Doce directivos de Vicentin al momento de la crisis y los tres síndico del concurso de la agroexportadora fueron imputados este jueves de integrar una asociación ilícita destinada a defraudar y estafar a productores agropecuarios y bancos. Pero cuatro de los altos ejecutivos (Daniel Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze y Omar Adolfo Scarel) quedaron más complicados porque fueron señalados como jefes de la asociación ilícita, según la investigación que lleva adelante el fiscal Miguel Moreno.
Para el fiscal, la estafa (que consistió en mostrar una salud económica que la empresa no tenía para seguir recibiendo granos y créditos) fue orquestada a partir de 2017 cuando el directorio empezó a planificar la comisión de una pluralidad de delitos de manera organizada, valiéndose de la estructura de la sociedad “Vicentin Saic” y un conjunto de empresas vinculadas. Pero además la estrategia fue acompañada de una división del trabajo dentro de la organización que establecía distintas responsabilidades. En ese contexto, se argumentó que había cuatro jefes porque “demostraron tener autoridad sobre otros miembros”, según dice en el escrito de 230 páginas.
En el escrito se analizan todos los hechos de estafa y de adminsitración fraudulenta que los fiscales le vienen imputando a la conducción de la compañía. Por ejemplo, un hecho de administración fraudulenta del diciembre de 2019.
Según describe Moreno, "apenas dos días después de que se hiciera pública la comunicación de su cesación de pagos y 18 días hábiles antes de presentarse en concurso preventivo, los integrantes del directorio dispusieron la aprobación de la venta de las acciones representativas del 100% del capital social de la sociedad Tastil SA en favor de la sociedad “Losagor S.A.”, procurando con ello, un lucro indebido en favor favor de esta última por la suma de u$s 1.600.000 y perjudicando la posibilidad de negociación con los eventuales acreedores que se presentarían a verificar sus créditos en el concurso preventivo, con el peligro concreto de conducir a Vicentin a una futura quiebra y el perjuicio que ello conllevaría a la sociedad y sus socios".
Para el abogado penalista Gustavo Feldman, uno de los principales promotores de las denuncias y quien desde un primer momento sostiene la existencia de una asociacion ilícita "fue contundente la evidencia" presentada. "El Fiscal Moreno imputó asociación ilícita con el mismo esquema fáctico que denunciamos hace 3 años. División de roles y funciones. Gazze, Scarell y Macua como jefes u organizadores. Además, las empresas vinculadas como Buyanor quedaron bajo la lupa", sostuvo.
El contra-ataque
Mientras el frente penal se le complicó a Vicentin, que ya acumula imputaciones por estafa, administración fraudulenta y presentación de balances falsos, la empresa asegura que se fortalece en el proceso concursal.
"Concluido el período formal establecido para la presentación de impugnaciones sobre la propuesta concursal presentada por la compañía ante el Juzgado Civil y Comercial Nro.2 de la ciudad de Reconquista a cargo del Juez Fabián Lorenzini, la valoración final de los acreedores que deben recibir los pagos arroja que sobre 1.618 acreedores computables, han votado por el apoyo de la propuesta 1.019 acreedores (63%) que representan el 74% del pasivo computable; 594 acreedores (37% que representan el 13% del pasivo) se han abstenido de votar, mientras que solamente 5 acreedores (0,3% que representan el 13% del pasivo) se han opuesto al acuerdo", dice en un comunicado difundido este jueves.
Quienes impugnaron la ofert. son los cuatro acreedores del sector público (BNA, BPBA, BICE y AFIP) y Commodities (del Grupo Grassi, y segundo acreedor comercial en importancia.
"Como común denominador, todos ellos manifiestan su rechazo a la propuesta concursal utilizando términos agraviantes y con argumentos sesgados que no se ajustan a la realidad de los hechos ni al derecho vigente", aseguró Vicentin.
"Por su parte, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón también se ha opuesto pero por razones que no tienen que ver con un crédito, pues reconoce que no es acreedor de Vicentin y que no se le adeuda ningún concepto", dice la firma.
El gremio le avisó al juez Lorenzini que la aprobación de la propuesta significará 80 despidos ya que los activos que la firma tiene en el norte no fueron puestos a la venta.
"Reiteramos nuestra confianza en la normal terminación de esta etapa y en que -superadas las limitaciones de las medidas cautelares hoy vigentes- el pago a nuestros acreedores podrá materializarse prontamente.
"Aprovechamos la oportunidad para agradecer el apoyo y la comprensión de nuestros acreedores y de los trabajadores de Vicentin que han sostenido con su trabajo todo este período de incertidumbres que está próximo a finalizar. Sin el esfuerzo de todos, hubiera sido imposible alcanzar el punto en que nos encontramos ahora, cuando podemos avizorar una nueva Vicentin en condiciones de volver a crecer y contribuir al crecimiento de la Provincia de Santa Fe y del sector agroindustrial exportador de todo el país", concluye el comunicado de Vicentn.
Finalmente, el juez ahora tiene un mes para analizar las impugnaciones. Luego, deberá definir si homolga la oferta o habilita la instancia de salvataje de terceros vía cram down.
