En el "run-run" de los negocios de esta domingo salimos con dos anticipos. Uno que están cocinando los empresarios para el sector de la construcción y otro que está impulsando el gobierno provincial para la industria. 


1) El Banco de los Constructores

Teniendo el financiamiento y la voluntad política de invertir en obra pública, el desafió que enfrenta ahora el gobierno provincial para que la construcción logre levantar vuelo es estrictamente de planificación y gestión. En concreto: el reto es el armado constante de nuevos proyectos (sobre todo de mediana y gran envergadura) para mantener el buen ritmo de licitaciones y adjudicaciones de obras que se registra de junio. 

A pesar de que ahora Nación, Provincia y Municipalidad pisaron el acelerador con las licitaciones, la actividad de las contratistas todavía no se recuperó a los niveles de pre-pandemia y con las alta capacidad ociosa. 

En concreto, según los registros de la Cámara de la Construcción (Ieric), el último dato relevado mostró que hay 30 mil trabajadores formales empleados en la construcción cuando en febrero de 2019 había unos 41 mil obreros del sector trabajando en la provincia. Y no hay que olvidar que el sector sufrió 25 meses consecutivos de baja (desde 2018 a octubre de 2020 que empezó a recuperarse lentamente), según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del Indec. 

Ese escenario es el que explica porqué los constructores provinciales están pasando ofertas muy ajustadas a los presupuestos oficiales en las licitaciones buscando asegurarse los contratos y así mantener en actividad las empresas. Pero esta estrategia también tiene su costo.

Es que pasar precios tan ajustados para asegurarse los contratos en un contexto inflacionario (que ningún índice de actualización puede seguir al detalle) está llevando a varias empresas a encontrarse que tampoco les termina cerrando financieramente. Y por eso no son pocos los que analizan en detalle la conveniencia de seguir saliendo con bajas ofertas con tal de asegurarse mantener la empresa en actividad.

Claramente, la cuestión trasciende por lejos a una gestión Nacional-Provincial y Municipal. Es que en Argentina es muy amplia la brecha de la infraestructura ente la demanda por el crecimiento poblaciones y las obras existentes. Haces décadas que en la Argentina la inversión en infraestructura (nueva y mantenimiento) nunca superó el 2% del PBI cuando, según la Cepal, las economías nacionales deberían invertir entre 5% y 6% del PBI. Esa sub-inversión permanente va generando que la inversión necesaria para poner a punto la infraestructura nacional sea mayor.

Pero para achicar esa brecha no se trata sólo de conseguir el financiamiento, sino de tener toda la burocracia en línea para generar y diseñar los proyectos de inversión a un ritmo incluso mayor que el de países de primera línea. 

Ante ese escenario, las constructoras concluyen que la salida pasa por apuntalar al gobierno provincial en el armado de los nuevos proyectos a licitar. Sobre todo porque, al pasar el peine fino a los proyectos, en su mayoría las obras que se están licitando eran obras que -por diversas razones, desde la crisis a la pandemia pasando por las auditorías del cambio de gobierno- son reactivaciones de proyectos en marcha habiendo pocas nuevas grandes obras que se estén proyectando. 

¿Y qué están pensando los constructores para apuntalar la inversión en infraestructura? La estrategia que teje la delegación de Rosario de Cámara Argentina de la Construcción es a dos puntas. Para apurar ya mismo el ritmo de las licitaciones proponen que en la misma oferta de precio por una determinada obra que el gobierno provincial quiera encarar, el constructor interesado en el negocio también haga la propuesta de proyecto ejecutivo y la ingeniería. Es que, dicen, los equipos privados pueden hacer esa tarea a más ritmo que el púbico.

Pero también preparan una propuesta de fondo (y pensando más para el largo plazo).Se trata de armar un Banco o Agencia de Proyectos de Infraestructura que sumando a empresarios, gobiernos y académicos vaya generando sin pausa iniciativa concretas de obras estratégicas que además queden afuera de los tironeos políticos entre gobiernos entrantes y salientes por la autoría de las iniciativas.

La experiencia internacional con este tipo de banco de proyectos es amplia y satisfactoria incluso en América latina y promovida por los organismos multilaterales. Los constructores rosarinos apuestan a presentar la iniciativa en un foro de Obra Pública que están organizando para antes de fin de año.

2) “Energía para el Arraigo Industrial”.

Mauricio Caussi, titular de la EPE

Ese es el nombre con el que el titular de la EPE, Mauricio Caussi, analiza bautizar un programa tarifario que viene estudiando desde hace meses y que, de concretarse, le permitiría a las industrias ubicadas en ciudades chicas acceder a un precio más bajo de la tarifa eléctrica. Una iniciativa que entusiasma al gobernador Omar Perotti, quien ya la estuvo comentando esta semana en círculos empresarios. 

En la actualidad, los usuarios industriales pymes radicados en Parques o Áreas Industriales reconocidos cuentan con una Tarifa Especial por la energía con un descuento del 20% sobre los niveles tarifarios finales de sus respectivas categorías. Para Grandes Demandas los usuarios cuentan con una tarifa especial con un descuento del 12% en el cargo por potencia (VAD), lo que implica alrededor del 5% de descuento sobre la tarifa final.

La propuesta que impulsa ahora Caussi -quien conoce al detalle las necesidades y potencialidad de la industria, sobre todo de las pymes del interior- le permitirá acceder al régimen de promoción en la Tarifa Industrial a las industrias de las localidades de menos de 10 mil habitantes en los mismos términos que las otorgadas a usuarios ubicados en Parques o Áreas Industriales

Las empresas para poder acceder al beneficio deben realizar inversiones, a partir de la puesta en marcha del Programa (no es retroactivo), tendientes a ampliar su planta industrial, incrementar su producción, y aumentar el empleo y tener aprobación de la Autoridad Comunal local, en términos de la ubicación geográfica de la planta industrial y las medidas previstas para el cuidado del Medio Ambiente

El beneficio alcanzaría como máximo a 3.918 usuarios industriales pymes y otros 234 grandes usuarios. Según los cálculos de la EPE, si todas las industrias actuales harían uso del programa (tope del beneficio), el costo fiscal del programa sería de $313.000.000 si se incluyen a todas las Comunas (90 millones actuales, 223 millones adicionales propios de la ampliación), o de $247.000.000 si se incluyen sólo a las comunas de menos de 5000 habitantes (90 millones actuales, 157 millones adicionales propios de la ampliación). Sobre el costo fiscal máximo proyectado estaría en el orden de los 350 millones de pesos

Ahora bien, si la provincia mantiene su política de no discriminación con los usuarios de las Cooperativas, y considerando además que éstas implican entre un 9 y un 14% del mercado eléctrico provincial, podríamos proyectar en un 12% adicional el costo fiscal máximo anual de. programa haciéndolo extensivo a las comunas atendidas por cooperativas.