Hay cruces entre adversarios en el que todos ganan. Hay peleas en las que se logra el objetivo de afectar al adversario. Peroy también hay tiros que salen por la culata. En el ya tradicional conflicto campo-gobierno (una falta de entendimiento imperdonable para un país agroalimentario como la Argentina) se sucedieron en los últimos 15 días los tres tipos de cruces y en ese orden cronológico. Y, como saldo, terminaron perdiendo todos.

El telón de fondo es la nueva avanzada regulatoria sobre el campo por parte del gobierno. Regulación que ya se hizo efectiva con el tutelaje de las exportaciones frigoríficas y que ahora sobrevuela sobre el trigo y el maíz. En ambos casos con el presunto objetivo de desacoplar precios externos de los internos para combatir la inflación de los alimentos. Orientación política que, vale aclarar, sólo acumula fracasos y deja fuera de análisis otra línea argumental que insta a más que preocuparse por lo caro de los productos a poner el acento en que el poder adquisitivo de los salarios está totalmente pulverizado.

Y para colmo estos cruces campo gobierno y hacia dentro de la agroindustria, se generan en el marco de una profunda seca. Sequía que en el excel del gobierno todavía no empaña una cosecha muy buena, pero que en el día a día de los productores acrecienta el malestar con rindes de maíz que no son proyectados, perfiles de suelos sin bases hídricas para encarar la soja y pérdidas económicas en el horizonte.

Primer round

El contrapunto “win-win”, para usar una jerga empresaria, es el que empieza esta saga. Y refiere al cruce sobre finales de diciembre entre el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), Gustavo Idígoras.

Recién se empezaba a hablar de una nueva intervención sobre los granos. ¿Cuál? La constitución de un fideicomiso con fondos de la exportación de trigo y maíz que financie una compensación a molinos, fabricantes de pastas y productoras avícolas por la suba de precios de esos granos, fondos que -va de suyo- terminarían saliendo de un descuento en el precio que le haría el exportador al productor.

En ese contexto, Domínguez culpó a la voracidad de “un pequeños grupo concentrado de exportadores multinacionales” que habían anticipado como nunca declaraciones de exportaciones de trigo tensionando el abastecimiento interno. A lo que Idígoras respondió mandando a “informarse mejor” al ministro sobre cómo funciona el mercado. Las escaramuzas siguieron un par de días para beneplácito de los medios.

Verdaderamente real, sobreactuado o apenas ensayado, lo cierto es que ese primer cruce entre Domínguez e Idígoras arrojó dos ganadores. Domínguez se pudo mostrar frente al kirchnerismo (en rigor, todo el gobierno parece hablarle a Cristina más que a la ciudadanía) como un duro que enfrenta a los “trust imperialistas”, para usar una jerga setentista afín al cristinismo duro. Por su parte, Idígoras –con su defensa al mercado libre- corrió a las exportadoras de la mira de la crítica de los cada día más encolerizados productores agropecuarios logrando evitar que los vean como cómplices de regulaciones que, según los ruralistas, benefician a los exportadores porque se abastecen más barato.

Segundo round

Cuando en el segundo gobierno de Cristina asumió Domínguez al por entonces Ministerio de Agroindustria, el flamante funcionario buscó recomponer relaciones con el agro tras las derrota en el Senado por las retenciones móviles puenteando a la combativa Mesa de Enlace.

Y su primera base de apoyo la encontró en la Bolsa de Comercio de Rosario (con un papel importante incluso en la religión compartida por el ministro y el entonces titular de la entidad bursátil, Cristián Amuchástegui), una entidad multisectorial que tiene como tradición ofrecer una instancia de diálogo.

Con ese know how, en su nueva gestión el ministro buscó ahora sembrar cizaña en la dirigencia agropecuaria y en el arranque de la semana nombró como secretario de Agricultura a Matías Lestani, el jefe de los economistas de CRA, una de las entidades más combativas. Y vaya que logró lo que buscaba. Las bases de CRA, picantes si las hay, estallaron contra Lestani al grito de traidor y tildaron de tibio a la postura de la entidad madre que fustigó, pero con respeto, la decisión de su economista. Domínguez emergió como claro ganador de esa contienda, incluso mostrándose abierto a incorporar “gente del agro”  a la gestión, mientras la dirigencia rural se sumergía en el fango de las críticas.

Tercer Roun. 

