Un comunicado de la dirección explicó que esa dependencia se ocupa desde hace 20 años de acompañar a ciudadanos/as adoptados o apropiados fuera del contexto del Terrorismo de Estado (1976-1983) que buscan su identidad de origen y que se llaman a sí mismos, "buscadores/as".
"Estas personas, no disponen de bases de datos genéticas estatales con fines de establecer filiación, como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), así como tampoco son población objeto de Unidades Fiscales Especializadas como la que existe para casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante). Ante esta situación, la salida que más frecuentemente encuentran, ha sido recurrir a los test de ancestría", puntualizó el área de Personas Desaparecidas bonaerense.
Ante esa situación y preocupados por su validez, "solicitamos a especialistas en genética de poblaciones humanas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, que opinaran sobre la materia. En su respuesta, miembros del Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina (PoblAr) sugieren cautela a la hora de interpretar los resultados de los test de ancestría, y aseguran que los servicios ofrecidos por éstas compañías -algo más de cuarenta en todo el territorio argentino- no pueden arrojar resultados compatibles con parentesco en primer, segundo o tercer grado, por lo que ninguno de ellos puede ser interpretado como prueba fehaciente de filiación".
Explicaron que esos test de ancestría "son test pagos, de venta libre, que ofrecen a los consumidores la posibilidad de realizar turismo genético, es decir, conocer sus orígenes étnicos, el riesgo de desarrollar enfermedades o buscar familiares biológicos en la actualidad, carecen de regulación legal y las bases genéticas se constituyen a expensas de clientes que devienen en dadores voluntarios de su ADN".
"Estas empresas no informan a los consumidores conceptos que son fundamentales como la magnitud de las bases de datos genealógicas, el nivel de estandarización de los métodos, la existencia o no de una cadena de custodia (esto es, toma de la muestra, empaquetado, preservación, transporte de acuerdo a protocolos aceptados), la razón de verosimilitud, etc", precisaron.
Consideraron que "resulta evidente la necesidad de que los buscadores de identidad de origen, según el caso, puedan recurrir también al BNDG cuyo uso, hoy, es restrictivo. En ocasiones, otra alternativa sería la judicialización del caso pero véase el ámbito forense del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires: actualmente el tiempo de espera para la realización de esos análisis supera el año, en parte porque hay un solo perito de la especialidad".
"Esta Dirección Provincial tampoco dispone de recursos para realizar estudios de ADN, debiendo los interesados recurrir a laboratorios privados, cuyos costos pocas personas están en condiciones de asumir", concluyó.
