Los titulares de la defaulteada agrofinanciera rosarina Guardati Torti alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) al aceptar la culpabilidad de los delitos económicos que les imputan y por eso someterse a una pena de prisión domiciliaria por tres años y ocho meses y el pago de multas de $5 millones. De avanzar el juicio, se exponían a recibir penas más duras de hasta 50 años y multas de hasta $17.5 millones.
En tanto, el resto de los ejecutivos que conducían la empresa acordó con la Fiscalía la suspensión del juicio en su contra a cambio de abonar multas de hasta $10 millones y realizar trabajos comunitarios. Previamente, la firma acordó resarcir a los ahorristas que los denunciaron penalmente por estafa.
Ahora las partes deben pedir la aprobación de la Justicia a los entendimientos, y por eso se fijó audiencia para el próximo viernes 2 de junio.
Caída libre
La operadora rosarina, que supo ser top ten del país, cayó a principios de 2020 empujada por el default de la agroexportadora Vicentin dejando un tendal de acreedores agropecuarios a lo que les quedó debiendo millones de pesos por granos que recibió y no pagó, y por eso tanto la corredora como la acopiadora del holding fueron a convocatoria.
Pero lo que lo llevó a sus directivos al Centro de Justifica Penal fue que al intentar frenar el default de su acopio manotearon los fondos que tenían depositados sus clientes de la agencia de Bolsa. En concreto se quedaron con 1.147.166 dólares y 6.700.000 de pesos de 155 clientes.
Fue así que tras las denuncias de los clientes y las investigaciones del MPA, que llevó adelante el fiscal Sebastián Narvaja, todo el directorio quedó imputado por estafa, administración fraudulenta y falsificación de balances, entre otros delitos económicos. Incluso, sus dos socios principales -Juan Carlos Guardati y Ángel Torti- pasaron varios días tras las rejas y quedaron en prisión domiciliaria preventiva.
A mediados del año pasado, la defensa de los empresarios aceptó resarcir a los ahorristas estafados que los denunciaron penalmente.
Gracias a ese resarcimiento, la empresa no sólo consiguió los votos de los acreedores para la aprobación de la oferta de pago concursal de la corredora de granos sino que los empresarios quedaron habilitados a pedirle a Narvaja el procedimiento abreviado para los titulares y la suspensión del juicio a prueba (probation) para el resto del directorio.
En paralelo, lleva pagado el 65% de su concurso al vender dos oficinas que tenían en las torres Nordlink (Puerto Norte) y sus acciones del mercado de futuros Matba-Rofex.
Culpables
Finalmente, y según pudo saber Rosario3, los dos titulares de la empresa aceptaron la culpabilidad a través de un procedimiento abreviado y la fiscalía solicitó una pena de prisión domiciliaria por 3 años y 8 meses de cumplimiento efectivo con multas de $5 millones, que ahora debe convalidar la Justicia.
Para el resto de los imputados del directorio, las penas fueron distintas. Según lo acordado, los imputados Natalia Susana Guardati y Alejandro Damián Giacomino, deberán realizar mil doscientas (1200) horas de trabajo comunitario y pagar una multa de $10 millones.
En tanto, Juan Martín Guardati deberá realizar la misma cantidad de horas en trabajo comunitario, pero abonar una multa de $4 millones. A la imputada Laura Marcela Torti se le fijaron mil doscientas (1200) horas de trabajo comunitario y una multa de $2 millones.
Y las imputadas Noemí Alicia Ponte y Margarita Susana Alesandrini deberán realizar cien (100) horas de trabajo comunitario y abonar una multa, por $2 millones.
"El motivo por el que la imposición de las multas como reglas de conducta a Laura Torti, Noemi Ponte y Margarita Alesandrini son menores que las de los restantes coimputados, tiene relación con que ha sido el menor grado de participación en las maniobras, sin perjuicio de haber contribuido en la formación de todas las decisiones colegiadas del directorio de la empresa", se argumenta en el texto del acuerdo al que tuvo acceso Rosario3.
"En el caso de las Sras. Ponte y Alesandrini, se ha establecido un monto significativamente menor de horas de trabajo comunitario, en atención a la situación de prisión domiciliaria a la que quedarían sujetos sus cónyuges convivientes, en caso que proceda la homologación de estos acuerdos", se agrega en el documento que se presentará el viernes.
