“La problemática del sector se centra en la falta de una normativa favorable para el progreso, las inversiones y los usuarios en el desarrollo de tierras. Actualmente, existen trabas destinadas a evitar problemas pasados por la falta de normativa, pero no promueven un desarrollo positivo de la región. Proponemos la creación de una mesa de trabajo a corto plazo para agilizar los trámites burocráticos y evitar superposiciones de tiempo en organismos como la EPE, Hidráulica y Medio Ambiente”.

Así comienza la carta que la flamante Cámara de Urbanizadores de Santa Fe le envió al gobernador Maximiliano Pullaro con el propósito de presentarle la situación actual y las problemáticas que enfrentan los desarrolladores inmobiliarios y sus propuestas para abordarlas.

La cámara -de reciente formación y que reúne a importantes empresarios que están focalizados en el desarrollo de loteos en el Gran Rosario para uso residencial e industrial- considera necesario “trabajar en una normativa a mediano plazo que promueva la agilidad en los procesos de desarrollo e inversión, considerando la inversión en infraestructura y la generación de empleo. 

“Los desarrollos industriales y habitacionales generan empleo y obras adicionales, beneficiando a la economía local y provincial. Sin embargo, la situación actual permite que actores desprolijos operen en el sector, por lo que es crucial regularizarlo para distinguir a los desarrolladores serios de los oportunistas”, resalta la carta que lleva la firma del presidente de la entidad, Martín Wellero.

A los urbanizadores les preocupa la proliferación de loteadores que avanzan en la comercialización de loteos sin tener aprobación oficial, por ejemplo hídrica. También están los que salen a vender lotes prometiendo prontas entregas sin tener, por ejemplo, aprobada la factibilidad del servicio eléctrico. En estos momentos, la zona en torno a Piñero aparece en el foco de la problemática, pero a lo largo del Gran Rosario se suceden los casos.

El accionar de los loteadores desprolijos distorsiona la comercialización de tierras, a precios más bajos porque, a fin de cuentas, no realizarán las obras de infraestructura que prometen, pero sobre afecta a los compradores que luego enfrentan carencias en la provisión de servicios básicos, cargándose así toda la presión para la resolución de los problemas a las autoridades locales y provinciales.

“Los tiempos de inversión, escrituración y construcción se dilatan debido a la falta de alineación en la secuencia de trabajo, afectando negativamente los proyectos y la provincia. Esta situación implica miles de puestos de trabajo y una inversión millonaria dilatada innecesariamente”, resaltan los urbanizadores.

“Una normativa coherente y continua beneficiaría a la provincia y al sector, promoviendo el desarrollo, el empleo y las inversiones. Además, garantizaría el cumplimiento de proyectos y contratos, aumentando la confianza en el sector y evitando conflictos de alto impacto público y social, como barrios mal terminados que generan reclamos de cientos de familias ante las autoridades”, completan.

Los urbanizadores estuvieron semanas atrás en Agroactiva para presentarle la Cámara a Pullaro y al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quienes recibieron con mucho entusiasmo la iniciativa sobre todo porque apunta a convertirse en una cámara de desarrolladores inmobiliarios de toda la provincia. Puccini quedó como el funcionario de enlace, sobre todo porque su ministerio tiene la injerencia política de la EPE, que encabeza los reclamos de los empresarios.

Hasta ahora se asociaron a la Cámara las empresas Grit, Life, Zorila, Nozzi Inmobiliaria, Ayres del Paraná, Davik, Frisco Desarrollos, Pescia, y Arece Emprendimientos.

Estas empresas, contaron, tienen una superficie desarrollada de 1.395 hectáreas, generan 2.790 puestos de trabajo directos, realizaron una inversión total en infraestructura de u$s 211.665.625, con una inversión promedio por lote de u$s 16.202,21,y con un porcentaje de donaciones sobre inversión: 3,74%.

La cámara trabajará en una linea de acción coordinada con la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) de Rosario, que reúne a los principales constructores de la obra privada de la ciudad y la región.