El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que dispuso la derogación del decreto que ordenó la intervención de la empresa cerealera Vicentin por 60 días.
“El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, advirtió en Twitter el mandatario al confirmar la baja del DNU 522/2020.
Y agregó que dicho magistrado “ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
Por eso, sostuvo Fernández, “el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.
“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, señaló Fernández.
Defendió la idea de que “la intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.
Pero insistió: “En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”.
En ese sentido, el presidente finalizó su hilo en Twitter: “He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.
Un mes y medio de negociación y polémica
Alberto Fernández había anunciado el pasado 8 de junio la "intervención y expropiación" de Vicentín, una de las empresas más grandes del país, que el año pasado se había declarado en cesación de pagos.
Por entonces también había lanzado, a través del citado DNU, “una serie de medidas para rescatar esta empresa, líder en el mercado agropecuario, con el propósito que continúe y que sus trabajadores mantengan sus trabajos. También que 2.600 productores puedan seguir contando con esta empresa”.
Luego de varias semanas de negociaciones y polémica política y social, incluidas manifestaciones a favor y en contra de la intervención, y con la intervención activa del gobierno santafesino, la empresa Vicentin sostuvo este viernes, más temprano, que hay "muchas más coincidencias que discrepancias" con las autoridades de Santa Fe, pero consideró que existe un "hostigamiento político" para con la compañía.
"Las conversaciones mantenidas con representantes oficiales de la provincia de Santa Fe, a instancias del tribunal concursal, arrojaron muchas más coincidencias que discrepancias", señaló el directorio de Vicentin en un comunicado.
El jueves, representantes del gobierno provincial y del directorio de Vicentin se reunieron en Reconquista a instancias del juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de esa localidad, Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso, para continuar la negociación para la conformación del fideicomiso que busca darle continuidad a la operatoria de la agroexportadora.
Sin embargo, desde Santa Fe aseguraron que no se llegó a un acuerdo para la conformación del fideicomiso debido a que la parte empresaria se negó a apartar al actual directorio.
