El Gobierno activó un fuerte aumento del costo del peaje en la hidrovía, la principal ruta de salida de la agroexportación argentina, al convocar a la realización de una audiencia pública con los usuarios, como ocurre con todos los servicios públicos, en la que se discutirá una suba del 40 al 60 por ciento, y que podría ser transitorio.
La Administración General de Puertos (AGP), que es el ente oficial que tiene la administración de la vía navegable, publicó este martes en el Boletín Oficial el llamado a audiencia para mediados de agosto (todavía no hay fecha definida).
En los considerando del llamado argumenta la suba del peaje en "que la Gerencia general del organismo efectuó el informe sustancial en el cual da cuenta del desequilibrio económico financiero de los ingresos de la Concesión y formuló una propuesta de modificación del Cuadro Tarifario, la cual fue elevada a consideración del directorio".
Y luego relata que "que la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación, efectuó el correspondiente análisis concluyendo que la propuesta resulta razonable y verosímil", hasta que finalmente "la Secretaría de Transporte de la Nación se ha expedido como Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión a la AGP prestó su conformidad".
Con el aval, entonces, del Ministerio de Economía, es que la AGP activó el proceso para concretar el aumento.
¿Y la motosierra?
El incremento, que ya les fue anticipado a los empresarios, tendría un impacto negativo en el costo logístico de exportaciones e importaciones, y por eso desde el sector privado hicieron gestiones para evitarlo, sobre todo al tratarse de una tarifa que no estaba subsidiada.
El principal argumento para subir el peaje, que se les cobra a todos los barcos que ingresan y salen al sistema troncal de navegación de los ríos Paraná y De la Plata, es el millonario rojo heredado de la gestión anterior, sobre todo en el pago a la empresa dragadora.
La medida ya genera resistencia en los usuarios que calculan que el pago a la deuda con la dragadora belga contratada Jan de Nul, que oscila los 80 millones de dólares, se puede saldar con pocos meses de aumento de tarifa o con una muy pequeña alza. Pero además se quejan de que al ser una tarifa sin subsidios estatal, el rojo heredado del gobierno anterior no debe ser afrontado con dinero de los usuarios, incrementando así los costos productivos.
"¿Y la motosierra"?, se quejaban esta mañana en una importante entidad empresaria, en alusión a que el descalce no se compensa con recorte de gastos, como prometió el gobierno en campaña. No obstante, el gobierno viene ajustando fuerte a la AGP, ya que pasó de tener 800 a 500 empleados, un número que todavía parece excesivo para el paladar empresario. Como sea, la crítica más fuerte sigue siendo contra la gestión anterior, que aumento fuerte los gastos de todo su accionar (que incluye puertos marítimos que nada tiene que ver con la hidrovía) con los ingresos del peaje que se cobra en el sistema fluvial.
Por otro lado, que el gobierno decida pagar la deuda a Jan de Nul subiendo tarifas puede interpretarse que se desactiva la posibilidad de que se le abone a los belgas extendiéndole el contrato de servicios, una alternativa, que estuvo en estudio y que también generaba rechazos de los usuarios que prefieren una licitación de concesión con nuevas exigencias en materia de obras y tecnología que mejore la navegabilidad.
La pelea de fondo
El tema tarifario es parte de una disputa mayor que es por la licitación de un operador privado por la hidrovía, trámite que el gobierno prometió encarar para este año. No en vano, hace 15 días las principales cámaras empresarias vinculadas le enviaron una carta al subsecretario de Puertos, Vías Navegables de la Nación, Iñaki Miguel Arreseygor, reclamándole que active el proceso de licitación de la vía navegable, tal como prometió el gobierno de Javier Milei.
La carta está firmada por la Cámara de la Industria Aceitera, el Centro de Exportadores de Cereales, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados, la Cámara de Actividades Portuarias y la Cámara del Acero y fue enviada con copia al interventor de la Administración General de Puertos (AGP), Alejo Benvenuto, entidad que tiene la administración estatal de la hidrovía.
"Como usuarios de la Vía Navegable Troncal (VNT) queremos reiterar las preocupaciones manifestadas en la reunión del Comité Ejecutivo de la Vía NavegableTroncal (CEVNT) del 6 de junio pasado y atento a las propuestas de mejoras en la vía navegable y de pago de deuda", arranca la carta que esto expone:
"1) Deuda existente con Jan De Nul (y su filial en el país llamada Compañía Sud Americana de Dragados SA) por el dragado de la VNT, que proviene de la administración anterior: Los usuarios quisiéramos dejar en claro una posición contraria a trasladar al Precio Unitario Básico del peaje por el servicio de dragado y balizamiento, el pago de dicha deuda. Ese hecho no solo pone en cabeza de quien no corresponde dicho pago, sino también porque entendemos que debería ser abordado del mismo modo que el Estado Nacional lo hizo con deudas de la administración anterior respecto de otro tipo de servicios.
2) Necesidad de avanzar con la profundización de la VNT. Ratificamos dicha necesidad, pero sin una propuesta que solape el pago de la deuda con una profundización de corto plazo, con un perjuicio económico ante el aumento de peaje y sin un beneficio que se refleje en el costo por tonelada transportada que es lo que finalmente le da competitividad al comercio exterior de nuestro país.
3) Que un eventual aumento transitorio del peaje como se planteara en la reunión mencionada, se torne en definitivo. Que quede instalado y termine atentando contra un potencial costo de profundización y posterior mantenimiento, alineado con los valores de mercado internacionales, a los cuales se pueden llegar a través de un llamado a licitación para los próximos 15 o 20 años.
4) Generar las condiciones licitatorias para la competencia. De modo que impida quedar vinculados a los prestadores de servicio de dragado actuales sin una validación de una compulsa de precios, lo cual podría redundar en pagar un alto costo de dragado y mantenimiento a dicha la empresa".
Situación precaria
En efecto, cuando se acabó la concesión privada, la AGP se hizo cargo de la administración de la Hidrovía, pero como no tenía capacidad técnica de prestar el servicio de acondicionamiento, contrató de manera directa a los mismos privados que hasta ese momento eran concesionarios para realizar los trabajos (Jan de Nul el dragado, y Emepa, el balizamiento) ahora como contratistas; una fórmula jurídica que la propia Sindicatura de la Nación observó.
Para emprolijar el proceso, se licitaron ambos servicios por un plazo “provisorio” hasta que se defina, también por licitación, nuevos operadores, pero ya no para administrar y mantener lo actual sino con nuevos requerimientos de inversiones (más obras, más dragado) en una concesión que sería de largo plazo.
Emepa se impuso en esa “licitación corta” de balizamiento, que -formalmente- terminó en diciembre del 2023. Pero en lo que hace a la licitación del dragado (que es la más importante) fracasó el llamado por impugnaciones, quedando más precaria la relación contractual con Jan de Nul. En concreto, el contrato actual entre AGP y Jan de Nul tiene vencimiento cuando inicie los trabajos el nuevo operador que resulte ganador de la licitación “de fondo”.
Por su parte, los usuarios privados de la Hidrovía (agroexportadores, puertos, siderúrgicas, navieras etc.) todavía confían en la palabra del gobierno nacional de que este año se llamará a licitación para un nuevo operador privado que llegue con un mandato de profundizar, ampliar y tecnificar la noventosa Hidrovía argentina.
