Terminal Puerto Rosario (TPR), concesionaria de las terminales I y II de los muelles de la ciudad, realiza en su playa de maniobra movimientos de cargas generales, alguna de ellas muy contaminantes, sin el certificado de “aptitud ambiental” que es obligatorio para manipularlas. Y no tiene autorización porque no realizó las inversiones necesarias en infraestructura que exige la normativa ambiental provincial. La irregularidad –que muestra la falta de controles por parte las autoridades oficiales– quedó expuesta en la medida cautelar que resolvió el martes el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque en la que ordena a TPR abstenerse de utilizar la playa de maniobras, conocida en el lugar como “Ayolas” por la calle que la cruza, hasta que no obtenga el respectivo informe de cumplimiento ambiental y acredite las infraestructura requerida por el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe.
La historia comienza cuando la ONG Cuenca Río Paraná se presenta en la Justicia en 2018 para denunciar que TPR estaba operando a cielo abierto en su playa de maniobra carbón de coque, un elemento altamente contaminante, que incluso tras descargar de los muelles dejaba acumulado sobre la tierra en grandes montículos fácilmente visibles desde el exterior. Con el patrocinio del equipo de abogados integrado por Melisa Martiñena, Fabian Maggi y Agostina Castillo, lograron que en diciembre de 2019 la Justicia federal realice un allanamiento a las instalaciones del puerto. Para esas fecha, TPR había dejado de operar carbón de coque (lo hizo entre 2015 y finales de 2017 con al menos 4 barcos que trajeron la mercadería) pero dejaron rastros en el suelo que laboratorios especializados analizaron y determinaron el impacto ambiental que provocó su manipulación.
Con esos datos sobre la mano, el juez Bailaque dictó la medida cautelar prohibiendo la manipulación de carbón de coque. Pero las pesquisas judiciales, a pedir de la ONG, arrojaron que además del daño ambiental TPR, una empresa que tiene como una de sus dos dueñas a la defaulteada agroexportadora Vicentin, opera esa playa de maniobras sin el certificado de aptitud ambiental obligatorio. Fue por eso que el magistrado directamente ordenó que no se pueda realizar maniobras en la playa logística hasta que obtenga el certificado de aptitud ambiental con las inversiones en infraestructura correspondientes. “Hubo una irregularidad detrás de otra”, resaltó la abogada Martiñena en diálogo con Rosario3.
En rigor, cuando se trata de puertos, Prefectura es quien habilita los muelles (y en esa habilitación hay certificados de aptitud ambiental que cumplir) pero el movimiento hacia adentro de las cargas debe contar con el oK de Medio Ambiente. Según contó la abogada, los oficios con la cautelar del juez ya fueron librados y las partes (TPR y Medio Ambiente) notificados. “Esperamos que ahora se termine todas estas irregularidades”, dijo.
Algunos puntos de consideración que resalta la decisión del juez:
1) “TPR nunca obtuvo el obligatorio Certificado de Aptitud Ambiental exigido por la Ley 25.675 art. 11 y la Ley Provincial 11.717, decreto reglamentario 0101/03, debido a las numerosas irregularidades detectadas en su actividad que obedecen a la falta de obras de infraestructura e inversiones tecnológicas que minimicen los impactos generales”
2) “Se encontraron restos y/o residuos de petcoke, circunstancia que genera una enorme dispersión de polvo proveniente de dicho material que los camiones luego arrastran y esparcen por las arterias de nuestra ciudad poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud pública.
3) “Terminal Puerto Rosario S.A. debe adecuar su actividad portuaria a la normativa vigente, obtener el Certificado de Aptitud Ambiental y se realicen las obras de infraestructura necesarias en resguardo del medio ambiente y la salud pública”.
Más allá del del caso del carbón de coque, que TPR haya operado sin autorizaciones cargas riesgosas en 2017 y 2018 expone la falta de controles que por parte del Ente Administrador de Puerto Rosario (Enapro), gestión que en aquellos años estaba a cargo de Ángel Elías. Es más, la irregularidad se suma a otras que la nueva gestión del organismo vino detectando y tomando cartas en el asunto como el despido con causa de personal jerárquico (que ingresó con Elías) en el otorgamiento de concesiones, como fue el caso del uso irregular del muelle de la zona franca de Paraguay. También deja al descubierto la falta de control por parte del Ministerio de Medio Ambiente en las gestiones provinciales anteriores, ya que TPR operaba a cielo abierto y a la vista de todos cargas riesgosas sin tener autorizaciones. Y, precisamente, no se trataba de una planta escondida en los suburbios de la ciudad, sino del principal concesionario del Puerto de Rosario.
Finalmente, esta falta de cumplimiento de las normas ambientales por parte de TPR se suma al incumplimiento de sus compromisos tributarios con la ciudad, ya que no paga el Drei desde 2014 acumulando una deuda superior a los 40 millones de pesos, tal como publicó Rosario3 el mes pasado.
