El fiscal de delitos económicos Miguel Moreno, quien investiga la caída del financista Luis Herrera, informó el miércoles públicamente que en los allanamientos realizados días atrás en las oficinas del empresario no encontraron documentación que vincule los fondos que tomaba de los clientes con las inversiones financieras en el exterior en la que decía que los colocaba. “Todavía restan elementos por relevar, pero no aparece nada; y por eso seguimos la línea de que los ahorristas fueron víctimas del delito de estafa”, señalo el fiscal en una audiencia ante la jueza penal Paula Álvarez.
Las palabras del fiscal arrojan más interrogantes sobre la pregunta central para los ahorristas que quedaron enganchados en el default: ¿el dinero está atrapado en el exterior, como dice Herrera, o se perdió en esas inversiones? O peor aún: ¿Existieron alguna vez esas colocaciones? Si bien el cálculo es difícil porque son operaciones privadas (y la gran mayoría fue en blue), el descalce que maneja el mercado es de al menos 30 millones de dólares con unos 2.000 clientes.
La presentación en convocatoria de acreedores (que fue rechazada) arrojó las primeras pistas y dudas sobre el destino del dinero depositado. Ya que si bien reconoció que en paralelo a su negocio de Bolsa (a través de la firma Fernández Soljan, de la que es presidente) recibía fondos para colocar en el mercado de futuros de Chicago, en Estados Unidos.
Pero no se explayó sobre montos y posiciones, según se lo hizo notar hasta el propio magistrado Marcelo Quiroga, quien le rechazó la presentación. Pero Herrera sí sostuvo que había invertido fondos en cuatro empresas vinculadas a la agroindustria y la tecnología de la que el grueso de sus clientes desconocía como 2.520.000 dólares en Uniagro, 2.500.000 dólares en Tanoni o 905.000 dólares en Smartium SA.
Pero el miércoles, en el marco de la audiencia en la que –como anticipo en exclusiva Rosario3- la jueza Paula Álvarez congeló por 10 días hábiles la concreción de la subasta de sus acciones en el mercado de futuros Matba-Rofex (su principal activo declarado para hacer frente a la deuda), el fiscal Moreno sumó datos reveladores: “No encontramos documentos que respalden la existencia de operaciones con fondos de inversiones en el exterior, brokers, operadores extranjeros o el propio mercado de futuros de Chicago”, dijo el fiscal.
Al tratarse de dólares que Herrera tomaba en negro (billetes que los clientes le dejaban en su oficina), el financista explicaba que con triangulación de cuentas lograba colocar los fondos en el mercado de futuros de Chicago. Es por eso que el fiscal informó que no halló documentación que respalde la existencia de esos negocios puede significar que en realidad todo eso era mentira y se está ante una estafa de proporciones o que, por el contrario, Herrera tiene –para beneficio de los ahorristas (hasta que defauletó)- tan bien a resguardo los fondos de todos los entes oficiales que nadie puede ni seguirle el rastro.
El financista siempre argumentó que la principal razón de no poder devolver, como lo hizo durante 25 años, el dinero colocado en el exterior era porque se habían incrementado los controles en Estados Unidos (sobre todo luego de que Argentina haya sido degradada a mercado “stand alone”) para movimientos de dinero que no fueran entre sus cuentas propias no dejándolo así poder hacer grandes transferencias, incluso a ahorristas con cuentas en Estados Unidos y países de muy baja presión tributaria, como los del Caribe.
En definitiva sólo podía tener un ducto pequeño de movimientos entre cuentas propias (de afuera hacia el país) para mantenerse por debajo del radar de las autoridades y que resultaba insuficiente ante la corrida que enfrentaba.
¿El dinero sigue, entonces, atrapado? ¿O en realidad se perdió en las operaciones y por eso no hay rastro? Ocurre que el estilo de negocios que hacía en la Bolsa de Chicago -arbitrajes sobre derivados de derivados, conocido en la jerga bursátil como Mananged Futures- puede generar ganancias exorbitantes (pudiendo así explicar las altas tasas de interés en dólares que pagaba) como pérdidas descomunales. Y va de suyo que al mercado nadie le gana siempre. Pero las declaraciones públicas del fiscal le quitan todo argumento a esta línea de trabajo. Y agigantan los peores temores de los ahorristas.
Ahora bien, si la Fiscalía cruza esa falta de documentos que acrediten la existencia de colocaciones en el exterior con los cientos de mails y whatsapps que de esa oficina enviaban a sus clientes diciendo que su dinero estaba invertido afuera, puede encontrar ahí la base de la estafa que presupone. ¿Esa posibilidad podría, entonces, hacer que Herrera ponga sobre la mesa la ruta de salida que tenía al exterior, si es que la tenía? ¿Y eso le convendría a sus clientes? Es que significaría blanquear los miles de dólares en blue que manejaban con él con la Afip sobrevolando el caso.
Y en este punto, no es un dato menor que a la hora de argumentar el rechazo a la convocatoria de acreedores de Luis Herrera, el juez Quiroga puso como un argumento central la falta de presentación del libro de operaciones, del libro de comitentes y de registros de movimientos diarios, inventario y balances.
¿Peor que Guardati Torti?