Pero Domínguez no pudo saborear mucho la victoria. La escalada terminó dañando seriamente uno de las bases institucionales en el que gobierno busco apoyarse para ningunear a la Mesa de Enlace. Se trata del Consejo Agroindustrial, una entidad que acarreaba limitaciones y contradicciones de origen, déficits de gestión y aprovechamientos de algunos eslabones. Pero que claramente había llegado para ocupar un lugar que dejó bacante el viejo Foro de la Agroindustria (de los primeros años de la década del 2000) y que la Bolsa de Rosario intentó reflotar antes de que la crisis de Vicentín (que le manejó el ritmo durante la presidencia de Alberto Padoán) la obligara a bajar el perfil. 

¿Qué paso? Tres de las cuatro entidades ruralistas (CRA, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria) renunciaron sobre el fin de la semana al Consejo Agroindustrial con muy duras críticas. En resumen, lo catalogaron de funcional al gobierno para sus políticas de intervención del mercado y que trabaja contra el del agro y a pedir a algunas de sus entidades (sobre todo las industriales, como el consorcio de exportadores de carne, la federación molinera, el centro de procesadores avícolas) a los que acusan de beneficiarse por los controles oficiales que a fin de cuenta, lo que hacen es planchar los precios de los granos.

“Aplaudidores” le llegaron a decir y ese calificativo dolió mucho en el Consejo, que el viernes tuvo una reunión de más de dos horas para analizar los pasos a seguir. Según supo Rosario3 en ese encuentro primó entre los gestores -con el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires a la cabeza, José Martins- la posición de victimizarse. Se calificaron de injustas las declaraciones del agro, se quejaron de las forma virulenta en que comunicaron ("se tendrían que haber ido en silencio") y se lamentaron que no se valoren sus gestiones. ¿Espacio para la autocrítica? Poco. Muy poco. Y como muestra vale el comunicado difundido el sábado.Pero si bien el Consejo rechazó de plano las críticas de “colaboracionista”, fustigó las formas elegidas por los ruralistas y se mantuvo firme en su postura institucional, quedó herido. Muy herida en su representatividad. ¿Vale una mesa agroindustrial sin 3/4 partes del agro? ¿No le queda grande el nombre sin el campo?

Pero lo cierto es que de ese cruce nadie salió ganando. Los industriales, que apostaron mucho por la entidad, ven que le bajaron las acciones a un entidad que le ofrecía de plataforma para instalar temas de su interés revestido de interés general del agro.

Al gobierno también le afecta que le baje la representatividad a la entidad sobre la que se apoyaba cuando trata de mostrar que había sectores de la agroindustria que no los tiene en la vereda de enfrente. Claramente, y contra las primeras especulaciones, la idea de Domínguez no era dañar el Consejo sino minar a la Mesa de Enlace fuera del Consejo, pero la avanzada tuvo ese impacto no querido. El tiro le salió por la culata.

¿Y la dirigencia rural? También perdió. Ocurre que la virulencia de los comunicados de renuncia (mediatizados como pocos) se explica porque los dirigentes querían llegar a la asamblea chacarera del sábado en Armstrong, empujada por autoconvocados, mostrándose muy críticos contra el gobierno para evitar que los productores (encolerizado por la seca)  se los coman vivos. Por eso, el viernes renunciaron al Consejo (que mal que le pese a sus promotores y expongan mil y un argumentos en su favor en el agro tiene el mote de pro-exportador) con acusaciones subida de tono y emitieron un lapidario comunicado contra el gobierno pidiendo la inmediata eliminación de las retenciones.

Pero igual perdió porque demostró sus limitaciones como dirigencia. Es que si, como dijo, pese a representar a los productores no puede conducir ni liderar un Consejo Agroindustrial, ¿en qué lugar institucional lo van a escuchar?  Pero además se dejó marcar la cancha por los autoconvocados, un nucleamiento de la extrema derecha, libertarios y halcones de Juntos por el Cambio que tienen posiciones radicalizadas y se definen más como anti K y anti peronistas y están operando a full con el sólo hecho de ganar elecciones.

Es cierto que a la dirigencia rural las bases se le están radicalizando y si no les siguen ese tranco terminan perdiendo, como entidades, la verdadera representación. Pero de ahí a que unos grupo de autoconvocados les maneje el ritmo de sus gestiones muestra el mal paso dirigencial. Ponerse el saco de ultra-anti que le acercaron los autoconvocados los llevó a provocar un innecesario daño a una institución que –a grandes rasgos- vino para buscar apuntalar el desarrollo de todo el complejo agroindustrial.

