“Advirtiendo que Bunge, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra conformarían el grupo de compradores que, al final del proceso, pasarían a ser los titulares de la casi totalidad del accionariado de Vicentin, es menester hacerle saber que es obligatoria la notificación de dicha operación por parte de las compradoras ante el organismo que presido”.
Así comienza la carta que el 10 de mayo le envió el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Rodrigo Luchinsky, al juez civil y comercial que lleva la convocatoria de Vicentin, Fabián Lorenzini.
“Además, es importante destacar que dicha notificación deberá efectuarse en los plazos previstos en la Ley N.º 27.442, a fin de analizar si la operación de concentración que emerge como consecuencia del proceso falencial tiene la entidad para restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general”, agrega el funcionario.
“Adicionalmente le hago saber que, como ya fue informado previamente, se encuentra suspendido el análisis de cuatro expedientes en trámite por ante esta Comisión Nacional, todos relacionados con empresas vinculadas directa o indirectamente a Vicenti. a saber: (1) VFG Inversiones y Actividades Especiales, Industria Agroalimentaria Lata. y Argentina Biofueles, (2) Industria Agroalimentaria Latam, Oleaginosa Moreno y Molinos Agro, (3) Renaisco y (4) Baf Latam Crédit, Baf Latam Financia y VFG Inversiones”, señala Luchinsky.
“En todos estos supuestos la suspensión fue determinada hasta tanto no se comunique a esta Comisión Nacional sobre el levantamiento de diversas medidas cautelares dictadas en el ámbito de investigaciones judiciales en curso que tiene a Vicentin y a su grupo o directivos como protagonistas”, resalta el funcionario nacional.
Y en ese punto, además de recordarle al magistrado que Defensa de Competencia tiene que analizar la transferencia accionaria y la puede rechazar si determina que supone la posibilidad de excesiva concentración (por ejemplo en el negocio del aceite de girasol), resalta uno de los principales escollos judiciales que tiene la estrategia de venta de Vicentin: la prohibición judicial de venta de activos de Vicentin.
Ocurre que en diciembre de 2020, el juez penal de primera instancia de Rosario Hernán Postma, dispus. la “prohibición de cambiar la propiedad de las acciones de las empresas donde Vicentin Saic tenga participación”, incluyendo las empresas Renova, Friar, Oleaginosa San Lorenzo y Algodonera Avellaneda, entre otras. Y además, ordenó la “prohibición de desprenderse de activos de las empresas donde Vicentin Saic tenga participación”, que tiene alrededor de una veintena de firmas que integran el grupo. Y este año la medida cautelar que decretó la interdicción para inmovilizar activos fue ratificada en Cámara de Apelaciones quedando firme la prohibición.
El tema es que la propuesta de pago que Vicentin ahora ofrece a sus acreedores dice que el producido de la venta del 33% que le queda en la aceitera Renova a Viterra se utilizaría para financiar el pago de su pasivo, pero esa medida debe superar el escollo judicial.
Y no sólo hay un escollo judicial, sino que ahora Defensa de la Competencia sale a avisar que ellos deben aprobar la transacción. Si bien es cierto que ya desde el 2020 hay presentaciones en ese organismo que buscan impedir la venta y que hasta la Afip viene accionando en contra de ese traspaso, en abril pasado uno de los acreedores de Vicentin (industrias Olsen) presentó nuevos pedidos de intervención a ese organismo con el argumento de evitar que "se consolide una posición dominante del mercado" y destacando que "sería una venta ilegal" ya que la Justicia interdictó todo el movimiento de activos de Renova.
