El gobierno argentino empezará a cobrar un peaje en el tramo de la hidrovìa que va desde Santa Fe al norte del país. Así lo anunció este mediodía el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, tras la reunión de gabinete nacional.

“Le informamos al resto de los Ministerios el esquema que venimos desarrollando en el plan de modernización del transporte, por ejemplo con las intervenciones en el sistema ferroviario. También comentamos los acuerdos que en materia de hidrovía venímos realizando con la Administración General de Puertos (AGP) y los puertos públicos. En ese sentido, se va a cobrar, y lo estaremos definiendo la semana próxima, el peaje desde el tramo Santa Fe al norte para el tránsito por esa región. Es un paso que tiene que dar Argentina, como responsable de la navegación troncal”, dijo el ministro.

En conferencia de prensa, el alto funcionario no dio más precisiones (a decir verdad, una constante en materia de hidrovía ya que en el discurso oficial abundan las generalidades y escasean los detalles) y tampoco quisieron pronunciase desde la AGP, el organismo al que el Ministerio le dio el año pasado la concesión temporaria de la hidrovía. En rigor, la decisión de cobrar un peaje es del Ministerio, que es el órgano concedente, y no de la AGP, que sólo debe ejecutar el mandanto que le baja desde Transporte.

En la actualidad, el peaje por el dragado y balizamiento de la hirovía se cobra por el tramo que va desde el ingreso al sistema (canal Punta Indio) hasta la ciudad de Santa Fe, que es la principal ruta de salida e ingreso de mercaderías.

Dese allí al norte del país, nunca hubo un acondicionamiento concesionado. Es que los grandes barcos cerealeros o de contenedores no usan ese tramo, por lo que no se necesitan un calado extra. Pero como sí es de uso frecuente por los trenes de barcazas que bajan y suben por el río (sobre todo con destino a Paraguay), el gobierno presta un servicio de balizamiento y dragado mínimo (a 10 pies, cuando es técnicamente posible).

En tiempos de concesión privada, el gobierno nacional subsidió (desde finales de gobierno de Cristina) el costo de balizamiento (substancialmente menor al del peaje) con miras a impulsar el tráfico de cabotaje argentino vía barcazas o barcos de pequeño porte entre puertos del norte argentino y las grandes terminales de Santa Fe o Buenos Aires.

Pero ya esa misma administración dejó de pagarlo. Y como durante el mandato de Mauricio Macri tampoco se abonó, se acumuló una millonaria deuda con Hidrovía SA, la empresa privada que prestaban el servicio de acondicionamiento de Santa Fe al norte, además de tener la concesión del sistema troncal de Santa Fe al sur.

El año pasado el Estado retomó la administración de la hidrovía. Y ahora el gobierno busca cobrar un peaje para de esa forma también mejorar el servicio de balizamiento desde Santa Fe al norte (y de dragado, cuando las condiciones lo permiten) para que deje de costearlo la AGP de su bolsillo.

Cobrar un peaje mínimo es un reclamo de larga data ya que las embarcaciones que van o vienen de puertos paraguayos usan la vía en el tramo argentino mientras que el que afronta el costo de mantenerla acondicionada lo afronta el Estado nacional.