Urgente refresh institucional

Finalmente, la desprolija salida de los ruralistas del Consejo no puede esquivar que esa entidad, conformada por 61 cámaras, necesita un urgente refresh porque a las limitaciones y contradicciones de base se le suma groseros errores de gestión. Veamos:

El Consejo siempre se presentó como un lugar “horizontal de debate y generación de propuestas de políticas agroindustriales de mediano y largo plazo” dejando las cuestiones coyunturales para cada cámara sectorial. ¿Pero esa es línea clara en la teoría es factible de aplicación en la práctica?

Sobre todo cuando el gobierno nacional siempre busca subir al ring al Consejo sabiendo que allí las posiciones moderadas de la industria atemperan los ánimos caldeados del agro ya que si bien filosóficamente toda la agroindustria está a favor del libre mercado, a la hora de la práctica el campo las sufre y las industrias se acomodan.

Y vaya que el ministro de Desarrollo Matías Kulfas hizo escuela cuando a mediados del año pasado los convocaba para discutir alternativas al cepo exportador de carnes finalmente aprobado.

La alternativa que buscó el Consejo para sacarse de encima la estrategia del gobierno de bajarlos a los temas coyunturales fue el armado de “mesas”, de trigo, carne y maíz, que de manera autónoma debaten la caliente coyuntura. Por más que estén escindidas, estas mesas son hijas no reconocidas por el Consejo ya que allí se gestaron. Y como pasó en la última mesa de trigo –en la que los productores de fideos apoyaron las regulaciones y los molinos y las avícolas las negaron conceptualmente pero reconocieron que se tienen que tomar medidas- sirvieron para diluir el encendido reproche de los productores.

Ahora bien: si los temas importantes se tratan en la Mesas (que lógicamente tendrían que ser divisiones temáticas del Consejo) o en las cámaras empresarias, ¿para qué, realmente, sirve el Concejo?  Sus defensores ponen como ejemplo haber logrado la baja y/o eliminación de las retenciones a las economías regionales. Pero luce excesivo ponerse esa cucarda ante un reclamo histórico de muchas cámaras regionales y confederaciones. Y con esa lógica, ¿por qué no discutir las retenciones a los granos? ¿Dónde está ahí la división entre coyuntura y mediando plazo?

Hablando de divisiones, en el agro sostienen que el Consejo le sirvió a la industria aceitera como plataforma para pedir y lograr la vuelta del diferencial arancelario entre exportación de soja y de aceite/harina; una medida de clara justeza ya que así se promociona el agregado de valor y se compensan las barreras arancelarias que en el exterior le ponen a las exportaciones nacionales. Y, acusan, logró mostrar un interés sectorial (contrario a los chacareros que dicen que ellos terminan pagando el diferencial) como general. Por el contrario desde la cámara aceitera niegan esa lectura y sostienen que fue una gestión propia sectorial en la que no involucraon al Consejo. El tema seguirá en terreno de la controversia. 

Igual, suena muy ligero caratular de “regulacionista” al Concejo porque hay algunas entidades industriales que le sacan provecho a los controles, cuando todos sus comunicados públicos son contrarios a las intervenciones. ¿O será que en el Consejo estarán esas entidades industriales a las que le quepa el sayo que Domínguez le tiró en diciembre cuando dijo que “hay empresarios que dicen una cosa en público y otra en privado”?. Pero no se puede negar que también hay en el Consejo organizaciones siempre muy críticas a la exportación y las regulaciones como la Federación de Acopiadores a las que no se la puede tildar de "aplaudidora". Todo lo contrario.

Como sea, equiparar la propensión al diálogo con el mote de traidor es entrar en el juego de los radicalizados del agro, una postura nada constructiva que parece sentirse más a gusto con el enfrentamiento que con el entendimiento. Más a pedir del ala dura K que también se siente a gusto con el conflicto en vez de poner el norte e. la búsqueda de soluciones. 

Finalmente, es cierto que la salida de los ruralistas expone el mal paso dirigencial chacarero (que abandona una institución agroindustrial en vez de empujar por sus mejoras), pero también sirvió para mostrar la urgente necesidad del Consejo de ser (y parecer) verdaderamente una entidad de la agroindustria y no sólo de algunos de sus sectores. Tendrán que dejar de esconderse en el largo plazo y dejar de lavarse las manos cuando las papas queman y animarse, si quieren jugar en serio, a dar los debates que se deben dar frente al gobierno y hacia el interior de la agroindustria. Pero para eso todos los actores deben hacerse cargo de sus posturas y dejar de jugar a las escondidas en estas entidades. Tan sólo de eso se trata.