El anuncio del “Fideicomiso de Acreedores Granarios de Vicentin” de que trabaja, junto con el banco internacional UBS, en el armado de un plan de rescate de la agroexportadora en default tuvo amplias repercusiones en la marcha de concurso de acreedores, que enfrenta ahora momentos decisivos.
En líneas generales, este grupo de 70 acreedores agropecuarios –que tiene entre sus promotores al Grupo Grassi, el segundo en importancia en materia comercial- informó este domingo que “conociendo la imposibilidad de que una propuesta de pago como la planteada por Vicentin prospere, y, la voluntad explícita del gobierno de proteger la competencia y las fuentes de trabajo, evitando el desguace y la concentración en la industria, hemos decidido avanzar” en el proceso de cram down.
“Desarrollamos un modelo de negocio virtuoso, que permite pagar a los acreedores granarios la totalidad de sus acreencias, medidas en la moneda de la cadena, y con ello construir el motor para la continuidad de la empresa y para obtener los recursos necesarios en una reestructuración del pasivo”, informó el Fideicomiso con un comunicado oficial.
Vicentin le debe al agro unos 450 millones de dólares, pero el grueso del pasivo es financiero (unos 1.000 millones de dólares), y por eso para que cualquier propuesta prospere (tanto la de los acreedores granarios como la de Vicentin, atada a una futura venta a Molinos Agro, Glencore y ACA) debe tener el visto bueno de los bancos.
“Celebramos que haya varios interesados. Siempre sostuvimos que era necesario un proceso competitivo Y estamos expectantes y analizaremos todas las propuestas que se presenten, para poder luego apoyar la que consideremos la mejor alternativa para los acreedores”, fue la respuesta que trascendió a Rosario3 desde el pool de bancos extranjeros, que juntan 500 millones de dólares en deuda defalteada. Desde este nuclemiento, que siempre miró con ceño fruncido a la propuesta de pago que hizo Vicentin, aseguraron que todavía no conocen en detalle la propuesta del “Fideicomiso de Acreedores Granarios de Vicentin”.
En tanto, desde el Banco Nación –que es el principal acreedor individual de Vicentin, ya que le dejaron sin pagar 300 millones de dólares- dejaron trascender que “se apoya y se está dispuesto a, incluso, contribuir con financiamiento a cualquier alternativa que, además de permitir recuperar el dinero prestado, evite la quiebra, el desguace de la empresa, y la pérdida de empleos, siempre y cuando no continúe ninguno de los directivos y accionista actuales”. Es más, desde el banco público pusieron directamente como condición “sine qua non” que los actuales propietarios y ejecutivos se vayan para apoyar una propuesta.
En ese sentido, y pese a los dichos, en los papeles –al menos hasta ahora- la propuesta de pago oficial (quita del 70% a pagar en 15 años) sólo supone analizar la alternativa de compra en el largo plazo por parte de ACA, GLencore y Molinos Agro. En efecto, los actuales dueños de Vicentin –que serían corridos de la conducción- quedarían como accionistas durante todo el proceso de pago, ya que el dinero que inyectarían los inversores sería para capital de trabajo, trabajar a fazon y para contingencias.
Por el contrario, un punto fundamental de la propuesta del cram down es con todos los directores y accionistas corridos desde el día uno, y eso suma en la misma vereda a la entidad pública. Desde el Banco Nación dijeron a Rosario3 que sólo tuvieron contactos informales con los promotores del cram down y están a la espera de que los convoquen, resaltando que incluso analizan sumar capital y financiamiento al rescate, si la iniciativa logra el visto bueno del directorio del principal banco del país.
En este escenario, el juez que lleva el concurso Fabián Lorenzini debe decidir en las próximas horas si le extiende a Vicentin el pedido de exclusividad para negociar con los acreedores más allá del 16 de diciembre. Hasta ahora, prima la opinión en que el magistrado le dará más tiempo a Vicentin.
Ocurre que como Vicentin anunció que trabaja en mejorar la oferta luego de que el magistrado se lo reclamara, tiene lógica que el juez le conceda más plazo. Además, por el lado de los acreedores cerealeros que impulsan el cram down tampoco hay puesta sobre la mesa una oferta concreta que pueda justificar no extender el plazo de exclusividad.
No obstante, Lorenzini puede esperar a ver lo que ocurra el dos de diciembre, fecha prevista para una asamblea convocada por los interventores en la que se analizará si los inversores estratégicos y los accionistas deciden aportar más capital para mejorar la oferta. Si Lorenzini ve una voluntad de desembolso mayor, sería más fácil que extienda el plazo de exclusividad, y por más que un mes y medio (que sería lo mínimo ya que en enero hay feria judicial).
