20, publicados en el Boletín Oficial con la rúbrica de Pablo Javkin y sus secretarios de Gobierno y Hacienda Gustavo Zignago y Diego Gómez, respectivamente. En ellos se deja establecido que el plazo de 18 meses puede prorrogarse si el Ejecutivo así lo dispone, ya que en ese lapso se confeccionará un nuevo proyecto para volver a concesionar el espacio.
¿Asunto cerrado?
En su comunicado oficial, el Municipio tampoco aclaró que los convenios se hicieron con los actuales titulares de los espacios gastronómicos, pero no con Coyde, la empresa que hizo el primer acuerdo con Ferrocarriles Argentinos y que siempre batalló en Tribunales. Según fuentes consultadas en el Palacio de los Leones, los recientes acuerdos derriban la principal estrategia jurídica del privado, que siempre se amparó en los contratos firmados con sus locatarios.
No es la primera vez que la gestión local anuncia la recuperación del estratégico predio. En 2016, se comunicó oficialmente la toma de posesión del lugar, en base a lo dictado por la Resolución 140/16, firmada por la entonces intendenta Mónica Fein. Sin embargo, todo se empantanó. La actual gestión mencionó estos intentos en la gacetilla de prensa difundida el pasado jueves y se encargó de plantear que "casi de manera inexplicable nunca se pudo concretar (la restitución del sitio)”.
Las versiones sobre por qué la Intendencia nunca logró hacer pie varían según la fuente que se consulte. Todos coinciden que a pesar de las voluntades de los gobiernos de turno, Coyde siempre encontró argumentos para patear el tema hacia adelante. También indican que en el día a día iban apareciendo otras prioridades que desviaban el foco sobre el tema.
Según consta en el Boletín Oficial, la empresa Coyde es una Sociedad Anónima con domicilio en la peatonal Córdoba, cuyo presidente es Lucas Ignacio Brun Peña, un hombre que ante Afip declara como actividad principal el servicio de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Asimismo, figura como responsable del dominio de Quatro & Asociados, firma dedicada a la realización de pilotes y movimiento de suelos.
Documentos oficiales
Dictamen 557/13 del Tribunal de Cuentas, donde se consigna el detalle del Decreto 1825/03, que estableció que la concesión vencía en noviembre de 2010:
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Resolución 140/16, en la que la ex intendenta Mónica Fein dispone la posesión formal del predio:
Resolución 140/16 by JuanChiummiento on Scribd
Decretos 1629/20, 1630/20 y 1631/20 firmados con los titulares de los bares para la restitución del sitio:
El Charladero
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Quillagua
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Quita Pena
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