Pero ese no fue el único dato revelador que puso sobre la mesa el fiscal en la audiencia. Resulta que Moreno contó que recogió dos tipos de denuncias. Por un lado, de ahorristas que –vía mutuos- habían prestado dinero a título personal a Luis Herrera que no fue devuelto. Y un segundo grupo de comitentes de la agencia de Bolsa que conduce (Fernández Soljan) que denuncian que no les están devolviendo el dinero que quieren retirar. En ambos casos, todo es dinero blanco y registrado.
Antes los reclamos de los clientes que invertían en Bolsa por el retiro de dinero, la explicación de la agencia (a cargo operativamente de los dos hijos de Luis Herrera) es que por un denuncia penal presentada por un particular (que no es clientes de la agencia sino de Luis Herrera a título personal) se les impide todo movimiento de dinero
Pero el fiscal aportó un dato distinto. “Hay un faltante de saldos líquidos en las cuentas comitentes”, dijo. “Pero además detectamos que liquidaron las posiciones de la totalidad de las cuentas comitentes que manejaban y ese dinero no fue nunca entregado a sus clientes; esto es se lo dispuso libremente en perjuicio de los demandantes. Teniendo la custodia del ese dinero, vemos que hay abuso de administración y conducta propia de administración fraudulenta”, denuncio el fiscal Moreno.
Lo relatado por el fiscal supone (de comprobarse) un delito aún peor que el denunciado en el caso de la agrofinanciera Guardati Torti (GYT), que tiene a todos su directorio imputado por estafa al haberse quedado con los saldos líquidos de sus clientes. Pero en el caso de Fernández Soljan, el fiscal dice (y luego la Justicia tendrá que validarlo o rechazarlo) que la agencia de Bolsa le habría vendido las posiciones quedándose con esa propiedad y no sólo con el saldo líquido de la operación.
¿Y la seguridad jurídica?
En tanto, la decisión de la jueza Álvarez generó gran conmoción en el mercado de capitales habida cuenta que no hay registros de acciones subastadas en Bolsa que queden en suspenso como se dispuso por, al menos, 10 días hábiles judiciales.
Según la magistrada, el fiscal Moreno tiene ese plazo para encontrar evidencias suficientes que justifiquen suspender el proceso. Para Moreno sacarle ese patrimonio a Herrera significaría la concreción de la estafa ya que de esa forma los ahorristas no podrían recuperar lo perdido.
En líneas generales ese también fue argumento de los abogados de los ahorristas que respaldaron al fiscal. Además, tanto fiscales como ahorristas –y también los letrados del propio Herrera- aprovecharon para decir que el préstamo impago suscrito tenía condiciones abusivas (tasa de interés, entre otras cosas) por parte de Transatlántica.
Formalmente, ese dinero –que se debía depositar este jueves por los compradores de las acciones de Matba-Rofex subastadas el martes en la Byma- queda congelado por 10 días y de no haber inconvenientes vencido ese plazo Transatlántica se lo podrá llevar y los títulos de valor cambiar de dueño.
Pero como se vendieron por $494 millones sólo 2.3 millones de las 5.2 millones de acciones que tiene Herrera, ese saldo de acciones también queda embargado por la Justicia al menos por 30 días. Sólo se vendieron 2.3 millones porque, según aseguró Transatlántica, al venderse a $200.1 cada acción alcanzó para recuperar el dinero que dicen Herrera dejó sin pagar.
Además del plazo del fiscal para investigar, la lectura jurídica que se hizo de la cautelar es que le otorgó a Herrera también tiempo para volver a probar con el concurso de acreedores, que permitiría –además de reordenar el pasivo- convertir a Transatlántica en un acreedor más a verificar créditos sin poder ejecutar la prenda.
No obstante, no parece un plazo que le alcance. Al menos hasta el mediodía del jueves, Herrera no había apelado el rechazo al concurso por parte del juez Quiroga. Esa presentación la tienen que hacer ante Quiroga, quien debe admitirla y en caso de hacerlo debe sortearse la Cámara que lo trataría y ésta definir, entonces, si lo acepta. Conocedores de los tiempos de los Tribunales dijeron a Rosario3 que cumplir todos esos pasos demandan en el mejor de los casos un mes.
Finalmente, este cruce entre Herrera, los fiscales y los ahorristas contra Transatlántica por la ejecución de las acciones es un capítulo en sí mismo. Pero a la gente del mercado lo que le generó es escozor por la inseguridad jurídica que, advierten, provoca.
Es que se trata de una préstamo garantizado por prenda (que, por definición, son de los de más seguro cobro) documentado en blanco que ejecutó la garantía vía subasta pública, transparente y electrónica pero que igual ni comprador ni vendedor pueden hacerse del producto y el capital por la cautelar interpuesta.
Por lo pronto, y pese a este manoseo, las acciones de Matba-Rofex que cotizan en Bolsa no sufren el embate y el miércoles habían subido a $218 cuando en el remate se transaron a $200.
Es que, en definitiva, la batalla por estas acciones es un intento de llevar al terreno de las operaciones en blanco (como el préstamo de Transatlántica) la disputa por el faltante del dinero depositado en negro.
Y las diferencias de monto son abismales: el fiscal calculó en 1.5 millones de dólares el monto que ahorristas denunciaron en la Justicia que le falta (todo en blanco), mientras que el rojo de la mesa blue (la de las supuestas operaciones en Chicago) se calcula en unos 30 millones de dólares.
