Los contadores Norberto García, Diego Telesco y Carlos Amut serán este jueves los protagonistas de la nueva audiencia imputativa en el caso Vicentin, el mayor default en la historia del mercado de granos con una deuda impaga de u$s1,500 millones. No se trata de directores o gerentes de la agroexportadora, sino que son los síndicos de la convocatoria de acreedores.
Y que, precisamente, sean ellos los tres profesionales que vayan a ser sindicados por los fiscales como “encubridores” de una estafa pergeñada por una asociación ilícita es lo que los convierte en los actores centrales de la audiencia imputativa que se realizará en el Centro de Justicia Penal. Y las imputaciones también pueden sentar precedente en el papel de los síndicos en las convocatorias.
Formalmente, el fiscal de delitos económicos Miguel Moreno imputará por asociación ilícita a todo el directorio que estaba al frente de Vicentin al momento del default en el marco de la causa por defraudación y estafa que se lleva adelante en la Justicia penal de Rosario.
Como el directorio ya estaba imputado por estafa y administración fraudulenta, la nueva imputación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) le complica el frente penal. Y si bien se trata de un delito no exacerable, también es de las figuras más difícil de probar por parte de los acusadores.
Pero quienes por primera vez se sentarán en el banquillo de los acusados y en calidad de “encubridores” son los tres síndicos, cuya actuación viene siendo muy criticada por importantes acreedores comerciales ya que sostiene que a lo largo de todo el proceso concursal los síndicos hicieron suyos todos los argumentos expuestos por la empresa, por ejemplo al definir las causas de las caída de Vicentin.
¿Cómo llegan los síndicos a quedar envueltos? El fiscal consideró que los problemas financieros que tenía la empresa desde 2017 fueron ocultados a acreedores para seguir recibiendo préstamos y granos hasta el momento de del default. Moreno también aseguró que la crisis se ocultaba a la hora de confeccionar los estados financieros que debían presentar a los bancos que lo financiaban.
En concreto, la “auditoría forense” encontró que Vicentin recibió 3,8 millones de toneladas de granos entre 2017 y 2018 que los registraron como activos pese a que no los había pagado y por eso debía figurar como pasivo.
Para el fiscal, los síndicos habrían sido cómplices en el encubrimiento de la estafa porque los resultados de la “auditoría forense” no fueron tomados en cuenta en el informe general que realizaron los síndicos y que habilitó el proceso de realización de oferta de pago.
Y de esta línea de trabajo surge, entonces, un debate crucial: ¿se puede aprobar una oferta de pago presentada por Vicentin que permitiría la concreción final de la estafa, según la hipótesis del caso?
Choque de fueros
El espíritu de la ley de concursos y quiebras (y los usos y costumbres de los jueces civiles durante las convocatorias) buscan evitar el cierre de las empresas que defaultean con el argumento que el peor escenario para todos los acreedores (y empleados) es el cierre y la quiebra. Y por eso suelen acompañar los intentos de las empresas en acomodar su situación financiera.
¿Pero qué pasa cuando en paralelo a la convocatoria avanzan investigaciones penales que ponen sobre la mesa que, más allá de las razones económicas de la convocatoria, hay maniobras fraudulentas, como una estafa? ¿Pueden los síndicos del concurso y los jueces civiles y comerciales llevar la convocatoria como cualquier otra empresa en crisis mientras que en el tribunal penal se destacan maniobras imputadas de delictivas, como alterar balances?
No es la primera vez que el debate emerge, pero desde que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se enfocó en seguir casos de delitos económicos en las altas esferas empresarias empieza a hacerse más frecuente. Por ejemplo, el papel de las síndicas de la convocatoria de la malograda agrofinanciera Guardati Torti (las contadoras Carolina Gortari, Paola Beltramino y Mariela Garcia) también fue muy cuestionado por acreedores ya que las profesionales pasaron por el costado de todas las investigaciones penales en contra de sus directores. Fue así que hasta terminaron declarando ante los fiscales.
En los casos de convocatorias multimillonarias, como el caso de Vicentin, también está la sombra de los jugosos honorarios que cobran si se firman las convocatorias y que alumbran nuevos millonarios. Y, en ese sentido, todas las demoras procesales, como las cuestiones penales, conspiran con el cierre de concursos. ¿Cuánto embolsarían los tres contadores Norberto García, Diego Telesco y Carlos Amut? Según la ley, entre el 1 y el 4 por ciento de los activos declarados, que en Vicentin fue de 100 mil millones de pesos a dólar de 2020.
En el caso de Vicentin, ni lo síndicos del concurso ni el juez Fabián Lorenzini hicieron alguna vez mención a lo que pasaba en el fuero penal. No sólo no lo tomaron como variable de análisis (lo que puede ser discutible ya que la defensa de Vicentin sostiene que no hay delitos y que todo fue por un stress financiero) sino que ni dieron cuenta de la existencia de la causa penal.
Ante ese choque de fueros, que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomó cartas en el asunto y congeló el año pasado el proceso cuando Lorenzini se disponía a aprobar la oferta de pago presentada por Vicentin y que financiaba el aporte a los acreedores con la venta de activos cuando éstos estaban inhidos en el marco de las investigaciones penales contra el directorio de Vicentin.
Fue así que luego de analizar el expediente, el alto tribunal se lo devolvió al juez con la recomendación de que así como estaba la propuesta no podía homologarse. También criticaron que la propuesta establecía distinto y desigual tratamiento a los acreedores, cuando éstos no habían sido categorizados en tiempo y forma.
Más objeciones
Precisamente, este miércoles se sumaron impugnaciones contra la oferta. El martes se conoció el rechazo del Banco Nación, principal acreedor, y la Afip. Y ahora se sumaron el Banco Ciudad de Buenos Aires y el Banco Bice También Commodities, el acopio del grupo Grassi que es el segundo acreedor comercial en importancia y el sindicato aceitero de los San Javier y General Obligado.
Más allá de los tonos (en el Nación la tildan la oferta de fraudulenta, abusiva, maliciosa y antijurídica), en todos los casos se critica la propuesta de pago por argumentos antes descriptos: para los grandes acreedores la quita oscila entre el 80/90% y se financia con la venta de propiedades, algo que no puede hacer.
Pero el sindicato suma otros argumentos que hasta ahora no habían salido a flote con contundencia. “La propuesta manifiesta la necesidad de despedir 80 trabajadores porque propone a la planta de Avellaneda como activo prescindible”, dice en el escrito del sindicato que lleva la firma de Leandro Monzón, secretario del gremio, y el abogado Sebastián Spiller.
Además, destacan que el cambio de negocio (de industria pasaría a prestar servicios) significaría “que los trabajadores administrativos serán todos despedidos”, mientras que los obreros quedarían en una situación de transición por 18 meses sin ninguna seguridad sobre su futuro”.
Y es en este contexto, el juez Lorenzini debe decidir si homologa o no la oferta que le presentó Vicentin con la mayoría en capital y cápitas que le exige la ley.
