El “run run” de los negocios tuvo el domingo un top ten muy cargado, pero quedaban varias historias por contar. Una de ellas en particular. Y arranca con un misterio.
¿Hay una “rosadita” en una concurrida parroquia del sur santafesino? ¿Se hacen operaciones financieras en negro en la iglesia de una pujante comuna de la zona? ¿Se firman y ejecutan en esa iglesia millonarios contratos inmobiliarios en efectivo?
La historia es la siguiente: la semana pasada ocurrió un nuevo capítulo del largo conflicto entre la localidad de Bigand y sus pobladores con la fundación que administra los bienes de los ya fallecidos herederos de la familia fundadora de Bigand.
El contrapunto tuvo años atrás su capítulo más caliente cuando hubo intentos de la Fundación de desalojar pobladores y aparceros. Pero las escaramuzas siguieron ocurriendo y nunca se acabaron con el alambrado de calles, o la imposibilidad de hacer limpieza de canales que pasan por las 3,000 hectáreas que tiene a su cargo.
Esta última vez el problema fue por el intento de cercar un predio de 0,8 hectáreas lindante al cementerio de la comuna que está en litigio entre el Municipio y la Fundación y sobre el cuál rige una medida de no innovar de la Justicia.
El tema es que jueves, cuando se realizó una asamblea de pobladores en defensa de su cementerio, el jefe comunal, Alejandro Ruggeri, puso sobre la mesa un tema muy delicado. “Queremos que se investigue a la Fundación porque están pasando cosas raras. Esta fundación compra todo. Y lo último que pasó es tremendo. Tomamos conocimiento de que los abogados de la Fundación realizaron operaciones en efectivo por 10 millones de pesos en la propia Iglesia de Bigand. Adentro de la Iglesia, usando una oficina y con permiso del cura”, disparó el jefe comunal. Ruggeri adelantó que pedirá por escrito respuestas al Arzobispado de Rosario por el supuesto “el movimiento de dinero sin papeles”.
La versión que le llegó al Municipio es que los abogados de la Fundación usaron instalaciones de la Iglesia como oficina para cobrarle a los aparceros (en efectivo y sin recibos) una suerte de canon por renovarles el contrato a los aparceros. Y convertir a la iglesia en una inmobiliaria para la renovación de contratos con pagos en efectivo no es menor. Es que toda operación que supere los 10.000 pesos debe ser cancelada con transferencia bancaria o cheque directamente, según Afip. Incluso, el Banco Central indica que todas las operaciones comerciales deben estar bancarizadas. Y, como si fuera poco, por tratarse de producción agrícola es necesario estar en un registro fiscal de operadores.
Convertir a una Iglesia, con permiso del cura, en una oficina en la que se cierran operaciones fuera del circuito tributario podría ser un problema visto de la ley penal tributaria. ¿Será tan así? El jefe comunal dijo que espera respuestas oficiales de las autoridades religiosas. “Y también todos los ciudadanos”, insistió Ruggeri.
Como no podía ser de otra manera el revuelvo por el manejo de dinero en la parroquia de Bigand fue tema en todo el pueblo durante el fin de semana. Y no faltaron en los asados del domingo quienes con mucha carga de ironía preguntaron si ahora iba a empezar a cotizar un “dólar convento” en esa parroquia o a qué tasa de interés tomaba la Iglesia los depósitos a 30 días.
